Categoría: Empresas

La Hora de la Regulación del Crowdfunding… siguiente fase

Siguiente fase en el trámite legislativo de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que incorpora en su Título V la regulación de modalidades de crowdfunding como el equity crowdfunding y el P2P lending. Tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno aprobaba el Proyecto de Ley que será publicado proximamente en el Boletín del Congreso de los Diputados para iniciar su fase parlamentaria.

En mi artículo publicado el pasado septiembre en la revista Alternativas Económicas me refería a los diversos elementos del citado Título V que han sido objeto de debate y revisión en la fase de anteproyecto de ley liderada por el Ministerio de Economía. Un aspecto clave ha sido la modificación del texto en lo que se refiere a la figura del inversor en plataformas de crowdfunding, habiéndose pasado de una definición unitaría de inversor a una diferenciación entre inversor acreditado e inversor no acreditado. En consecuencia estaríamos hablando de tres tipos de inversores:

Inversores acreditados empresas con activos de un millón de euros, negocio de dos millones y recursos propios de 300.000 euros, se trataría de inversores acreditados sin límite de inversión (salvo el propio del proyecto anunciado en la plataforma, que se establece en un millón de euros).

– Inversores acreditados particulares que acrediten un nivel de renta superior a los 50.000 euros anuales y un patrimonio de 100.000 euros. Como los anteriores, tendrían la consideración de profesionales sin límite de inversión.

Inversores no acreditados, por tanto no profesionales, que estarán sometidos a las limitaciones inicialmente anunciadas por el Ministerio, hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos de una misma plataforma.

Esta distinción ha sido fundamental porque el único escenario que se planteaba inicialmente era el de inversores no acreditados, lo que directamente habría afectado al impulso de estas vías de de financiación, puesto que hubieran carecido de interés para inversores profesionalizados con capacidad financiera.

Asimismo, en el texto aprobado el viernes, se esclarece la labor de supervisión a realizar por la CNMC y el Banco de España, organismo, este último, que centrará principalmente su actividad de control en las empresas que ofrezcan servicios de P2P lending.

De momento queda pendiente ver si se ampliará el máximo de inversión por proyecto, ya que en el proyecto actual es de un millón de euros, habiéndose planteado la posibilidad de ampliarlo a dos en línea con otros instrumentos de inversión ya conocidos. La fase parlamentaria en el Congreso y Senado determinará si hay nuevos cambios que mejoren el texto para consolidar más estas actividades de crowdfunding.

Por otra parte, recientes noticias relacionadas con la Ley de Mecenazgo parecen indicar que no se llegará a aprobar en esta legislatura, lo que cerraría la posibilidad de que aquellas modalidades de crowdfunding  basadas en donaciones no puedan equipararse con las actividades de mecenazgo que incorporaría dicha norma y, en consecuencia, con los beneficios fiscales que se iban a establecer.

¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las “smart cities”) y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.

Reportaje en 8TV sobre la economía colaborativa y su regulación: “Economía a l’antiga”

El pasado 22 de junio el programa Equip de Reporters de 8TV analizaba el modelo económico e implantación de diversas actividades de la economía colaborativa así como los retos normativos que conlleva frente a la regulación existente. En el reportaje participan Albert Cañigueral, responsable de ConsumoColaborativo.com y conector de OuiShare en español, Jeroen Merchiers, Director General de Airbnb España/Portugal, Laura Martínez, cofundadora de Knok, Andrea Ruani de Eatwith, diversos usuarios de plataformas colaborativas y yo mismo.

Particularmente en mi intervención hablo de la importancia de avanzar en legislaciones que den cabida a estas actividades en contra de la opinión de que se restrinjan, todo ello considerando experiencias pasadas en la regulación de nuevos negocios digitales y teniendo en cuenta la tipología de servicios que los particulares realizan, dada su diferenciación de una actividad y estructura empresarial regular. Asimismo, Albert Cañigueral incide en un aspecto clave como es el papel de la autorregulación en estas plataformas, al ser un complemento de gran eficiencia gracias al sistema de reputación y de confianza que estas incorporan, en el que los usuarios opinan y verifican la calidad del servicio.

 

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

TVE

Reportaje en Televisión Española del día 16 de junio en el que se analiza la situación en España de las actividades vinculadas a la economía colaborativa que están innovando en los patrones de consumo e intercambio de bienes y servicios entre particulares.

Hablamos de la necesidad de impulsar una regulación acorde y competitiva que permita que estas actividades estén incorporadas al marco jurídico existente.http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevas-tecnologias-crisis-disparan-alternativas-consumo-tradicional/2618520/

Liberalización del sector del taxi, tercer intento

En los últimos años se pueden destacar dos momentos en los que el Gobierno español ha intentado liberalizar el transporte discrecional de pasajeros, ámbito en el que el taxi es el servicio preponderante. Lo ocurrido esta semana con la huelga de taxistas en las principales ciudades españolas es consecuencia de un nuevo intento, aunque esta vez el elemento que lo ha desencadenado no responde a una reforma de la normativa de transporte sino al interés de nuevos negocios digitales de la economía colaborativa de poder dar servicios en España de forma competitiva, siendo el caso más paradigmático el de la empresa Uber.

En el año 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al transponer en España la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”) dirigida a la liberalización de servicios dentro de la Unión Europea quiso introducir un mayor grado de liberalización en el sector del transporte discrecional. Flexibilización del servicio que se pretendió realizar mejorando las condiciones de acceso y oferta de licencias VTC,  una tipología de servicio diferente al taxi que la LOTT define como arrendamiento de vehículo con conductor. La reacción a dicha iniciativa legislativa por parte del taxi fue importante, iniciando diversas huelgas y manifestaciones que lograron influenciar al Gobierno de tal modo que cuando se aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), la pretendida liberalización se había diluido sin lograr sus objetivos.

En el año 2012 el Gobierno actual a través de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) buscó también la forma de liberalizar el sector buscando “garantizar a los ciudadanos un servicio de taxi más moderno, profesional y con mayor calidad”, para ello se planteó un mayor equilibrio entre las licencias de taxi y las VTC. La respuesta del gremio de taxistas volvió, como la anterior ocasión, a ser muy dura con anuncios de huelga y con una manifestación en Madrid que dejó varios detenidos y daños materiales. Nuevamente, la presión surtió efecto y el Ministerio aceptó, entre otras, la  reivindicación de los taxistas en mantener los límites en la adjudicación de licencias VTC.

Como consecuencia de lo anterior, España sigue teniendo un sector de transporte discrecional de pasajeros rígido y poco liberalizado. Operar como VTC tiene notables limitaciones, por ejemplo el ratio para operar con un vehículo bajo licencia VTC está limitado a solo 1 por cada 20 taxis, situación que no es casual y que responde, como se ha dicho, a la presión del gremio del taxi. No obstante esta ha sido la opción seleccionada por Cabify para operar en España con garantías y seguridad jurídica.

Este 2014 nos encontramos con un tercer movimiento para liberalizar el sector impulsado por la economía colaborativa y el crecimiento de empresas tecnológicas que gracias a su innovación y su incorporación de modelos P2P están ofreciendo servicios de transporte cada vez más demandados por los usuarios. A lo que se añade el apoyo decidido de la Comisión Europea liderado por la Comisaria Neelie Kroes para que se amplíe la oferta de servicios de transporte en el mercado interior de la UE por la innovación, eficiencia, impacto económico y ambiental y beneficio para los ciudadanos que suponen. En pocos días han habido una huelga y manifestaciones de taxistas en el país, comunicados del Ministerio de Fomento que han generado enorme ruido en redes sociales y medios, así como la solicitud de una aclaración y reunión de dicho Ministerio a la Comisión Europea. Solicitud de aclaración que, siendo optimista, podría abrir la puerta al impulso de una regulación común que consiga lo que los dos anteriores intentos normativos no lograron. Sin embargo, por otro lado, Fomento no parece ir muy bien encaminado al rechazar comenzar un dialogo a través de la convocatoria de una mesa de negociación con los actores implicados, tal y como se indica en un artículo del periódico el País donde se apunta una declación de este este organismo público que indica: “No negociamos con las empresas. El Gobierno legisla por el interés general y no por la vía de los hechos consumados”. Es concretamente del interés general de lo que estamos hablando en este caso.

Precisamente en el Ministerio de Fomento, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, al cargo de competencias de transporte, es buen conocedor de la trascendencia y cambios que implica la aparición de actividades económicas disruptivas del ámbito de las tecnologías de la información, en su etapa anterior en el sector privado ocupó el cargo de secretario general de la empresa española de juego y ocio Codere. Sector, el del juego, que precisamente en los últimos años ha afrontado un importante replanteamiento de modelo de negocio debido a la irrupción de empresas online que innovaban respecto a la oferta de juego tradicional que venían ofreciendo empresas como Codere. Transformación sectorial que generó un gran debate y acusaciones de competencia desleal por las empresas afectadas que acabó materializándose en una nueva legislación de juego digital que, a día de hoy, da cabida a los nuevos negocios digitales y está generando que empresas vinculadas a negocios offline apuesten por negocios online. Aunque se trate de sectores diferenciados, este es un buen ejemplo de integración de actividades de lo que denominan “digital disruption”.

Compartir coche según el Ministerio de Fomento y la normativa de transporte

A propósito de la creciente demanda y notoriedad de servicios de movilidad en España basados en modelos P2P de la economía colaborativa, el Ministerio de Fomento emitía ayer una nota de prensa en la que informaba sobre la normativa de transporte discrecional de viajeros y en particular acerca del ámbito de aplicación y los regímenes de autorización y sanción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, conocida como LOTT. Comunicación que ha resultado ser lo suficientemente ambigua como para asustar a todo aquel que comparta trayectos en coche.

De la lectura de la nota del Ministerio de Fomento se entiende que hace referencia a aquellos servicios de transporte en vehículos turismo que tengan retribución económica, es decir ánimo de lucro, y no aquellos realizados por particulares con el interés de compartir gastos.

Para clarificar lo anterior, es necesario analizar el ámbito de aplicación de la LOTT, ya que es importante identificar previamente la existencia de actividad económica, o no, para determinar cómo se aplica dicha norma. Es decir, en caso de existir una finalidad lucrativa se tendría que considerar lo que establece, entre otros, su artículo 42, que indica:

“1. La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado.
…”

Fuera de dicha actividad económica, la propia norma establece una serie de exenciones en actividades de transporte que no exigen disponer de un título habilitante, como es el supuesto del transporte privado de personas que comparten gastos para la realización de determinados trayectos, supuesto en el que se encaja el modelo de actividad de plataformas tecnológicas como Blablacar en España. Concretamente los artículos 100 y siguientes de la LOTT establecen la diferenciación básica sobre qué se entiende por transporte privado particular frente a la actividad económica de transporte de viajeros, así, la norma define a los transportes privados como aquellos “dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados”. Asimismo, el artículo 101, apartado 1a, de la LOTT, define que; “En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas”

Como apuntaba al inicio, la indefinición, pretendida o no, del comunicado del Ministerio ha generado un importante ruido en medios, ya que la interpretación inicial sugería que Formento estaba haciendo referencia tanto a plataformas de ride-sharing, caso de UberPop, como aquellas de trayectos compartidos, car-pooling, que es el caso de Blablacar o Amovens. Precisamente, estas dos últimas empresas han emitido notas informativas aclaratorias sobre la viabilidad de su actividad en base a la normativa de transporte.

AmovensBlabla

 

De las diversas noticias relacionadas aparecidas en medios generalistas y económicos, destacaría el artículo publicado hoy por El Economista con el título, “Los gastos compartidos, la clave tras el aviso de Fomento: ¿qué diferencia a Uber de Blablacar?“, en el que se realiza un análisis interesante y comparativa entre los modelos Uber y Blablacar. Igualmente los blogs Consumo Colaborativo y Alt1040 han clarificado la referida nota de prensa de Fomento.

Imagen

 

Independientemente del contenido del comunicado del Ministerio, parece probable que este venga motivado por el anuncio de huelga de 24 horas de la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional del Taxi en Madrid desde las 06.00 del próximo día 11 a las 06.00 del día 12 contra lo que califican como un “intrusismo” en su actividad laboral. Medida de presión que lleva a recordar las huelgas que el sector realizó en el año 2009 cuando el Gobierno socialista pretendía una mayor liberalización del sector a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”) que transponía la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”). Presión que surtió efecto.

A pesar de su interés en aclarar donde encajan legalmente las diversas tipologías de servicios de movilidad P2P en la LOTT, al Ministerio se le presenta a día de hoy la gran oportunidad de ir más allá que simplemente indicar cuál es la normativa aplicable, ya que con ambición y con visión de interés general puede iniciar un dialogo con las partes implicadas para mejorar el modelo de transporte en España. Debate que debería considerar las nuevas tecnologías de la información como impulsoras de mejoras en la eficiencia, medio ambiente y costes de los servicios de transporte. Al fin y al cabo en el año 1987, cuando se aprobó la LOTT, las tecnologías que ahora nos facilitan una mejor movilidad eran inexistentes. Precisamente la Comisión Europea ya se ha pronunciado a favor de este tipo de planteamientos reformistas.

Revista de prensa: Debate regulatorio en torno a la economía colaborativa en España

Ingente cantidad de artículos sobre economía colaborativa (“EC”) en medios españoles en los que se habla, entre otras cuestiones, acerca de posiciones críticas y aperturistas hacía el movimiento, la oportunidad de mejora que representa, opiniones sobre su incorporación al marco normativo, críticas desde sectores económicos concurrentes, puesta en valor de la eficiencia e impacto ecológico que genera… Publicaciones de las que se pueden extraer, entre otras, dos ideas interesantes, en primer lugar la actualidad y dimensión de este movimiento en España y la cobertura mediatica resultante, y en segundo lugar, el debate sobre las cuestiones regulatorias que le afectan.

De lo publicado recientemente, listo y comento los siguientes artículos:

1. El 21 de mayo la sección de tecnología de El Confidencial publicada una entrevista a Pierre-Dimitri Gore-Coty, mánager de Uber para Europa Occidental y del Norte quien incidía en aspectos diveros de la innovación en movilidad de la EC como; la mejora de los servicios de transporte que empresas como Uber aportan, los motivos por los que se ha decidido comenzar su lanzamiento en España en la ciudad de Barcelona, el componente tecnológico y experiencia de usuario como elementos claves para el éxito del modelo ride-sharing y las razones y previsible desenlace de la posición proteccionista del sector del taxi.

Teknautas

2. El 23 de mayo el profesor del IE School y especialista del mundo digital, Enrique Dans, referenciaba en su blog la columna que días antes había escrito para Expansión sobre la economía colaborativa. Texto en el que Dans remarca un elemento determinante de la EC, como es la mejora que a nivel general los usuarios obtienen a través de servicios P2P, algo que es fundamental a la hora de considerar su encaje en el marco regulatorio existente y que debe ser tenido muy en cuenta tanto por las empresas que actualmente los rechazan como por los legisladores que deban definir donde y como incorporarlos al sistema. Copio seguidamente el artículo:

Sharing economy y paradojas - Expansión (pdf)

3. El 25 de mayo el periodista Javier Mohedano apuntaba en un video y artículo en el diario El Mundo algunos de los riesgos relacionados con la EC incluyendo, a su vez, declaraciones de actores diversos implicados en esta, entre los que me incluyo. Posiciones encontradas entre las que destacan algunas realizadas por críticos, como, una supuesta ausencia de control de las actividades P2P, cuando precisamente los entornos digitales tienen un elevado grado de trazabilidad, y un pretendido interés en que la normativa vigente se aplique sin diferenciación a los market place, todo ello a pesar de que, en el caso de los servicios de alojamiento entre particulares citados en el artículo, existan diferencias claras entre una plataforma P2P de alojamientos y una empresa hotelera por ejemplo.

El Mundo

4. El mismo 25 de mayo Eldiario.es analizaba en  detalle la conflictividad que se está generando entre modelos disruptivos basados en una innovación tecnológica y aquellos sectores empresariales tradicionales con semejanzas. Junto con la reciente noticia sobre la declaración de la Comisión Europea sobre su rechazo a prohibir actividades de ride-sharing o car-pooling, el artículo incide en cuestiones de importancia en el proceso de consolidación de las actividades P2P, como la escala económica del movimiento colaborativo, la experiencia de los usuarios y el beneficio ambiental que implican por la reducción de emisiones relacionadas con la racionalización del transporte. Asimismo el artículo citaba a expertos como Albert Cañigueral o el economista Miguel Puente quienes delimtiaban un concepto interesante como es la “inteligencia social”, caracterizada por la eficiencia y rapidez que supone la interacción social e intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos en detrimento de la capacidad de las grandes instituciones, sean públicas o privadas, de lograr una interacción similar con los individuos.

Eldiario.es

5. El 1 de junio en la sección de economía de ABC se analiza en un interesante artículo el nuevo escenario que supone para algunos sectores económicos la expansión de la EC, para ello se cita la declaración antes apuntada de la Comisión Europea sobre nuevos servicios de transporte discrecional de pasajeros valorándose asimismo la consolidación social y económica de los nuevos modelos de movilidad y crowdfunding, todo ello considerando las denuncias por competencia desleal a empresas de transporte P2P y el proyecto de regulación de financiación alternativa liderado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cabe subrayar la conclusión final del artículo, que copio seguidamente:

“En cualquier caso, parece que estos ejemplos constituyen la constatación definitiva de que todas las aristas de la economía colaborativa se encaminan a su regulación. Eso trae implícito que pueda perdurar con garantías en el tiempo y que las industrias tradicionales tengan que adaptarse y competir con ellas.”

ABC

Como apuntaba al inicio, estos artículos dan cuenta del fortalecimiento que la EC está alcanzando en España. Lo que, en mi opinión, no puede calificarse como una tendencia de moda más del mundo digital.