Categoría: Peers/Usuarios

Laboralidad en plataformas de servicios P2P

El reconocimiento de relaciones jurídico laborales entre los usuarios que prestan servicios con ánimo de lucro en plataformas P2P y las empresas titulares de estas últimas se ha convertido en uno de los grandes debates de la economía colaborativa, llegando incluso a ser planteado como el tema clave que condicionará la viabilidad futura de los modelos colaborativos u on-demand.

Las normas sectoriales de la actividad en la que se mueva una plataforma son un elemento importante para entrar en la discusión sobre laboralidad, este es el caso de los servicios de transporte o de micro-tareas. Particularmente, Uber, se le quiera o no en el espectro de la economía colaborativa, está siendo la punta de lanza procesal en materia laboral sin ello suponer que otras tantas plataformas de servicios sean ajenas a esta cuestión. De hecho, en los últimos meses, plataformas colaborativas en Estados Unidos como Instacart, Shyp o Kitchensurfing han tomado la iniciativa de pasar a régimen laboral a algunos de sus usuarios quienes hasta el momento eran independientes.

Así, en el caso de Uber, durante los últimos meses hemos conocido una resolución judicial de un Tribunal californiano que reconocía la relación de laboralidad de una conductora con la empresa, y en España, el área de Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña también identificaba una relación de dependencia en un informe (que me conste no público) sobre Uber Pop. Ambos casos parecen que han sido determinantes para que se hable sin matices de que los conductores que operan en la plataforma son empleados de Uber.

No obstante lo anterior, y sin ánimo de mostrar una visión que defienda la mercantilidad en detrimento de la laboralidad y de sus derechos asociados, es importante aclarar que en Estados Unidos no ha habido una única resolución sobre este tema, otros tribunales, 5 en concreto, han dado la razón a Uber respecto a la relación con sus conductores. Asimismo, el Gobierno belga informaba hace unos días que tras un estudio de la operativa de esta plataforma no consideran la existencia de un vínculo laboral.

La determinación de la existencia de una relación de dependencia suele hacerse, sin querer entrar en una análisis doctrinal, en base a la concurrencia de una serie de factores, algo así como el ir sumando puntos hasta llegar al nivel exigido para que exista un contrato por cuenta ajena. Por ejemplo en Estados Unidos existe un test de factores para la determinación de una relación mercantil o laboral, el llamado IRS 20 Factor Test, en el que para identificar el vínculo empleado/empleador se analizan, por ejemplo, si hay una relación continuada, exigencia de dedicación plena o el proveer herramientas de trabajo y materiales. Sistema que, según diversos expertos, está anticuado para ser aplicado en este tipo de actividades por medios digitales.

La suma de factores es habitual encontrarla también en jurisdicciones como la española al ser aplicado por los Juzgados de lo Social, siendo la nota de dependencia el factor más relevante. Esta es definitoria para que se entienda qué es una relación mercantil de prestación de servicios donde la persona opera por cuenta propia, a su riesgo y ventura. Algunas de las notas propias de la dependencia son; la asistencia regular a un lugar designado por el empresario, el determinar una jornada laboral así como de un horario, uniforme de la empresa, fijar el período de vacaciones o delimitar y asignar zonas de actividad. Factores que analizando por ejemplo la operativa Uber Pop, no concurren.

Igualmente en España nos podemos encontrar con la figura del TRADE, trabajador autónomo económicamente dependiente, que no supone trabajar por cuenta ajena pero que prevé una serie de derechos adicionales como consecuencia de que el profesional que contrata con la empresa genere al menos un 75% de sus ingresos a partir de esa relación. Situación que es previsible vaya a darse en bastantes casos de personas que generen ingresos a través de plataformas P2P, ya que, entre otros motivos, acabará habiendo empresas líderes que concentren gran parte del volumen de oferta para conseguir ingresos.

La ausencia de laboralidad forma parte del posicionamiento de las plataformas como meros intermediarios no responsables de la actividad que facilitan entre sus usuarios. Justificación que por el momento se ampara en la normativa de sociedad de la información y comercio electrónico y que, en mi opinión, en un futuro no muy lejano será replanteada. La razón, por un lado, al trabajo de la Comisión Europea en la estrategia de Mercado Único Digital, donde se prevé una nueva regulación de las plataformas, y por otro, la necesidad de algunos marketplaces en implicarse más en la actividad de sus usuarios, dándoles más servicios, garantías o, directamente, contratándolos, tal y como apuntaba anteriormente.

Los nuevos modelos colaborativos y P2P están mostrando que determinada legislación no encaja exactamente en las actividades que engloban, el caso de la normativa laboral es también aplicable, ya que en muchos casos nos encontramos ante nuevas formas de trabajo donde incluso los usuarios que las realizan evitan la dependencia y vinculación de un trabajo clásico. Toda una transición del sistema que hemos venido conociendo que también se plantea de forma general en otros ámbitos de la economía digital.

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Memes y política colaborativa

Si hace unos días diversos medios informaban sobre la intención de la Generalitat de avanzar en la regulación de la economía colaborativa, resulta que parte de la innovación y tecnologías que varios partidos han incorporado en sus campañas y programas políticos en estas elecciones encajan en los modelos abiertos y peer-to-peer (P2P) de este movimiento social y económico en el que Catalunya es una referencia. Elementos como la descentralización de las estructuras de un partido político o el empoderamiento ciudadano, son característicos de esta tendencia colaborativa que está en proceso de expansión.Al analizar el programa de Barcelona en Comú podemos identificar ideas inspiradas en la P2P Foundation liderada por el pensador belga, Michael Bauwens, organización clave en la exploración de nuevos modelos de gobernanza colaborativa y horizontal en todo el mundo. A propósito de la votación del pasado domingo, Bauwens declaraba en Al Jazeera que la democracia basada en elecciones acabará combinándose con nuevas formas de participación ciudadana más abiertas e independientes. Considerando tales planteamientos, en el caso de Ahora Madrid, uno de sus nuevos concejales es Pablo Soto, referencia en España del P2P absuelto tras ser demandado por Promusicae y las principales discográficas en el año 2008.

Barcelona en Comú y Ahora Madrid se han apoyado, y apoyarán, en plataformas digitales para, por un lado, canalizar parte de su financiación vía ‘crowdfunding’, y por otro, deliberar con los ciudadanos bajo un formato participativo “agregador” sobre su programa político y la forma de ejecutar políticas públicas que les afecten. Aspecto, este último, alineado con lo que se realiza actualmente en ciudades como Reykjavik, donde los vecinos colaboran en diseñar, votar y tomar decisiones sobre políticas locales.

Aunque el uso de Internet como mecanismo de comunicación política está normalizado, su utilización como mero canal unidireccional de información ha avanzado a un estadio diferente en el momento actual. El ecosistema digital es una herramienta real de acción ciudadana que permite a una persona operar autonomamente como agente económico o como un influyente activista político, lo que va más allá de la mera movilización de bases. Un partido como Ahora Madrid ha descentralizado y dado autonomía a los usuarios que querían informar o desplegar esta candidatura, por lo que el lema “tú eres la campaña” parece que en este caso no ha sido un eslogan vacío de contenido. Participación a la que se suma la campaña de imagen llevada a cabo por los propios internautas para convertir a Manuela Carmena no solo en una candidata pop como lo fue Obama en su primera campaña presidencial, sino en un icono de la cultura ‘gif’ y ‘meme’ que, a través de un variado grafismo digital, implican la repetición y la remezcla caótica y libre de elementos del imaginario popular por parte de sus simpatizantes.

A las estrategias de comunicación y participación ciudadana se unen elementos de los programas de ambas coaliciones que proponen estructuras cooperativas de ámbito local, dinamización de servicios de transporte público compartido o sistemas de pago alternativos, hace unos días Ada Colau planteaba la idea de una moneda local similar a la de ciudades como Bristol en Reino Unido.

Curiosamente durante el mandato de Xavier Trias a Barcelona se la ha llegado a denominar “ciudad colaborativa” al consolidarse iniciativas basadas en modelos cooperativos y P2P como por ejemplo la red barcelonesa de FabLabs para la producción con impresoras 3D, una especie de ateneos de barrio de la cultura maker. Ahora CiU ha anunciado que su programa para las próximas elecciones catalanas será diseñado de abajo a arriba, por lo que quizá en dicha campaña podamos ver carteles de CiU con un meme de Julio Iglesias diciendo, “Yo voto a Artur y lo sabes”.

Este artículo fue publicado en El Periódico de Cataluña el 28 de mayo de 2015

5 aspectos legales relevantes en plataformas P2P

Cada modelo de actividad de plataformas P2P y marketplaces debe ser analizado desde muy diferentes ámbitos, los servicios de transporte, alojamientos, comercio electrónico o la restauración tienen legislaciones sectoriales específicas que lógicamente poco tienen que ver entre ellas. Sin embargo, dando asesoramiento a diversas start-ups que están desarrollando este tipo de plataformas, he identificado una serie de elementos comunes que con mayor o menor nivel de complejidad exigen ser bien definidos en los términos y condiciones de Apps y sitios Web de las empresas. En este post describo algunos:

Régimen de responsabilidad de la plataforma: Un aspecto en el que se incide especialmente es en reforzar el posicionamiento de la plataforma como no responsable de la actividad que sus usuarios realizan entre si dentro de dicha plataforma. Para ello se tiende a definir la posición de la empresa del modo siguiente:

“Es una plataforma tecnológica que de conformidad con Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico opera como prestador de servicios de la sociedad de la información.”

Entrar en la definición anterior precisamente refuerza esa idea de mero prestador de servicios (“portal informativo”) donde no se responde de la actividad de los peers a no ser que se haya informado previamente a la plataforma de una mala práctica conforme a los Términos y Condiciones de la empresa o una conducta ilícita.

No obstante pretender entrar por defecto en esa definición no es tan sencillo, especialmente cuando la plataforma tiene un mayor grado de dirección de la actividad. Igualmente la legislación, dependiendo del sector económico en el que opere la plataforma, también define a veces la figura de los intermediarios que pueden estar sometidos a un sistema de autorización previa o licencias que podrían ser exigidos a estas empresas.

Transacciones: La operativa de pagos de la plataforma puede ser también un tema complejo en el que esta deba asumir un mayor número de obligaciones en caso de que opere como pasarela de pagos. Para ello es importante prever un sistema de pagos adecuado para coordinar las transacciones donde se debe considerar por una parte, un proceso de devoluciones en el que la empresa no deba asumir cargos extra y por otra parte, observar la fiscalidad aplicable a los servicios objeto de transacción. Esto último es referido a las comisiones que obtiene la plataforma y a las obligaciones fiscales relativas a las transacciones entre peers, las que, en principio, son ajenas a la empresa que intermedia pero que, en mi opinión, es positivo el que se facilite información sobre la forma de cumplir con esa tributación. Un sistema interesante para simpificar lo anterior es usar proveedores B2B como Mango Pay para gestionar todos los pagos dentro de la plataforma que permiten que esta última reciba como único pago las comisiones que le corresponden.

– Relaciones jurídico-laborales: Otro aspecto relacionado con el régimen de responsabilidad antes descrito es el interés de desvincular la posición del intermediario respecto a la dirección de las tareas que desempeñen los usuarios. El determinar, fiscalizar y limitar en exceso la forma en que un usuario puede operar en la plataforma, por ejemplo determinando precios o servicios mínimos a prestar, así como la recurrencia con la que este opere puede aumentar los fundamentos para entender que existe una potencial vinculación laboral y no meramente mercantil. Este, precisamente, es un elemento capital para las plataformas que facilitan la oferta de servicios por particulares o profesionales a terceros interesados.

– Sistema de resolución de controversias: Aunque no obligado, la posición de la plataforma le permite poder mediar en aquellos problemas surgidos en la actividad entre peers y así incrementar la calidad del servicio. Por ello es habitual poder diseñar un procedimiento opcional para los usuarios a fin de que la plataforma ayude a proponer una solución a un conflicto. Dicho sistema se describe normalmente subrayando a los usuarios que, por un lado, es accesorio a sistemas ordinarios de resolución de controversias (sistemas de arbitraje de consumo o procedimientos ante tribunales) y, por otro, que la propuesta de solución de la plataforma a los usuarios es opcional para las partes y no vinculate.

– Protección de datos: Los temas de privacidad son recurrentes en cualquier negocio online sin embargo en el ámbito colaborativo/P2P se hace necesario también un acceso a los datos de usuarios por otros usuarios para que los servicios y/o transacciones se completen adecuadamente. Aunque se trata de un acceso por terceros necesario para lograr completar la finalidad por la que la plataforma recabo los datos personales del usuario, es importante regularlo en las políticas de privacidad de esta.

Junto con los anteriores existen otros aspectos relevantes que suelen ser objeto de análisis, por ejemplo; el encaje de la legislación de consumidores o si es posible el uso de sistemas como “Confianza Online“, el que las empresas se planteen contratar pólizas de seguro para reforzar la calidad y confianza de su mercado, el buscar una jurisdicción competitiva desde la que operar alternativa a la española o el diseño de una adecuada política de cancelaciones, especialmente en el ámbito de alquiler de espacios o intercambio de alojamientos.

La Economía Híbrida en el libro, Vivir Mejor con Menos

En 2013 tuve mi primer acercamiento a la economía colaborativa (EC) como consecuencia de un proyecto profesional en el que me involucré. Sin duda resultó un revulsivo por motivos tanto personales, conocer nuevos modelos para mejorar nuestro entorno, como profesionales, las implicaciones regulatorias y de política pública que estas actividades digitales tienen mucho que ver con mi trabajo.

Con el interés de saber más sobre estas actividades económicas asistí a un evento en Madrid donde contacté con Albert Cañigueral, creador del portal ConsumoColaborativo.com, quien participaba hablando de la EC. De dicho contacto tuve la suerte de conocer tanto a Albert como a muchos expertos en este ámbito de la comunidad OuiShare con la que acabé vinculandome.

Lo anterior es un resumen breve de mi experiencia y trayectoria en todo este entorno. Y precisamente de eso va un poco el libro “Vivir mejor con menos” publicado por Albert a finales de 2014 con la editorial de Random House Mondadori, Conecta, de cuyo título no soy fan 100% ya que corre el riesgo de que algún librero despistado lo sitúe en una sección de libros de auto-ayuda con la consecuente pérdida de lectores interesados en muchos temas que abarca como economía, ciudadanía, innovación y sociedad de la información. Como decía, el libro comienza con la propia experiencia personal de Albert a lo largo de diversos años y  como llega a incorporar en su día a día la EC y los planteamientos de la cultura de bienes y conocimiento libre y abierto. Dicha contextualización personal es un punto útil de inicio para explicar de forma práctica y sencilla de que va todo este movimiento con datos, nombres de empresas, descripción de las actividades que engloba… es decir una explicación práctica y cercana para entender de que va la economía del compartir y de la colaboración.

En “Vivir mejor con menos”, Albert explica que la EC representa un cambio hacia una economía híbrida, “en parte capitalista y en parte colaborativa donde los dos sistemas económicos a menudo trabajan juntos y a veces compiten”. Un planteamiento  constructivo y realista de la proyección de este modelo económico cuyas novedades conceptuales se contraponen a la economía y modelos de consumo que hemos vivido los últimos 50 años, algo que explica bien el siguiente esquema incluido en el libro:

Yo———————————-Nosotros
Propiedad————————–Acceso
Global——————————-Local
Centralización———————-Distribución
Competición————————Colaboración
Compañía—————————Personas
Consumidor————————-Productor
Publicidad—————————-Comunidad
Crédito——————————Reputación
Dinero——————————-Valor
B2B———————————–P2P
             Hiperconsumo——————–Economía Colaborativa

Junto con lo anterior el libro resalta aspectos que creo fundamentales de esta tendencia al analizarse los beneficios ambientales y de interacción social que la EC ayuda a potenciar, elementos que resultarán determinantes para que los poderes públicos pongan en valor la oportunidad que los modelos colaborativos y P2P pueden tener para la sociedad.

Desde su publicación el libro ha tenido reseñas diversas y una amplia difusión, a lo que se suma que ya está accesible libre y online bajo licencia Creative Commons.

En resumen, “Vivir mejor con menos” es la primera obra editorial de referencia sobre la EC en español, algo que venía haciendo falta. SEGUIMOS!

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Cursos sobre la economía colaborativa con Foxize y OuiShare

El próximo martes 20 comenzamos con Albert Cañigueral una serie de jornadas analizando la economía colaborativa  en Barcelona gracias a Foxize y Ouishare Academy.

En esta primera master class en el espacio MOB de Barcelona se expondrán las claves y retos de la economía colaborativa desde ámbitos como el consumo, la fabricación digital, el conocimiento abierto y las finanzas P2P. Igualmente en el curso se buscará debatir sobre las implicaciones económicas, culturales y legales que estos modelos basados en las nuevas tecnologías tienen considerando su innovación radical y social.

La primera jornada continuará con otros tres cursos impartidos por Ana Manzanedo, Javier Creus y Cristobal García, expertos en comunicación y consultoría digital, los que conformarán el programa completo: Economía Colaborativa: Qué es y cómo crear tu propia plataforma. Formación de interés para personas como perfiles diversos entre los que incluiría a muchos profesionales que están desarrollando “start up” vinculadas a modelos colaborativos y P2P. Precisamente el pasado diciembre el diarion Expansión publicaba un artículo en el que analizaba este fenómeno empresarial donde se apuntaba que alrededor de 300 empresas de nueva creación en España quieren competir para ser el nuevo Airbnb.

Para más información se puede contactar a Foxize a través de este email, alumno@foxize.com

San Francisco regula el alojamiento temporal P2P

La ciudad de San Francisco se ha posicionado recientemente hacia un nuevo planteamiento en la regulación de la economía colaborativa y las actividades P2P que representa. El gobierno de San Francisco ha establecido por primera vez el marco normativo que deberán cumplir aquellas personas que alquilen sus primeras viviendas a través de plataformas tecnológicas P2P.

La norma, que entrará en vigor a partir de febrero de 2015, exigirá diversas obligaciones a los oferentes de habitaciones o viviendas completas para uso turístico. Decisión con transcendencia teniendo en cuenta que es el lugar donde AirBnb comenzó su actividad y tiene su sede. Entre las obligaciones a obsevar destacan:

  1. Registro de viviendas, en donde los arrendadores deberán inscribir los inmuebles que oferten abonando, a su vez, una tasa administrativa.
  2. Tener residencia permanente en la ciudad y vivir en el domicilio ofertado desde al menos 275 días.
  3. Límite de alquiler de un máximo de 90 noches al año.
  4. Contratación de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de más de medio millón de $.
  5. Obligaciones fiscales. Los arrendadores deberán abonar los mismos tributos que hoteles y alojamientos turísticos. Siendo la plataforma tecnológica la que se encargará de recaudar dichos impuestos, en principio la tasa hotelera aplicable, e ingresarlos en nombre de estos ante las autoridades tributarias competentes.
  6. Régimen sancionador específico que podría alcanzar, dependiendo de las circunstancias, hasta los 1.000 $ diarios al arrendador. Al mismo tiempo se incorpora un procedimiento administrativo para que las comunidades de propietarios denuncien y puedan paralizar actividades que incumplan lo anterior.
  7. Precios, en el caso de que los oferentes de la vivienda no sean propietarios y, por tanto, subarrienden, estos no podrán cobrar más de lo que estén pagando de renta al propietario de la vivienda.

Veamos como se aplica la nueva normativa y como se controla la actividad de los anfitriones, según Business Insider ahora la atención se centra en Nueva York donde se está tramitando una nueva legislación en este sentido y donde el mercado de alquiler temporal entre particulares es enorme.

Igualmente, la iniciativa de regular esta vertical P2P desde el ámbito local plantea preguntas sobre cuál es el nivel legislativo de toma de decisiones más adecuado para regular la economía colaborativa. Regular localmente es complejo y en cierto modo antieconómico, ya que las empresas (que operan en un entorno digital) deberían adaptarse no solo a legislación de cada país sino de cada ciudad, sin embargo las autoridades locales son en muchos casos las que entienden mejor la forma de regular e incorporar estas actividades a sus ciudades y, a su vez, las que constatan más de cerca su valor estratégico económico-social (“There are many people who absolutely rely on the income that they derive from these hosted rentals to make it in San Francisco,” indicaba uno de los cargos públicos que han negociado la norma). Sin perjuicio de que estas actividades generen problemas que deban resolverse, es importante considerar que también pueden ser un instrumento para ayudar a fortalecer las acciones de mejora de calidad de vida de las ciudades, el documento “Policies for shareable cities” de la organización Shareable incide en ello.

[Foto de San Francisco by Samuel Wantman via Creative Commons]

Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional

El portal Idealista ha impulsado un breve reportaje en el que, con el título “Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional”, se analiza la situación y el actual marco jurídico del alquiler vacacional en España. Servicios de alojamiento que, tras la modificación de la LAU en 2013, es competencia de las CCAA establecer su regulación y, tal y como está ocurriendo en diversas regiones, el limitar la actividad.

El reportaje analiza las acciones de influencia que el sector hotelero está realizando a diversos niveles, tanto en medios de comunicación como a nivel institucional para proteger su mercado de este tipo de alojamientos entre particulares.

En este se entrevistan a personas de diferentes perfiles, tanto representantes del sector público como propietarios de inmuebles y empresarios. A modo de ejemplo, se entrevista a Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y fundador de Friendly Rentals, quien hace mención delas barreras de entrada que se están creando a través de dificiles trámites burocráticos y requerimientos técnicos para poder alquilar viviendas de forma temporal. Adolfo Mesquita, Secretario de Estado de Turismo de Portugal hace hincapié en un aspecto fundamental, como es que resolver la regulación de los apartamentos vacacionales a través de prohibiciones resulta completamente inútil y poco efectivo, siendo la opción elegida por el Gobierno portugues la de permitir que la oferta se amplíe y disponga de varios tipos de servicios regulados. Planteamiento que incide especialmente en favorecer la reducción de la economía sumergida resultante de la prohibición de estos servicios de alojamientos. Igualmente, Luis Tamayo, conector de OuiShare en España, habla sobre la dimensión que están alcanzando los servicios prestados entre particulares a través de plataformas digitales y sobre el efecto que ello está teniendo en sectores empresariales tradicionales y la sociedad.

Un reportaje de interés que ayuda a exponer de forma constructiva la necesidad de que el ordenamiento jurídico de cabida a aquellos servicios demandados por los ciudadanos.