Categoría: Peers/Usuarios

La OCU pregunta sobre movilidad colaborativa

OCU Consumity

Desde el 21 de agosto en el sitio Web de la Organización de Consumidores y Usuarios se puede votar a favor o en contra de la legalidad de determinadas actividades de movilidad P2P en España. En este caso se realizan dos preguntas a los usuarios, una en relación con los servicios que ofrecen empresas como Blablacar en las que los usuarios comparten gastos en sus viajes, y la otra sobre aquellos servicios que ofrece Uber en el ámbito de la ciudad de Barcelona para contactar vehículos con chofer.

Veamos que resultado final tiene la consulta, de momento, con más de 25.000 votaciones, la opinión mayoritaria de los usuarios es que ambos tipos de servicios SÍ deben poder realizarse en España.

http://www.ocuconsumity.com/tu-opinion/uber-blablacar/

¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las “smart cities”) y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.

Reportaje en 8TV sobre la economía colaborativa y su regulación: “Economía a l’antiga”

El pasado 22 de junio el programa Equip de Reporters de 8TV analizaba el modelo económico e implantación de diversas actividades de la economía colaborativa así como los retos normativos que conlleva frente a la regulación existente. En el reportaje participan Albert Cañigueral, responsable de ConsumoColaborativo.com y conector de OuiShare en español, Jeroen Merchiers, Director General de Airbnb España/Portugal, Laura Martínez, cofundadora de Knok, Andrea Ruani de Eatwith, diversos usuarios de plataformas colaborativas y yo mismo.

Particularmente en mi intervención hablo de la importancia de avanzar en legislaciones que den cabida a estas actividades en contra de la opinión de que se restrinjan, todo ello considerando experiencias pasadas en la regulación de nuevos negocios digitales y teniendo en cuenta la tipología de servicios que los particulares realizan, dada su diferenciación de una actividad y estructura empresarial regular. Asimismo, Albert Cañigueral incide en un aspecto clave como es el papel de la autorregulación en estas plataformas, al ser un complemento de gran eficiencia gracias al sistema de reputación y de confianza que estas incorporan, en el que los usuarios opinan y verifican la calidad del servicio.

 

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

TVE

Reportaje en Televisión Española del día 16 de junio en el que se analiza la situación en España de las actividades vinculadas a la economía colaborativa que están innovando en los patrones de consumo e intercambio de bienes y servicios entre particulares.

Hablamos de la necesidad de impulsar una regulación acorde y competitiva que permita que estas actividades estén incorporadas al marco jurídico existente.http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevas-tecnologias-crisis-disparan-alternativas-consumo-tradicional/2618520/

Compartir coche según el Ministerio de Fomento y la normativa de transporte

A propósito de la creciente demanda y notoriedad de servicios de movilidad en España basados en modelos P2P de la economía colaborativa, el Ministerio de Fomento emitía ayer una nota de prensa en la que informaba sobre la normativa de transporte discrecional de viajeros y en particular acerca del ámbito de aplicación y los regímenes de autorización y sanción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, conocida como LOTT. Comunicación que ha resultado ser lo suficientemente ambigua como para asustar a todo aquel que comparta trayectos en coche.

De la lectura de la nota del Ministerio de Fomento se entiende que hace referencia a aquellos servicios de transporte en vehículos turismo que tengan retribución económica, es decir ánimo de lucro, y no aquellos realizados por particulares con el interés de compartir gastos.

Para clarificar lo anterior, es necesario analizar el ámbito de aplicación de la LOTT, ya que es importante identificar previamente la existencia de actividad económica, o no, para determinar cómo se aplica dicha norma. Es decir, en caso de existir una finalidad lucrativa se tendría que considerar lo que establece, entre otros, su artículo 42, que indica:

“1. La realización de transporte público de viajeros y mercancías estará supeditada a la posesión de una autorización que habilite para ello, expedida por el órgano competente de la Administración General del Estado o, en su caso, por el de aquella Comunidad Autónoma en que se domicilie dicha autorización, cuando esta facultad le haya sido delegada por el Estado.
…”

Fuera de dicha actividad económica, la propia norma establece una serie de exenciones en actividades de transporte que no exigen disponer de un título habilitante, como es el supuesto del transporte privado de personas que comparten gastos para la realización de determinados trayectos, supuesto en el que se encaja el modelo de actividad de plataformas tecnológicas como Blablacar en España. Concretamente los artículos 100 y siguientes de la LOTT establecen la diferenciación básica sobre qué se entiende por transporte privado particular frente a la actividad económica de transporte de viajeros, así, la norma define a los transportes privados como aquellos “dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados”. Asimismo, el artículo 101, apartado 1a, de la LOTT, define que; “En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas”

Como apuntaba al inicio, la indefinición, pretendida o no, del comunicado del Ministerio ha generado un importante ruido en medios, ya que la interpretación inicial sugería que Formento estaba haciendo referencia tanto a plataformas de ride-sharing, caso de UberPop, como aquellas de trayectos compartidos, car-pooling, que es el caso de Blablacar o Amovens. Precisamente, estas dos últimas empresas han emitido notas informativas aclaratorias sobre la viabilidad de su actividad en base a la normativa de transporte.

AmovensBlabla

 

De las diversas noticias relacionadas aparecidas en medios generalistas y económicos, destacaría el artículo publicado hoy por El Economista con el título, “Los gastos compartidos, la clave tras el aviso de Fomento: ¿qué diferencia a Uber de Blablacar?“, en el que se realiza un análisis interesante y comparativa entre los modelos Uber y Blablacar. Igualmente los blogs Consumo Colaborativo y Alt1040 han clarificado la referida nota de prensa de Fomento.

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Independientemente del contenido del comunicado del Ministerio, parece probable que este venga motivado por el anuncio de huelga de 24 horas de la Asociación Gremial de Auto Taxi y la Federación Profesional del Taxi en Madrid desde las 06.00 del próximo día 11 a las 06.00 del día 12 contra lo que califican como un “intrusismo” en su actividad laboral. Medida de presión que lleva a recordar las huelgas que el sector realizó en el año 2009 cuando el Gobierno socialista pretendía una mayor liberalización del sector a través de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”) que transponía la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”). Presión que surtió efecto.

A pesar de su interés en aclarar donde encajan legalmente las diversas tipologías de servicios de movilidad P2P en la LOTT, al Ministerio se le presenta a día de hoy la gran oportunidad de ir más allá que simplemente indicar cuál es la normativa aplicable, ya que con ambición y con visión de interés general puede iniciar un dialogo con las partes implicadas para mejorar el modelo de transporte en España. Debate que debería considerar las nuevas tecnologías de la información como impulsoras de mejoras en la eficiencia, medio ambiente y costes de los servicios de transporte. Al fin y al cabo en el año 1987, cuando se aprobó la LOTT, las tecnologías que ahora nos facilitan una mejor movilidad eran inexistentes. Precisamente la Comisión Europea ya se ha pronunciado a favor de este tipo de planteamientos reformistas.

6 Retos Legales para la Economía Colaborativa

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Algunos segmentos de actividad que abarca la economía colaborativa (EC) están afrontando en España dificultades para consolidar sus servicios en esta jurisdicción, lo que podría implicar potenciales riesgos como una posible prohibición o la aprobación de regulaciones rígidas y restrictivas que los lleve directamente a la inviabilidad. El surgimiento de estos conflictos no parece estar planteándose por el momento desde una lógica de encaje normativo e interés público sino más bien como consecuencia de las exigencias de sectores concretos que ven un impacto negativo en sus cuotas de mercado.

Junto a lo anterior, debido a la innovación tecnológica y de consumo que implican las diversas actividades P2P de la EC, concurren retos jurídicos concretos que deben ser evaluados por parte de las empresas, usuarios y, sin duda, por los poderes públicos para poder dinamizar e incorporar este movimiento a nuestro entorno. De dichos retos o problemas dan cuenta dos artículos publicados en sitios Web anglosajones como el Boston Law Journal y Lexology, mostrando ambos textos que los aspectos legales por clarificar son concurrentes en jurisdicciones varias como la española. Como en otras actividades económicas, las cuestiones normativas son múltiples, seguidamente hago un breve resumen de 6 de estas:

1. Consumidores y usuarios: el intercambio de bienes y servicios en plataformas P2P supone un cambio en el esquema actual de la normativa de consumidores y usuarios, circunstancia que no significa que este tipo de actividades impliquen una falta de seguridad y de protección del consumidor. La EC innova en esta materia por dos razones; en primer lugar porque la figura del consumidor cambia, ya que esta se refuerza pasando de ser una figura receptora de forma unilateral de bienes y servicios a ser consumidor y productor de bienes y servicios al mismo tiempo, lo que llamamos “peer”. Asimismo, en segundo lugar, la normativa de consumidores se complementa con la reputación, es decir, los requerimientos y garantías en materia de consumidores son completados por la reputación que el peer obtiene en las plataformas donde opera, la que funciona como garante de la calidad del servicio, es decir, si el usuario opera con malas prácticas sale del sistema, lo que representa la mayor sanción posible en un entorno de confianza. Ante las voces que alegan la falta de garantías de los servicios P2P habría que valorar por qué estos servicios están mostrando una cada vez mayor demanda y un crecimiento continuado.

Recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado unas interesantes recomendaciones sobre el consumo de bienes y servicios a través de plataformas de la EC,  en estas se plantea la necesidad de favorecer el desarrollo de estos modelos de actividad garantizando a su vez los derechos de los consumidores. Destacable es que se subraye la necesidad de buscar vías de coexistencia entre modelos de consumo clásicos y colaborativos.

Ocu

2. Fiscalidad: la realización de una actividad económica debe cumplir con las obligaciones en materia tributaria que les sea de aplicación. La EC tiene en este ámbito uno de sus mayores retos, circunstancia que está sirviendo de crítica por parte de sectores empresariales tradicionales. A nivel fiscal encontramos dos niveles en este movimiento; las empresas que actúan como plataformas sometidas a la fiscalidad que sea de aplicación a cualquier compañía en base al impuesto de sociedades y demás tributos aplicables y; en un segundo nivel, la fiscalidad aplicable a la actividad realizada por los usuarios. Esta última es una cuestión clave ya que son los usuarios quienes, dependiendo del tipo y volumen de actividad que realizan deberán tributar por IVA, IRPF, tasas aplicables e, incluso, impuesto de sociedades. En ocasiones se apunta a las empresas como responsables del incumplimiento de este segundo nivel relacionado con los peers y su actividad, algo erróneo si consideramos que las plataformas operan como intermediarios que instrumentalizan la puesta en contacto de personas para que puedan realizar transacciones, por lo que no pueden, ni deben, ser responsables del cumplimiento de obligaciones de esas personas que las utilizan. A pesar que en ocasiones son los propios usuarios quienes omitan voluntariamente el deber de liquidar los impuestos, es manifiesta la rigidez y complejidad de la normativa tributaria en el ámbito de la micro-emprendeduría y del micro-empleo, figuras que por su definición acostumbran a concurrir con la actividad que realizan la mayor parte de los peers y que a nivel tributario no están bien desarrolladas. Un ejemplo de esa complejidad y lejanía se puede plantear haciéndonos la pregunta, ¿un particular que alquila su vivienda habitual determinados días al año y que hace de guía turístico en las fiestas de la Mercè de Barcelona a través de Trip4real o Sherpandipity deberá pagar tasas turísticas de la ciudad, IVA, IAE, impuesto de sociedades…?

En ocasiones se alega que la EC fomenta la economía sumergida, obviándose que el entorno digital puede generar el efecto contrario, como es que gracias a la trazabilidad de las transacciones (algo que no es tan sencillo en un entorno offline) se pueda tener un mayor control tributario de la actividad de los usuarios en las plataformas. Lo paradójico es que las autoridades fiscales tienen ante si unos inesperados aliados tecnológicos que pueden ayudarle al control y recaudación de las actividades que facilitan entre particulares, algo que ya se está viendo en sectores como el juego digital gracias a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de ordenación del juego o por ejemplo, en otros países, se ha visto recientemente en la ciudad de San Francisco con la nueva normativa de alojamientos turísticos entre particulares donde las plataformas deberán ingresar la tasa hotelera aplicable.

3. Legislación laboral: la EC plantea cuestiones en dos ámbitos de la normativa laboral. Por un lado cómo calificar la relación de la plataforma con sus peers, aunque las empresas funcionen generalmente como intermediarios que instrumentan sus relaciones con sus usuarios como un acuerdo mercantil, en ocasiones se puede dar cierto grado de dirección y control por parte de las empresas que puede abrir la puerta a estimar que existe una relación con cierto nivel de dependencia y dirección. Esta es una cuestión que quizá en países como Estados Unidos, donde la legislación laboral es más flexible, no tenga las implicaciones que puede tener en países como en España, donde la figura del trabajador se ha venido encontrando con una mayor amparo y protección. Por otro lado, nos encontramos con el cumplimiento de obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte del mismo peer como resultado de su actividad económica, por ejemplo, su obligación de darse de alta como autónomo ante la Seguridad Social en el momento que este genere determinados ingresos anuales.

4. Protección de datos: El cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales siempre es un reto inherente a cualquier actividad digital, en la EC también se da dicha circunstancia. Los datos tienen especial importancia no solo para acreditar la veracidad de quien está detrás de la oferta de productos y servicios sino también para poder completar las transacciones que se realizan y que a veces son perfeccionadas directamente entre los usuarios al margen de la plataforma. En este último punto, surgen dos tipos de tratamientos de datos, en primer lugar el tratamiento de datos por parte de la plataforma y por otro el acceso a los datos de clientes por otros usuarios para realizar el servicio convenido. Finalmente, desde un punto de vista teórico, es interesante valorar el concepto de privacidad en actividades de la EC, la reputación, la confianza y la calidad de estos servicios, se fundamentan mayormente en mostrar y verificar que eres quien dices ser, habiéndose convertido este elemento en una piedra angular para el éxito de la EC. Esa necesaria verificación podría potencialmente chocar con la privacidad de los usuarios, al ser sus perfiles y la información que contienen en forma de datos personales y opiniones de terceros, una información que en ocasiones es necesario que sea pública para que el sistema funcione de la forma más eficiente, garantista y dinámica.

5. Régimen de responsabilidad: La figura del intermediario por definición no parece tener que responder de potenciales responsabilidades por infracciones, mal uso o daños por parte de los usuarios que hacen uso de una plataforma de carácter tecnológico, con lógica las empresas están incardinadas dentro de la figura del prestador de servicios de la sociedad de la información prevista en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sin embargo, el intermediario puede llegar a tener una posición de más responsabilidad por la actividad que realiza al incurrir en un mayor grado de control de la actividad de sus peers. Ello se puede traducir en consecuencia en una mayor asunción de responsabilidades en caso de que surjan problemas. Este aspecto relativo a la responsabilidad sin duda no es blanco y negro y requiere un análisis pormenorizado caso por caso. Es interesante la lectura de los términos y condiciones de las plataformas P2P para conocer cuál es su posición al respecto.

6. Licencias y autorizaciones: Diversos segmentos de la EC tienen concurrencia con sectores regulados sometidos a regímenes de autorización previa, sin que ello suponga que hablemos de actividades idénticas. Este es el caso de actividades de ride-sharing como las realizadas por Uber o Lyft; el arrendamiento turístico de primera vivienda por particulares como el caso de Airbnb o Alterkeys; o servicios de experiencias gastronómicas como las ofertadas por particulares en Eatwith o Meetmeals. Sin embargo, los regímenes de autorización y licencia existentes carecen de la flexibilidad y vigencia para modelos disruptivos, lo que les convierte en marcos normativos inaccesibles para aquellos segmentos de la EC que pudieran tener vinculación, es decir, aquellos basados en la prestación de servicios por particulares que no son realizados desde una estructura de negocio como la de una empresa.

Estos son algunos de los retos normativos más destacables vinculados a este movimiento, sin duda cada uno da para un análisis pormenorizado. Existen más aspectos legales, por ejemplo, aquellos relacionados con los pagos, casos de discriminación entre usuarios, seguros, régimen de propiedad de los bienes… invito a que los apuntéis y los comentemos.

Avanzar en el mejor encaje de los retos jurídicos anteriores y la economía colaborativa es una de las mejores formas de que esta se consolide. La autorregulación y las garantías que genera la reputación de los usuarios son dos elementos que ayudarán a ese acercamiento.

Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

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Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.