Categoría: Políticas Públicas

Sharing Economy UK impulsa mecanismos de autorregulación

Hace unos días en Reino Unido se lanzaba un nuevo colectivo empresarial vinculado a la economía colaborativa con el nombre Sharing Economy UK – SEUK, su creación continua la tendencia de otros países, como es el caso de España con Sharing España, donde las organizaciones que operan en este entorno se organizan para tener una voz propia, explicar qué es la economía colaborativa (EC) y sus beneficios, así como defender sus intereses.

SEUK

El lanzamiento de SEUK, en el que actualmente hay 20 empresas, coincide con un interesante momento en UK a la vista de la posición tomada por el Gobierno de Cameron sobre la oportunidad que representa la EC. Precisamente esta semana el ejecutivo inglés daba respuesta oficial al informe de noviembre de 2014 realizado por Debbie Wosskow, CEO de Love Home Swap, donde se incluían diversas recomendaciones sobre cómo se debería favorecer la EC desde el ámbito público y privado.

Uno de los aspectos que SEUK ha abordado desde su lanzamiento ha sido la incorporación de un código de conducta aplicable a sus miembros con el que se pretende avanzar en uno de los temas más estratégicos para la EC, como es el impulso de sistemas de autorregulación para lograr resolver algunos de los problemas asociados a estas actividades y así conseguir un ecosistema más seguro para los agentes que operen en este. El citado código establece una serie de principios y valores por los cuales deben regirse las plataformas colaborativas que formen parte, entre los que destacaría:

1. Favorecer que las actividades de la EC operen dentro de la legislación y con estándares de compliance.

2. Trabajar para que las relaciones de las plataformas con los consumidores y usuarios sean honestas y de confianza. Asimismo que dichos usuarios puedan tener acceso al código de conducta a través de las mismas plataformas.

3. Trabajar para que las plataformas promuevan que sus usuarios presten los servicios y bienes observando todos los aspectos básicos de seguridad y de calidad exigibles.

4. Impulsar una actividad institucional proactiva de las empresas de SEUK para explicar la EC y sus beneficios.

5. Los miembros deben trabajar para integrar modelos eficientes de resolución de controversias entre usuarios, ayudando a mediar para la resolución de estos.

Es relevante que el código busque que las plataformas sean proactivas en trabajar con los usuarios para favorecer un entorno más seguro de actividad. Todo ello sin olvidar la particular posición de las plataformas en cuanto al control de la actividad que los usuarios realizan en estas, la que obviamente no puede ser totalmente fiscalizada por estas empresas al basarse en transacciones P2P.

Información de interés acerca de la economía colaborativa para el sector público

OuiShare con la colaboración de Sharing España han recopilado una importante colección de informes y artículos relativos a la economía colaborativa como recurso informativo para los poderes públicos interesados en el análisis de esta.

Para ello se ha creado en la OUIKI de OuiShare este interesante índice de contenidos que abarcan muchos de los temas que están siendo objeto de debate desde el ámbito público, tanto a nivel de retos regulatorios como aquellos beneficios sociales, económicos y ambientales que pueden ayudar a la consecución de políticas públicas relacionadas:

Sharing España

Útil recurso para un momento como el actual en el que la CNMC ha impulsado una consulta sobre la EC, se han anunciado iniciativas regulatorias relacionadas y en el Congreso de los Diputados se quiere avanzar en la creación de una Subcomisión de estudio del tema, en línea con la ya constituida en el Parlament de Cataluña.

Amsterdam, Bruselas y el PSOE ante la economía colaborativa

Comienza 2015 con diversas iniciativas que anuncian un avance en la necesaria adaptación institucional e innovación legislativa para el encaje de determinadas actividades de la economía colaborativa (EC).

En primer lugar, el 1 de enero el Ayuntamiento de Amsterdam anunciaba un acuerdo de colaboración con Airbnb para que esta plataforma coordine la recaudación de la tasa turística aplicable a las actividades de sus usuarios. Sistema que no es nuevo para Airbnb pero que si es novedad en Europa, al ser esta ciudad holandesa la primera en establecer un modelo de cooperación con plataformas P2P para recaudar y trazar la actividad económica que en estas realizan sus ciudadanos. Toda una innovación de colaboración público-privada que muestra el camino recorrido por Amsterdam en integrar la EC localmente y en que su Administración logre nuevos recursos operativos y tributarios.

Coincidiendo con el cese temporal de sus actividades en España, diversos medios informabaan que la Comisión Europea está definiendo su posición política para este 2015 en la que se determinará como avanzar en un posible impulso de una legislación comunitaria que incida en la flexibilización de las restricciones existentes en el mercado interior de la UE a servicios como los prestados por Uber y también en ayudar a una mayor implantación de la economía digital. Dichos trabajos de la Comisión podrían suponer el lograr más competencia en el mercado junto con una mayor seguridad jurídica y una reducción de las barreras de entrada existentes a servicios colaborativos y P2P. Es importante considerar que no todo es Uber en el ride-sharing, diversas empresas tecnológicas vinculadas al ride-sharing seguro que igualmente desearían poder crecer y expandirse en el mercado europeo. Empresas como Cabify que operan legalmente a través de licencias VTC sufren la rigidez regulatoria del sector de transporte discrecional de pasajeros en España u otros países.

Una tendencia de avance en un legislación común europea en actividades digitales como la anterior, u otras que también formen parte de la economía colaborativa como los alojamientos P2P o el crowdfunding, es una de las grandes prioridades que este ecosistema tecnológico puede tener en nuestro continente para lograr un mayor competitividad. Algo que no es solo esperado por empresas de Estados Unidos sino también por las europeas.

Finalmente, junto con las anteriores iniciativas, en España el Partido Socialista se ha interesado en la EC y sus oportunidades, para ello la Diputada socialista y Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red, María González Veracruz, solicitaba recientemente el impulso de una Subcomisión parlamentaria para el estudio de la EC en el Congreso de los Diputados. Desde dicho partido son conscientes de la relevancia de este movimiento en la sociedad y economía española por lo que un “debate transversal” de los políticos y agentes implicados podría ser un muy interesante punto de partida.

María González con representantes de empresas de la economía colaborativa

En España parece que la CNMC, el Parlament de Cataluña y el PSOE son las organizaciones que con mayor interés se están aproximando a la EC y al análisis de sus riesgos y beneficios.

European Tourism Day, la economía colaborativa y el turismo

ETD

La Comisión Europea celebró el pasado 1 de diciembre una jornada con una audiencia de alrededor de 300 personas sobre el futuro del turismo en Europa, foro en el que se destacó el valor estratégico de esta industria en la economía del continente.

La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendeduría y PYMES de la Comisión Europea organizó este foro presidido por su Director General, Pedro Ortún, donde la tecnología y los nuevos servicios digitales fueron uno de los temas clave a tratar. Precisamente uno de los cuatro paneles en los que se estructuró el programa se denominó “Digitalisation and Innovation in Tourism”.

CE2

En dicho panel con el apoyo de OuiShare tuve la ocasión de introducir el tema de la economía colaborativa y los beneficios que este movimiento genera en la ciudadanía e industria turística europea. Lo cual supone una estupenda noticia al mostrar que desde las instituciones europeas se quiere hacer una aproximación al análisis y encaje de las actividades turísticas colaborativas. Particularmente, los asistentes y ponentes debatieron si estas actividades basadas en modelos peer-to-peer como alojamientos, movilidad o experiencias gastronómicas, deberían equipararse para operar con el mismo nivel de exigencias normativas que las empresas turísticas tradicionales que han venido operando en sub-sectores similares. Para ello se incidió en la idea de “level playing field”, esto es el intentar equiparar las exigencias y condiciones para operar a todos los actores privados concurrentes en un mercado, lo que a grandes rasgos podría ser ejecutado por las autoridades bajo dos posibles planteamientos; desregular algunos elementos del marco normativo aplicable para favorecer la entrada de nuevos servicios y la competitividad de toda la industria, o bien, establecer regulaciones más rígidas a los nuevos servicios digitales para acercarlos a aquellas que se aplican a los servicios preexistentes, sin contar que entre las empresas y personas que operan estos servicios concurrentes existen evidentes diferencias de estructura y capacidad operativa. El primer planteamiento podría parecer el más apropiado teniedo en cuenta que por ejemplo los servicios P2P que actualmente están en continuo crecimiento muestran que, en ocasiones, no es necesario recurrir a ingente legislación para que operen con seguridad y garantías, y en el segundo caso, podríamos encontrar un potencial riesgo para el desarrollo de estos nuevos servicios, ya que directamente los puede desincentivar y hacer anti-económicos.

Asimismo se presentó el informe de resultados de la consulta impulsada por la Comisión denominado “European Tourism of the Future” en el que fueron consultados múltiples actores públicos y privados relacionados con el turismo.

Esta fue la presentación que utilicé para explicar lo que representan las actividades turísticas de la economía colaborativa considerando aspectos económicos y sociales. Asimismo expuse algunas reflexiones sobre aquellas políticas y regulaciones que deban diseñarse para abordar este ámbito.

Consulta pública sobre la Economía Colaborativa

La CNMC continúa analizando la economía colaborativa y aquellos nuevos modelos de prestación de servicios basados en tecnologías de la información relacionados con esta. En este sentido ha acordado realizar un estudio en profundidad sobre este movimiento y para ello acaban de lanzar un interesante trámite de consulta pública para que los interesados puedan aportar información y recomendaciones.

La CNMC justifica la realización del estudio indicando que, “es indudable que este aumento en la oferta y la variedad de los productos y servicios representa una oportunidad desde el punto de vista de la competencia y, por tanto, del aumento del bienestar de los consumidores.”

La consulta iniciada ayer abre un plazo de recepción de recomendaciones hasta el día 27 de noviembre. Esta representará la primera de tres etapas previstas para la realización del mencionado estudio:

ETAPA 1. Objetivos públicos que persigue la regulación

Análisis de los principios de necesidad y proporcionalidad en los que se debería fundamentar la regulación de los sectores económicos; y el planteamiento de la posible justificación de la regulación existente en los dos sectores de referencia elegidos.

Plazo de envío de respuestas: 27 de noviembre de 2014

ETAPA 2. Efectos de los nuevos modelos económicos sobre el mercado y la regulación

Análisis de los principales efectos que, para el consumidor y el interés general, generan los nuevos modelos de prestación de servicios. Efectos de estos nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

ETAPA 3. Nuevos modelos y regulación

Análisis de la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias del mercado, como consecuencia de los efectos generados por los nuevos modelos y de los cambios regulatorios necesarios para dar cabida de forma competitivamente adecuada a las nuevas actividades económicas. Adecuación de la regulación a los nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

Precisamente la pasada semana OuiShare organizaba en Barcelona un encuentro para analizar aspectos legales y fiscales relacionados con la economía colaborativa. Foro en el que abogados, emprendedores y particulares debatieron y buscaron respuestas sobre como operar de la forma más adecuada en las actividades de la economía colaborativa.

OuiShare ES - Reflexiones sobre la Economía Colaborativa

Economía colaborativa en el Parlament de Cataluña

El diputado por el Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Santi Rodríguez, intervino el pasado 16 de octubre en una sesión parlamentaria para hablar de la economía colaborativa y las actividades P2P. En su intervención mencionó diversos ejemplos de esta actividad así como los beneficios y necesidades que supone. Un planteamiento interesante y constructivo que incide en la idea de regular estas actividades para que se integren con garantías en el marco jurídico existente, ayudando al desarrollo económico y al impulso de la competitividad del país.

Además en su blog NoNomésLletres el diputado habla igualmente de este tema y de la Comisión de Estudio que se pretende crear en el Parlament para analizar la economía colaboratiiva siguiendo una propuesta de ERC.

A esta posición se suma el anuncio del Conseller, Felip Puig, el pasado 14 de octubre sobre la intención de la Generalitat de regular la economía colaborativa. Veamos como avanzan todas estas iniciativas considerando un potencial adelanto electoral.

Madrid sin tráfico, ¿quién gana?

Tema del día: El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Plan de Movilidad, limitará el transito de vehículos en el centro de la ciudad con medidas similares a las aplicadas en ciudades europeas como Londres o Roma. El objetivo es que desde principios de 2015 exista un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido en Madrid, lo que, a pesar de ser un espacio todavía reducido, puede considerarse una buena noticia al ser Madrid una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica de la Unión Europea.

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Restringir el transporte privado en las ciudades no es unicamente una forma de reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de los ciudadanos, sino que ayuda a que los servicios de transporte vertebren aún más la movilidad de una urbe, desarrollando en consecuencia el mercado y permitiendo, por ejemplo, el aumento de la demanda de servicios de taxi. Lo que lleva aparejado a su vez la incorporación y consolidación de otros servicios colaborativos dirigidos, por una parte, a compartir trayectos, vehículos o parkings, y por otra, a utilizar servicios de transporte de personas menos rígidos como el ridesharing.

Son el impulso de este tipo de medidas las que deberían centrar los esfuerzos de los operadores de transporte tradicionales y no el bloquear la ampliación de la oferta de nuevos servicios de movilidad. A lo que se suma, además, que el fomento de la cultura de acceso al servicio -característico en modelos colaborativos- en contraposición a la adquisión del bien que facilita dichos servicios, acabará beneficiando de igual manera al posicionamiento de los operadores tradicionales.

Veamos como se implanta este plan de restricción del tráfico en Madrid y si se acompaña con mejoras del transporte público e impulso de servicios de movilidad alternativos. Mientras, hoy en Barcelona, el colectivo de taxistas Élite se ha manifestado exigiendo a la Generalitat el establecimiento de sanciones a pasajeros de Uber y el avance de medidas de inmovilización de vehículos (hashtag contundente

Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional

El portal Idealista ha impulsado un breve reportaje en el que, con el título “Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional”, se analiza la situación y el actual marco jurídico del alquiler vacacional en España. Servicios de alojamiento que, tras la modificación de la LAU en 2013, es competencia de las CCAA establecer su regulación y, tal y como está ocurriendo en diversas regiones, el limitar la actividad.

El reportaje analiza las acciones de influencia que el sector hotelero está realizando a diversos niveles, tanto en medios de comunicación como a nivel institucional para proteger su mercado de este tipo de alojamientos entre particulares.

En este se entrevistan a personas de diferentes perfiles, tanto representantes del sector público como propietarios de inmuebles y empresarios. A modo de ejemplo, se entrevista a Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y fundador de Friendly Rentals, quien hace mención delas barreras de entrada que se están creando a través de dificiles trámites burocráticos y requerimientos técnicos para poder alquilar viviendas de forma temporal. Adolfo Mesquita, Secretario de Estado de Turismo de Portugal hace hincapié en un aspecto fundamental, como es que resolver la regulación de los apartamentos vacacionales a través de prohibiciones resulta completamente inútil y poco efectivo, siendo la opción elegida por el Gobierno portugues la de permitir que la oferta se amplíe y disponga de varios tipos de servicios regulados. Planteamiento que incide especialmente en favorecer la reducción de la economía sumergida resultante de la prohibición de estos servicios de alojamientos. Igualmente, Luis Tamayo, conector de OuiShare en España, habla sobre la dimensión que están alcanzando los servicios prestados entre particulares a través de plataformas digitales y sobre el efecto que ello está teniendo en sectores empresariales tradicionales y la sociedad.

Un reportaje de interés que ayuda a exponer de forma constructiva la necesidad de que el ordenamiento jurídico de cabida a aquellos servicios demandados por los ciudadanos.

Estudio de la Autoritat Catalana de la Competència: Transacciones entre iguales (P2P) y competencia

 

El acercamiento de las autoridades públicas españolas al ámbito de la economía colaborativa sigue incrementándose, recientemente la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha emitido un estudio sobre estas actividades centrándose en los conceptos de markeplace y P2P.

El documento es un completo análisis que, en línea con las recomendaciones publicadas este mes por la CNMC, concluye en los aspectos positivos que suponen las transacciones realizadas entre iguales (P2P) a efectos de competencia y consumidores.

En los mercados o sectores económicos donde incida esta innovación, al ser probable que se experimente un aumento de los oferentes, se producirá un incremento de la competencia con los beneficios tradicionalmente asociados a ésta: más cantidad y variedad de oferta, mejores precios y/o condiciones comerciales, innovación, etc“.

El estudio abarca el análisis de estos servicios desde diversos enfoques económicos, regulatorios, reputacionales, los retos asociados… para concluir que, desde la posición de los poderes públicos, se debería trabajar en hacer posible que servicios como los facilitados por estos marketplaces puedan operar y avance en mercados más flexibles con menos restricciones a la competencia.

La regulación de la economía colaborativa según la CNMC

 

 

Después de varias semanas con noticias negativas sobre expedientes administrativos, sanciones y normas restrictivas con las actividades de la economía colaborativa (EC) instados por diversos organismos públicos en España, ayer el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, realizaba unas declaraciones de importante calado sobre este tema, las que se han completado hoy con una interesante entrada en el blog de dicho organismo sobre el enfoque que debería tener la regulación de las actividades P2P de la EC.

“La economía colaborativa está teniendo un desarrollo espectacular en los últimos años. El turismo y el transporte son dos de los sectores que más han notado su impacto. Sin embargo, en España aún no ha habido una respuesta normativa de las autoridades para hacer frente a este fenómeno.La CNMC piensa que una regulación innecesaria o desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al interés general, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva.

La CNMC realiza un planteamiento muy relevante e integrador sobre la inclusión de la EC en el ordenamiento jurídico español poniendo de manifiesto las ventajas que lleva consigo, por la mejora de la competencia y por el beneficio para los consumidores que comporta, concluyendo por tanto en la necesidad de que pueda desarrollarse e implantarse en España de la forma más adecuada. El mencionado artículo del blog de la CNMC, enumera diversas ventajas:

  • Asignación más eficiente de los recursos infrautilizados
  • Efectos favorables para la competencia, que obligan a los proveedores tradicionales a innovar y a reducir sus márgenes y precios
  • Menores costes de transacción
  • Reducción de los problemas de información asimétrica
  • Efectos medioambientales positivos al crear una economía basada en el acceso a los servicios y no tanto en la propiedad de los bienes
  • Mayor facilidad para detectar bases imponibles por parte de las administraciones tributarias
  • Mayor oferta para el consumidor

Junto con las ventajas se incluyen diversas recomendaciones que resultan todo un precedente en España sobre la posición de los poderes públicos españoles en este ámbito:

  1. La ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución óptima.
  2. Si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el interés de un grupo de operadores económicos.
  3. Sólo habría que considerar una respuesta regulatoria proporcionada si existen fallos de mercado (externalidades, información asimétrica…); si el mercado por sí mismo no puede alcanzar objetivos de interés público; o existe tratamiento asimétrico respecto a operadores sujetos a obligaciones de servicio público.
  4. La respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean innecesarios o desproporcionados.

En dichas recomendaciones la CNMC avanza diversos aspectos que deberían ser considerados a la hora de diseñar las políticas públicas y normas que deban regular la EC; en primer lugar, sugiere que la ausencia de regulación podría ser una realidad que no tendría que suponer riesgo alguno para el desarrollo de la EC, considerando que las plataformas P2P en ocasiones se autorregulan y que gracias a la reputación de los usuarios se consigue que el sistema funcione y sea eficiente sin la intervención y aplicación de una nueva ley. En segundo lugar, la CNMC subraya un aspecto que en ocasiones parece obviarse por los legisladores, como es que prime el interés general a la hora de regular, algo que no parece haberse observado al aplicar la normativa de alojamientos turísticos a empresas como Airbnb o la legislación de transporte en actividades de ride-sharing o car-pooling. En tercer lugar, apunta un aspecto que muchas veces es entendido de la manera contraria, como es la amplia trazabilidad que permiten los entornos digitales para el control de las transacciones por las autoridades fiscales y administrativas competentes. Y finalmente, en cuarto lugar, apunta un aspecto clave que he venido defendiendo en este blog, como es que las autoridades quizá puedan afrontar la regulación de la EC no creando nuevos requerimientos sino directamente reduciendo parte de los que se exigen a operadores tradicionales. Es decir, la EC se está convirtiendo en una oportunidad para demostrar que algunos sectores están hiper-regulados de forma injustificada, ya que podrían ser eficientes y garantistas aún con una racionalización de la normativa que les es aplicable.

El Preámbulo de Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en su primer párrafo es muy ilustrativo a la hora de exponer los objetivos que persigue dicha norma y el órgano que la aplica, poniendo en cuestión, asimismo, determinadas acusaciones dirigidas a la EC por supuestas prácticas desleales o que afecten a la competencia:

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.”

La posición de la CNMC sigue la senda iniciada por organismos públicos relevantes como el Comité Económico y Social Europeo o por organizaciones de consumidores de peso como la OCU, que han visto en la EC una mejora para los consumidores por la ampliación de la oferta de servicios, la eficiencia y el ahorro de costes que implica. A lo anterior se suman los beneficios ambientales asociados, cuestión que debería volverse a situar como una prioridad para los poderes públicos.