Categoría: Políticas Públicas

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

TVE

Reportaje en Televisión Española del día 16 de junio en el que se analiza la situación en España de las actividades vinculadas a la economía colaborativa que están innovando en los patrones de consumo e intercambio de bienes y servicios entre particulares.

Hablamos de la necesidad de impulsar una regulación acorde y competitiva que permita que estas actividades estén incorporadas al marco jurídico existente.http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevas-tecnologias-crisis-disparan-alternativas-consumo-tradicional/2618520/

Liberalización del sector del taxi, tercer intento

En los últimos años se pueden destacar dos momentos en los que el Gobierno español ha intentado liberalizar el transporte discrecional de pasajeros, ámbito en el que el taxi es el servicio preponderante. Lo ocurrido esta semana con la huelga de taxistas en las principales ciudades españolas es consecuencia de un nuevo intento, aunque esta vez el elemento que lo ha desencadenado no responde a una reforma de la normativa de transporte sino al interés de nuevos negocios digitales de la economía colaborativa de poder dar servicios en España de forma competitiva, siendo el caso más paradigmático el de la empresa Uber.

En el año 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al transponer en España la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”) dirigida a la liberalización de servicios dentro de la Unión Europea quiso introducir un mayor grado de liberalización en el sector del transporte discrecional. Flexibilización del servicio que se pretendió realizar mejorando las condiciones de acceso y oferta de licencias VTC,  una tipología de servicio diferente al taxi que la LOTT define como arrendamiento de vehículo con conductor. La reacción a dicha iniciativa legislativa por parte del taxi fue importante, iniciando diversas huelgas y manifestaciones que lograron influenciar al Gobierno de tal modo que cuando se aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), la pretendida liberalización se había diluido sin lograr sus objetivos.

En el año 2012 el Gobierno actual a través de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) buscó también la forma de liberalizar el sector buscando “garantizar a los ciudadanos un servicio de taxi más moderno, profesional y con mayor calidad”, para ello se planteó un mayor equilibrio entre las licencias de taxi y las VTC. La respuesta del gremio de taxistas volvió, como la anterior ocasión, a ser muy dura con anuncios de huelga y con una manifestación en Madrid que dejó varios detenidos y daños materiales. Nuevamente, la presión surtió efecto y el Ministerio aceptó, entre otras, la  reivindicación de los taxistas en mantener los límites en la adjudicación de licencias VTC.

Como consecuencia de lo anterior, España sigue teniendo un sector de transporte discrecional de pasajeros rígido y poco liberalizado. Operar como VTC tiene notables limitaciones, por ejemplo el ratio para operar con un vehículo bajo licencia VTC está limitado a solo 1 por cada 20 taxis, situación que no es casual y que responde, como se ha dicho, a la presión del gremio del taxi. No obstante esta ha sido la opción seleccionada por Cabify para operar en España con garantías y seguridad jurídica.

Este 2014 nos encontramos con un tercer movimiento para liberalizar el sector impulsado por la economía colaborativa y el crecimiento de empresas tecnológicas que gracias a su innovación y su incorporación de modelos P2P están ofreciendo servicios de transporte cada vez más demandados por los usuarios. A lo que se añade el apoyo decidido de la Comisión Europea liderado por la Comisaria Neelie Kroes para que se amplíe la oferta de servicios de transporte en el mercado interior de la UE por la innovación, eficiencia, impacto económico y ambiental y beneficio para los ciudadanos que suponen. En pocos días han habido una huelga y manifestaciones de taxistas en el país, comunicados del Ministerio de Fomento que han generado enorme ruido en redes sociales y medios, así como la solicitud de una aclaración y reunión de dicho Ministerio a la Comisión Europea. Solicitud de aclaración que, siendo optimista, podría abrir la puerta al impulso de una regulación común que consiga lo que los dos anteriores intentos normativos no lograron. Sin embargo, por otro lado, Fomento no parece ir muy bien encaminado al rechazar comenzar un dialogo a través de la convocatoria de una mesa de negociación con los actores implicados, tal y como se indica en un artículo del periódico el País donde se apunta una declación de este este organismo público que indica: “No negociamos con las empresas. El Gobierno legisla por el interés general y no por la vía de los hechos consumados”. Es concretamente del interés general de lo que estamos hablando en este caso.

Precisamente en el Ministerio de Fomento, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, al cargo de competencias de transporte, es buen conocedor de la trascendencia y cambios que implica la aparición de actividades económicas disruptivas del ámbito de las tecnologías de la información, en su etapa anterior en el sector privado ocupó el cargo de secretario general de la empresa española de juego y ocio Codere. Sector, el del juego, que precisamente en los últimos años ha afrontado un importante replanteamiento de modelo de negocio debido a la irrupción de empresas online que innovaban respecto a la oferta de juego tradicional que venían ofreciendo empresas como Codere. Transformación sectorial que generó un gran debate y acusaciones de competencia desleal por las empresas afectadas que acabó materializándose en una nueva legislación de juego digital que, a día de hoy, da cabida a los nuevos negocios digitales y está generando que empresas vinculadas a negocios offline apuesten por negocios online. Aunque se trate de sectores diferenciados, este es un buen ejemplo de integración de actividades de lo que denominan “digital disruption”.

Reportaje en Valor Afegit de TV3: ¿Debe regularse el consumo colaborativo?

Completo reportaje sobre economía colaborativa y regulación emitido en el programa de información económica Valor Afegit de TV3 el pasado 4 de junio.

El programa, en el que he tenido ocasión de participar, analiza aspectos legales relacionados con servicios de turismo P2P, alojamientos turísticos y ride-sharing. Igualmente se incluyen diversas gráficas explicativas con información de interés sobre el número de viviendas turísticas existente en Cataluña o las diversas clases de impuestos que deben ingresarse por servicios de alojamiento turístico.

En el reportaje participan, entre otros, Gloria Molins, fundadora de Trip4Real, Albert Cañigueral, conector de OuiShare para España y Latam, Marian Muro, Directora General de Turismo de la Generalitat, Ana Aguilar, Portavoz de Uber, y Pere Padrosa, Director General de Transporte y Movilidad de la Generalitat.

http://www.tv3.cat/videos/5117331/Cal-regular-el-consum-collaboratiu

Valor

 

 

Revista de prensa: Debate regulatorio en torno a la economía colaborativa en España

Ingente cantidad de artículos sobre economía colaborativa (“EC”) en medios españoles en los que se habla, entre otras cuestiones, acerca de posiciones críticas y aperturistas hacía el movimiento, la oportunidad de mejora que representa, opiniones sobre su incorporación al marco normativo, críticas desde sectores económicos concurrentes, puesta en valor de la eficiencia e impacto ecológico que genera… Publicaciones de las que se pueden extraer, entre otras, dos ideas interesantes, en primer lugar la actualidad y dimensión de este movimiento en España y la cobertura mediatica resultante, y en segundo lugar, el debate sobre las cuestiones regulatorias que le afectan.

De lo publicado recientemente, listo y comento los siguientes artículos:

1. El 21 de mayo la sección de tecnología de El Confidencial publicada una entrevista a Pierre-Dimitri Gore-Coty, mánager de Uber para Europa Occidental y del Norte quien incidía en aspectos diveros de la innovación en movilidad de la EC como; la mejora de los servicios de transporte que empresas como Uber aportan, los motivos por los que se ha decidido comenzar su lanzamiento en España en la ciudad de Barcelona, el componente tecnológico y experiencia de usuario como elementos claves para el éxito del modelo ride-sharing y las razones y previsible desenlace de la posición proteccionista del sector del taxi.

Teknautas

2. El 23 de mayo el profesor del IE School y especialista del mundo digital, Enrique Dans, referenciaba en su blog la columna que días antes había escrito para Expansión sobre la economía colaborativa. Texto en el que Dans remarca un elemento determinante de la EC, como es la mejora que a nivel general los usuarios obtienen a través de servicios P2P, algo que es fundamental a la hora de considerar su encaje en el marco regulatorio existente y que debe ser tenido muy en cuenta tanto por las empresas que actualmente los rechazan como por los legisladores que deban definir donde y como incorporarlos al sistema. Copio seguidamente el artículo:

Sharing economy y paradojas - Expansión (pdf)

3. El 25 de mayo el periodista Javier Mohedano apuntaba en un video y artículo en el diario El Mundo algunos de los riesgos relacionados con la EC incluyendo, a su vez, declaraciones de actores diversos implicados en esta, entre los que me incluyo. Posiciones encontradas entre las que destacan algunas realizadas por críticos, como, una supuesta ausencia de control de las actividades P2P, cuando precisamente los entornos digitales tienen un elevado grado de trazabilidad, y un pretendido interés en que la normativa vigente se aplique sin diferenciación a los market place, todo ello a pesar de que, en el caso de los servicios de alojamiento entre particulares citados en el artículo, existan diferencias claras entre una plataforma P2P de alojamientos y una empresa hotelera por ejemplo.

El Mundo

4. El mismo 25 de mayo Eldiario.es analizaba en  detalle la conflictividad que se está generando entre modelos disruptivos basados en una innovación tecnológica y aquellos sectores empresariales tradicionales con semejanzas. Junto con la reciente noticia sobre la declaración de la Comisión Europea sobre su rechazo a prohibir actividades de ride-sharing o car-pooling, el artículo incide en cuestiones de importancia en el proceso de consolidación de las actividades P2P, como la escala económica del movimiento colaborativo, la experiencia de los usuarios y el beneficio ambiental que implican por la reducción de emisiones relacionadas con la racionalización del transporte. Asimismo el artículo citaba a expertos como Albert Cañigueral o el economista Miguel Puente quienes delimtiaban un concepto interesante como es la “inteligencia social”, caracterizada por la eficiencia y rapidez que supone la interacción social e intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos en detrimento de la capacidad de las grandes instituciones, sean públicas o privadas, de lograr una interacción similar con los individuos.

Eldiario.es

5. El 1 de junio en la sección de economía de ABC se analiza en un interesante artículo el nuevo escenario que supone para algunos sectores económicos la expansión de la EC, para ello se cita la declaración antes apuntada de la Comisión Europea sobre nuevos servicios de transporte discrecional de pasajeros valorándose asimismo la consolidación social y económica de los nuevos modelos de movilidad y crowdfunding, todo ello considerando las denuncias por competencia desleal a empresas de transporte P2P y el proyecto de regulación de financiación alternativa liderado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cabe subrayar la conclusión final del artículo, que copio seguidamente:

“En cualquier caso, parece que estos ejemplos constituyen la constatación definitiva de que todas las aristas de la economía colaborativa se encaminan a su regulación. Eso trae implícito que pueda perdurar con garantías en el tiempo y que las industrias tradicionales tengan que adaptarse y competir con ellas.”

ABC

Como apuntaba al inicio, estos artículos dan cuenta del fortalecimiento que la EC está alcanzando en España. Lo que, en mi opinión, no puede calificarse como una tendencia de moda más del mundo digital.

Hablando de economía colaborativa y Derecho en RAC1

Hablando de economía colaborativa y Derecho en RAC1

El pasado domingo 18 de mayo participé con Albert Cañigueral responsable del portal Web, Consumo Colaborativo, y conector para España y Latam de OuiShare, en el programa de radio de RAC1 dirigido por Marta Cailà, Via Lliure. Durante un buen rato hablamos sobre la economía colaborativa y sus oportunidades, así como de los retos legales a los que tiene que hacer frente. Concretamente se abordaron dos temas de actualidad como la problemática que está generando Uber con su lanzamiento en España, con aportaciones de Pere Pedrosa, Director General de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña y Luis Berbel, responsable del Sindicat del Taxi de Catalunya, y la limitación de los arrendamientos turísticos en Cataluña que impactan negativamente al intercambio y arrendamiento de casas entre particulares ofertados en plataformas como AlterKeys o Airbnb.

De la variedad de temas tratados en el programa, destacaría el debate con la entrevistadora sobre si actividades como el ride-sharing o el alquiler de viviendas entre particulares representan actualmente una infracción de la normativa aplicable. Cuestión que no tiene una respuesta sencilla, ya que, aunque algunas partes implicadas lo vean así, no hay unicamente dos posibles respuestas, legal o ilegal, en este debate sobre el encaje de actividades disruptivas del ámbito digital. Entre ambas opciones existe un espacio no regulado y por tanto alegal que es necesario definir y abordar legislativamente entre los actores implicados, tanto Administraciones como empresas y usuarios. A pesar de que haya negocios P2P con cierto grado de concurrencia con actividades tradicionales, la realidad es que los primeros no responden a la definición y tipologías previstas en la normativa aplicable a las segundas. Un buen tema de debate sin duda.

Más radio, este lunes día 19 de mayo en el programa de Radio 3 “Hoy empieza todo” se ha hablado de nuevas modalidades de transporte P2P en Barcelona y en el resto de España con declaraciones de, entre otros, Uber, Blablacar, Fenebus y representantes del colectivo del taxi.

Actores Públicos ante la Economía Colaborativa

EESC

 

Semana de mucha actividad en Madrid y Barcelona en torno a la economía colaborativa. Eventos varios entre los que destaca la presentación institucional del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el consumo colaborativo publicado en enero de este 2014. Presentación que se hará el día 9 de mayo en Madrid y el día 10 de mayo en Barcelona con la participación, junto con el ponente del Dictamen, Bernardo Hernández Bataller, de entidades como OuiShare y el Consejo de Consumidores y Usuarios, y de empresas como Airbnb, Etece o Blablacar.

El Comité Económico y Social Europeo (conocido por sus siglas en inglés como EESC) es un órgano consultivo de la Unión Europea que asesora y emite dictámenes sobre temas sociales, económicos y las iniciativas legislativas que los abordan. El EESC es consultado regularmente por instituciones de la UE, entre estas el Consejo y la Comisión, en su toma de decisones.

El referido Dictamen no es unicamente uno de los pocos documentos emitidos hasta la fecha por organismos públicos de la UE y de los propios estados miembros sobre esta materia, sino que además la acoge como solución al hacer hincapie en el valor de esta por integrar elementos sociales, ambientales y económicos, por lo que requiere a la Comisión Europea a fin de que aborde este asunto. En esa misma línea, es interesante como el Dictamen sitúa a la economía colaborativa como una piedra angular para Europa en consonancia con la Estrategia Europa 2020 de la propia UE, al ser una solución que, desde el ámbito digital, puede ayudar a mejorar el mercado interior europeo afectado por un modelo económico poco sostenible y mal equilibrado. El EESC ve en esta economía una oportunidad para el diseño de un modelo económico y productivo más eficiente y con mayor capacidad de generar empleo y cohesión social. Ahí es nada.

Del Dictamen se pueden extraer varias recomendaciones a la Comisión Europea que buscan proteger la figura del consumidor como paso previo para lograr un mayor desarrollo de esta economía, cabe destacar la adopción de medidas como:

– Necesidad de que la Comisión Europea realice estudios que identifiquen los retos, barreras de entrada y oportunidades de esta economía.

– Necesidad de regular las actividades colaborativas para así establecer los derechos y responsabilidades de los agentes implicados, ayudando a minimizar los riesgos inherentes a esta. Procediendo asimismo a una armonización del Derecho a nivel de la UE y de los países miembros que ayude a consolidar y simplificar el entorno colaborativo.

– Necesidad de generar campañas institucionales de concienciación sobre el tema y bases de datos sobre las experiencias de los peers. Acción, esta última, que ya están desarrollando comunidades como OuiShare o Peers.org

 

En España, hasta el momento no se conoce un acercamiento para el estudio y evaluación de este movimiento por parte de los poderes públicos como el realizado por el EESC, quizá lo más destacable, aunque con un rol político de oposición, han sido las manifestaciones del Partido Socialista de Canarias instando al Gobierno de esa Comunidad a fin de que no se limite la actividad de crowdfunding por el impacto económico que ello generaría. Exceptuando esta actuación aislada, nada más. Sin embargo, con el escenario económico y social negativo que venimos padeciendo, España resulta un país con muchas oportunidades como para que sus Administraciones Públicas no tomen la iniciativa en abordar y definir este entorno. Junto con los gobiernos municipales y entidades al frente de áreas metropolitanas, verdaderos ecosistemas naturales para la definición de políticas públicas que ayuden al desarrollo de la economía colaborativa, en España existen diversos y variados organismos públicos que deberían aprovechar la oportunidad de este ámbito, como por ejemplo, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), vistas sus áreas de actuación a nivel local, Red.Es, considerando sus competencias para el fomento de la economía digital y sociedad de la información, o los organismos competentes en materia de consumo.

Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

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Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.

Interés General

Innovar e impulsar nuevos mercados genera ventajas competitivas y de crecimiento para las compañías mejorando, al mismo tiempo, el acceso a nuevos servicios para los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, el crecimiento de estos a medio o largo plazo se medirá por el riesgo regulatorio que les afecte, es decir por la seguridad jurídica que tengan esas nuevas actividades tanto para las empresas como para sus usuarios. Circunstancia que concurre en la economía colaborativa.

En este blog se irán abordando temas sobre política pública y legislación relacionados con la economía colaborativa, entendida esta como la consolidación y expansión del tradicional intercambio de bienes y servicios entre particulares (P2P) a través de las tecnologías de la información. Movimiento que concurre en múltiples segmentos, desde el intercambio de conocimiento al comercio privado de bienes pasando por la financiación y la prestación de servicios entre particulares.

A pesar de su correlación, referirse a temas de política pública y regulación supone hablar en ocasiones de fases diferentes, por ejemplo, el diseño de una política pública acaba materializándose muchas veces en un texto normativo. Precisamente, dicho proceso sería el más adecuado en una primera etapa de análisis de la economía colaborativa por los poderes públicos, es decir, que estos entiendan y comiencen un dialogo con los actores vinculados a este movimiento antes que optar por respuestas automáticas basadas en la aplicación de la normativa actual o en la aprobación de nuevas normas aplicables. Con ello no quiero decir que la economía colaborativa no deba tener un marco normativo, al contrario, como decía al principio, que estas actividades P2P se regulen ayudará a que sean seguras y se consoliden en nuestro entorno.

Que la primera solución para abordar una actividad innovadora vinculada a la sociedad de la información sea la regulación en detrimento de la definición de políticas públicas que busquen su encaje y coexistencia da cuanto menos vértigo,  siendo un vicio al que se suele recurrir en nuestro país. Respuesta jurídica que normalmente se realiza de dos formas; o se intentan interpretar las nuevas actividades conforme a la normativa existente, como puede ser el caso reciente en el ámbito P2P de la acusación a BlaBlaCar por concurrir, según la patronal del transporte en autobús, Fenebus, prácticas de competencia desleal, o bien, se aprueba normativa ad hoc para regular estas actividades. Como es el caso del anteproyecto del Ministerio de Economía y Competitividad sobre cuestiones relacionadas con crowdfunding, trámite normativo en el que parece no haber existido hasta el momento una definición clara de sus objetivos ni un diálogo horizontal con las partes.

Un ámbito de actividad gris, alegal, no regulado… no puede caer directamente en la prohibición que establezcan normas con las que potencialmente pueda tener concurrencia, especialmente cuando hablamos de la economía colaborativa. Las actividadades P2P representan un cambio relevante que permite a los ciudadanos beneficiarse del intercambio de bienes y servicios a través de las plataformas que las promueven. Por tanto, hablamos de actividades en las que concurre el interés general, y es así como debieran ser procesadas por los actores públicos, patrón de actuación del que habla la Constitución Española.