San Francisco regula el alojamiento temporal P2P

La ciudad de San Francisco se ha posicionado recientemente hacia un nuevo planteamiento en la regulación de la economía colaborativa y las actividades P2P que representa. El gobierno de San Francisco ha establecido por primera vez el marco normativo que deberán cumplir aquellas personas que alquilen sus primeras viviendas a través de plataformas tecnológicas P2P.

La norma, que entrará en vigor a partir de febrero de 2015, exigirá diversas obligaciones a los oferentes de habitaciones o viviendas completas para uso turístico. Decisión con transcendencia teniendo en cuenta que es el lugar donde AirBnb comenzó su actividad y tiene su sede. Entre las obligaciones a obsevar destacan:

  1. Registro de viviendas, en donde los arrendadores deberán inscribir los inmuebles que oferten abonando, a su vez, una tasa administrativa.
  2. Tener residencia permanente en la ciudad y vivir en el domicilio ofertado desde al menos 275 días.
  3. Límite de alquiler de un máximo de 90 noches al año.
  4. Contratación de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de más de medio millón de $.
  5. Obligaciones fiscales. Los arrendadores deberán abonar los mismos tributos que hoteles y alojamientos turísticos. Siendo la plataforma tecnológica la que se encargará de recaudar dichos impuestos, en principio la tasa hotelera aplicable, e ingresarlos en nombre de estos ante las autoridades tributarias competentes.
  6. Régimen sancionador específico que podría alcanzar, dependiendo de las circunstancias, hasta los 1.000 $ diarios al arrendador. Al mismo tiempo se incorpora un procedimiento administrativo para que las comunidades de propietarios denuncien y puedan paralizar actividades que incumplan lo anterior.
  7. Precios, en el caso de que los oferentes de la vivienda no sean propietarios y, por tanto, subarrienden, estos no podrán cobrar más de lo que estén pagando de renta al propietario de la vivienda.

Veamos como se aplica la nueva normativa y como se controla la actividad de los anfitriones, según Business Insider ahora la atención se centra en Nueva York donde se está tramitando una nueva legislación en este sentido y donde el mercado de alquiler temporal entre particulares es enorme.

Igualmente, la iniciativa de regular esta vertical P2P desde el ámbito local plantea preguntas sobre cuál es el nivel legislativo de toma de decisiones más adecuado para regular la economía colaborativa. Regular localmente es complejo y en cierto modo antieconómico, ya que las empresas (que operan en un entorno digital) deberían adaptarse no solo a legislación de cada país sino de cada ciudad, sin embargo las autoridades locales son en muchos casos las que entienden mejor la forma de regular e incorporar estas actividades a sus ciudades y, a su vez, las que constatan más de cerca su valor estratégico económico-social (“There are many people who absolutely rely on the income that they derive from these hosted rentals to make it in San Francisco,” indicaba uno de los cargos públicos que han negociado la norma). Sin perjuicio de que estas actividades generen problemas que deban resolverse, es importante considerar que también pueden ser un instrumento para ayudar a fortalecer las acciones de mejora de calidad de vida de las ciudades, el documento “Policies for shareable cities” de la organización Shareable incide en ello.

[Foto de San Francisco by Samuel Wantman via Creative Commons]

La Hora de la Regulación del Crowdfunding… siguiente fase

Siguiente fase en el trámite legislativo de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que incorpora en su Título V la regulación de modalidades de crowdfunding como el equity crowdfunding y el P2P lending. Tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, el Gobierno aprobaba el Proyecto de Ley que será publicado proximamente en el Boletín del Congreso de los Diputados para iniciar su fase parlamentaria.

En mi artículo publicado el pasado septiembre en la revista Alternativas Económicas me refería a los diversos elementos del citado Título V que han sido objeto de debate y revisión en la fase de anteproyecto de ley liderada por el Ministerio de Economía. Un aspecto clave ha sido la modificación del texto en lo que se refiere a la figura del inversor en plataformas de crowdfunding, habiéndose pasado de una definición unitaría de inversor a una diferenciación entre inversor acreditado e inversor no acreditado. En consecuencia estaríamos hablando de tres tipos de inversores:

Inversores acreditados empresas con activos de un millón de euros, negocio de dos millones y recursos propios de 300.000 euros, se trataría de inversores acreditados sin límite de inversión (salvo el propio del proyecto anunciado en la plataforma, que se establece en un millón de euros).

– Inversores acreditados particulares que acrediten un nivel de renta superior a los 50.000 euros anuales y un patrimonio de 100.000 euros. Como los anteriores, tendrían la consideración de profesionales sin límite de inversión.

Inversores no acreditados, por tanto no profesionales, que estarán sometidos a las limitaciones inicialmente anunciadas por el Ministerio, hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos de una misma plataforma.

Esta distinción ha sido fundamental porque el único escenario que se planteaba inicialmente era el de inversores no acreditados, lo que directamente habría afectado al impulso de estas vías de de financiación, puesto que hubieran carecido de interés para inversores profesionalizados con capacidad financiera.

Asimismo, en el texto aprobado el viernes, se esclarece la labor de supervisión a realizar por la CNMC y el Banco de España, organismo, este último, que centrará principalmente su actividad de control en las empresas que ofrezcan servicios de P2P lending.

De momento queda pendiente ver si se ampliará el máximo de inversión por proyecto, ya que en el proyecto actual es de un millón de euros, habiéndose planteado la posibilidad de ampliarlo a dos en línea con otros instrumentos de inversión ya conocidos. La fase parlamentaria en el Congreso y Senado determinará si hay nuevos cambios que mejoren el texto para consolidar más estas actividades de crowdfunding.

Por otra parte, recientes noticias relacionadas con la Ley de Mecenazgo parecen indicar que no se llegará a aprobar en esta legislatura, lo que cerraría la posibilidad de que aquellas modalidades de crowdfunding  basadas en donaciones no puedan equipararse con las actividades de mecenazgo que incorporaría dicha norma y, en consecuencia, con los beneficios fiscales que se iban a establecer.

Cataluña avanza en la autorización de alojamientos turísticos P2P

El Periódico de Cataluña publica un artículo sobre las declaraciones que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó ayer anunciando una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

El Conseller abre la puerta a autorizar, en base a una serie de requisitios, a aquellos alojamientos entre particulares en los que los anfitriones obtengan un lucro, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de permitir ofertar una habitación y no toda una vivienda como alojamiento turístico, tipología de servicio que actualmente no se permite en Cataluña. Puig también indicó que esta modificación normativa no entrará a regular el intercambio temporal de viviendas entre particulares sin ánimo de lucro.

Los posibles requisitos a exigir probablamente estarán vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales y a la observancia de medidas de seguridad e higiene. Asimismo habrá que observar la aplicación de la normativa de consumidores y usuarios en estas relaciones entre particulares.

Veamos cómo se avanza en esta modificación de la normativa y qué tipo de requerimientos se exigen a los particulares, considerando el riesgo de que se establezcan obligaciones que conviertan la oferta de estos servicios de alojamiento P2P en una actividad antieconómica. Igualmente, habrá que ver si el contexto político actual puede permitir un trámite legislativo de estas características cuando un escenario posible son las elecciones anticipadas.

En cualquier caso, esta noticia supone un paso adelante en el acercamiento de los poderes públicos a las actividades P2P de la economía colaborativa replanteando, acertadamente, el escenario sancionador y prohibicionista que teníamos el pasado julio en Cataluña. Según Felip Puig “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“, un gran eslogan.

La Hora de la Regulación del Crowdfunding

El anuncio de la regulación del crowdfunding el pasado marzo generó cierto ruido en la opinión pública por la novedad y por percibirse como una posible limitación a un canal de acceso a financiación que, encuadrado en la economía colaborativa, podría convertirse en una valiosa vertical adicional al sector bancario tradicional.

El crowdfunding no es un concepto homogéneo ya que abarca varias clases de financiación, siendo las que se prevé regular aquellas en las que el inversor tiene un retorno monetario. Esta regulación se realizará próximamente en España mediante su inclusión en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, normativa que incidirá en la normalización del crowdfunding y en la seguridad jurídica para las partes. Precisamente la Unión Europea, aun sin querer impulsar una legislación europea específica, considera que el crowdfunding tiene un impacto socioeconómico muy positivo al contribuir a un modelo de crecimiento económico sostenible y abierto.

La norma que está elaborando el Ministerio de Economía persigue a nivel general avanzar en la reducción de la falta de financiación que las empresas y particulares vienen sufriendo en España, siendo en su Título V denominado “Régimen Jurídico de las Plataformas de Financiación Participativa” donde se establecen requerimientos a dos categorías de crowdfunding; aquella donde el sujeto inversor tiene un retorno en equity o participaciones societarias de un proyecto, conocido como equity crowdfunding, y aquella en el que se obtienen determinados intereses por prestar dinero, denominado crowdlending o préstamos P2P. Excluyéndose tipologías colaborativas como en las que los inversores únicamente reciben una recompensa no lucrativa.

El Anteproyecto, junto a la regulación de los requerimientos exigibles a las plataformas, las prohibiciones o el régimen de control por la CNMC y el Banco de España, establece importes máximos a las aportaciones de los inversores. Este último elemento es importante ya que, a pesar de que el crowdfunding todavía no ha alcanzado cifras relevantes (según “ConsumoColaborativo.com” a día de hoy ningún proyecto español de crowdfunding ha superado el millón de euros), el establecimiento de límites legales puede afectar a su consolidación y en especial a proyectos financiados por equity crowdfunding. Concretamente un inversor sólo podrá destinar hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos de una misma plataforma. Restricciones a las que suma el límite de un millón de euros que un proyecto puede captar. Estos últimos elementos están siendo abordados de modo activo desde la Asociación Española de Crowdfunding para su flexibilización, organización que defiende un marco normativo más próximo al de países como Reino Unido.

Así, tras una consulta pública y reuniones de las partes afectadas con el regulador, el Gobierno precisaba el pasado mayo que el crowdfunding no estaría limitado para inversores profesionales pudiendo estos sobrepasar los límites antes citados. A lo que se suma la posibilidad, todavía no anunciada de manera oficial, de que se pueda incrementar el importe máximo de captación de fondos por proyecto del millón a los dos millones. Precisamente, será relevante ver, en la futura norma, qué se entenderá por inversor no profesional (minorista) y por profesional, puesto que sería negativo excluir en esta última acepción a aquellos particulares con conocimientos y patrimonio suficientes que puedan realizar inversiones por encima de los límites apuntados.

Asimismo son relevantes las limitaciones en la publicitación de los proyectos así como los requerimientos que a nivel informativo se exigirán a las plataformas y a los proyectos, considerando que estos últimos, según el Anteproyecto, deberán tener información suficiente como para permitir a un inversor medio emitir un juicio fundado para decidir si invierte en estos.

Es de prever que hasta la aprobación de la Ley, que debería ser a lo largo de los próximos seis meses, vaya mejorándose el articulado para así favorecer este canal de financiación, minorando a su vez la tradicional dependencia que hay en España a la financiación bancaria. Del mismo modo, habrá que ver si la esperada nueva Ley de Mecenazgo incorpora y fomenta el crowdfunding, especialmente los proyectos apoyados en donaciones, como herramienta para canalizar la financiación de actividades de mecenazgo.

[Este artículo forma parte del Número 17 de Alternativas Económicas publicado en septiembre, que se encuentra en quioscos, librerías y en  App para tablets.]

Alternativas Económicas

Madrid sin tráfico, ¿quién gana?

Tema del día: El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Plan de Movilidad, limitará el transito de vehículos en el centro de la ciudad con medidas similares a las aplicadas en ciudades europeas como Londres o Roma. El objetivo es que desde principios de 2015 exista un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido en Madrid, lo que, a pesar de ser un espacio todavía reducido, puede considerarse una buena noticia al ser Madrid una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica de la Unión Europea.

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Restringir el transporte privado en las ciudades no es unicamente una forma de reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de los ciudadanos, sino que ayuda a que los servicios de transporte vertebren aún más la movilidad de una urbe, desarrollando en consecuencia el mercado y permitiendo, por ejemplo, el aumento de la demanda de servicios de taxi. Lo que lleva aparejado a su vez la incorporación y consolidación de otros servicios colaborativos dirigidos, por una parte, a compartir trayectos, vehículos o parkings, y por otra, a utilizar servicios de transporte de personas menos rígidos como el ridesharing.

Son el impulso de este tipo de medidas las que deberían centrar los esfuerzos de los operadores de transporte tradicionales y no el bloquear la ampliación de la oferta de nuevos servicios de movilidad. A lo que se suma, además, que el fomento de la cultura de acceso al servicio -característico en modelos colaborativos- en contraposición a la adquisión del bien que facilita dichos servicios, acabará beneficiando de igual manera al posicionamiento de los operadores tradicionales.

Veamos como se implanta este plan de restricción del tráfico en Madrid y si se acompaña con mejoras del transporte público e impulso de servicios de movilidad alternativos. Mientras, hoy en Barcelona, el colectivo de taxistas Élite se ha manifestado exigiendo a la Generalitat el establecimiento de sanciones a pasajeros de Uber y el avance de medidas de inmovilización de vehículos (hashtag contundente

Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional

El portal Idealista ha impulsado un breve reportaje en el que, con el título “Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional”, se analiza la situación y el actual marco jurídico del alquiler vacacional en España. Servicios de alojamiento que, tras la modificación de la LAU en 2013, es competencia de las CCAA establecer su regulación y, tal y como está ocurriendo en diversas regiones, el limitar la actividad.

El reportaje analiza las acciones de influencia que el sector hotelero está realizando a diversos niveles, tanto en medios de comunicación como a nivel institucional para proteger su mercado de este tipo de alojamientos entre particulares.

En este se entrevistan a personas de diferentes perfiles, tanto representantes del sector público como propietarios de inmuebles y empresarios. A modo de ejemplo, se entrevista a Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y fundador de Friendly Rentals, quien hace mención delas barreras de entrada que se están creando a través de dificiles trámites burocráticos y requerimientos técnicos para poder alquilar viviendas de forma temporal. Adolfo Mesquita, Secretario de Estado de Turismo de Portugal hace hincapié en un aspecto fundamental, como es que resolver la regulación de los apartamentos vacacionales a través de prohibiciones resulta completamente inútil y poco efectivo, siendo la opción elegida por el Gobierno portugues la de permitir que la oferta se amplíe y disponga de varios tipos de servicios regulados. Planteamiento que incide especialmente en favorecer la reducción de la economía sumergida resultante de la prohibición de estos servicios de alojamientos. Igualmente, Luis Tamayo, conector de OuiShare en España, habla sobre la dimensión que están alcanzando los servicios prestados entre particulares a través de plataformas digitales y sobre el efecto que ello está teniendo en sectores empresariales tradicionales y la sociedad.

Un reportaje de interés que ayuda a exponer de forma constructiva la necesidad de que el ordenamiento jurídico de cabida a aquellos servicios demandados por los ciudadanos.

La OCU pregunta sobre movilidad colaborativa

OCU Consumity

Desde el 21 de agosto en el sitio Web de la Organización de Consumidores y Usuarios se puede votar a favor o en contra de la legalidad de determinadas actividades de movilidad P2P en España. En este caso se realizan dos preguntas a los usuarios, una en relación con los servicios que ofrecen empresas como Blablacar en las que los usuarios comparten gastos en sus viajes, y la otra sobre aquellos servicios que ofrece Uber en el ámbito de la ciudad de Barcelona para contactar vehículos con chofer.

Veamos que resultado final tiene la consulta, de momento, con más de 25.000 votaciones, la opinión mayoritaria de los usuarios es que ambos tipos de servicios SÍ deben poder realizarse en España.

http://www.ocuconsumity.com/tu-opinion/uber-blablacar/

Estudio de la Autoritat Catalana de la Competència: Transacciones entre iguales (P2P) y competencia

 

El acercamiento de las autoridades públicas españolas al ámbito de la economía colaborativa sigue incrementándose, recientemente la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha emitido un estudio sobre estas actividades centrándose en los conceptos de markeplace y P2P.

El documento es un completo análisis que, en línea con las recomendaciones publicadas este mes por la CNMC, concluye en los aspectos positivos que suponen las transacciones realizadas entre iguales (P2P) a efectos de competencia y consumidores.

En los mercados o sectores económicos donde incida esta innovación, al ser probable que se experimente un aumento de los oferentes, se producirá un incremento de la competencia con los beneficios tradicionalmente asociados a ésta: más cantidad y variedad de oferta, mejores precios y/o condiciones comerciales, innovación, etc“.

El estudio abarca el análisis de estos servicios desde diversos enfoques económicos, regulatorios, reputacionales, los retos asociados… para concluir que, desde la posición de los poderes públicos, se debería trabajar en hacer posible que servicios como los facilitados por estos marketplaces puedan operar y avance en mercados más flexibles con menos restricciones a la competencia.

La regulación de la economía colaborativa según la CNMC

 

 

Después de varias semanas con noticias negativas sobre expedientes administrativos, sanciones y normas restrictivas con las actividades de la economía colaborativa (EC) instados por diversos organismos públicos en España, ayer el Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), José María Marín, realizaba unas declaraciones de importante calado sobre este tema, las que se han completado hoy con una interesante entrada en el blog de dicho organismo sobre el enfoque que debería tener la regulación de las actividades P2P de la EC.

“La economía colaborativa está teniendo un desarrollo espectacular en los últimos años. El turismo y el transporte son dos de los sectores que más han notado su impacto. Sin embargo, en España aún no ha habido una respuesta normativa de las autoridades para hacer frente a este fenómeno.La CNMC piensa que una regulación innecesaria o desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al interés general, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva.

La CNMC realiza un planteamiento muy relevante e integrador sobre la inclusión de la EC en el ordenamiento jurídico español poniendo de manifiesto las ventajas que lleva consigo, por la mejora de la competencia y por el beneficio para los consumidores que comporta, concluyendo por tanto en la necesidad de que pueda desarrollarse e implantarse en España de la forma más adecuada. El mencionado artículo del blog de la CNMC, enumera diversas ventajas:

  • Asignación más eficiente de los recursos infrautilizados
  • Efectos favorables para la competencia, que obligan a los proveedores tradicionales a innovar y a reducir sus márgenes y precios
  • Menores costes de transacción
  • Reducción de los problemas de información asimétrica
  • Efectos medioambientales positivos al crear una economía basada en el acceso a los servicios y no tanto en la propiedad de los bienes
  • Mayor facilidad para detectar bases imponibles por parte de las administraciones tributarias
  • Mayor oferta para el consumidor

Junto con las ventajas se incluyen diversas recomendaciones que resultan todo un precedente en España sobre la posición de los poderes públicos españoles en este ámbito:

  1. La ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución óptima.
  2. Si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el interés de un grupo de operadores económicos.
  3. Sólo habría que considerar una respuesta regulatoria proporcionada si existen fallos de mercado (externalidades, información asimétrica…); si el mercado por sí mismo no puede alcanzar objetivos de interés público; o existe tratamiento asimétrico respecto a operadores sujetos a obligaciones de servicio público.
  4. La respuesta por parte de las autoridades no tiene por qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean innecesarios o desproporcionados.

En dichas recomendaciones la CNMC avanza diversos aspectos que deberían ser considerados a la hora de diseñar las políticas públicas y normas que deban regular la EC; en primer lugar, sugiere que la ausencia de regulación podría ser una realidad que no tendría que suponer riesgo alguno para el desarrollo de la EC, considerando que las plataformas P2P en ocasiones se autorregulan y que gracias a la reputación de los usuarios se consigue que el sistema funcione y sea eficiente sin la intervención y aplicación de una nueva ley. En segundo lugar, la CNMC subraya un aspecto que en ocasiones parece obviarse por los legisladores, como es que prime el interés general a la hora de regular, algo que no parece haberse observado al aplicar la normativa de alojamientos turísticos a empresas como Airbnb o la legislación de transporte en actividades de ride-sharing o car-pooling. En tercer lugar, apunta un aspecto que muchas veces es entendido de la manera contraria, como es la amplia trazabilidad que permiten los entornos digitales para el control de las transacciones por las autoridades fiscales y administrativas competentes. Y finalmente, en cuarto lugar, apunta un aspecto clave que he venido defendiendo en este blog, como es que las autoridades quizá puedan afrontar la regulación de la EC no creando nuevos requerimientos sino directamente reduciendo parte de los que se exigen a operadores tradicionales. Es decir, la EC se está convirtiendo en una oportunidad para demostrar que algunos sectores están hiper-regulados de forma injustificada, ya que podrían ser eficientes y garantistas aún con una racionalización de la normativa que les es aplicable.

El Preámbulo de Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia en su primer párrafo es muy ilustrativo a la hora de exponer los objetivos que persigue dicha norma y el órgano que la aplica, poniendo en cuestión, asimismo, determinadas acusaciones dirigidas a la EC por supuestas prácticas desleales o que afecten a la competencia:

La existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasigna los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los productos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar del conjunto de la sociedad.”

La posición de la CNMC sigue la senda iniciada por organismos públicos relevantes como el Comité Económico y Social Europeo o por organizaciones de consumidores de peso como la OCU, que han visto en la EC una mejora para los consumidores por la ampliación de la oferta de servicios, la eficiencia y el ahorro de costes que implica. A lo anterior se suman los beneficios ambientales asociados, cuestión que debería volverse a situar como una prioridad para los poderes públicos.

¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las “smart cities”) y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.