Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

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Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.

Fenebus y la Comunidad

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El pasado domingo 30 de marzo El País publicaba un taxativo artículo sobre las medidas que diversas entidades habían coordinado para el bloqueo de sitios Web por streaming donde se accede a fútbol televisado, todo ello a propósito del partido del Real Madrid-Barça.

Con las salvedades que supone que estemos hablando de ámbitos de actividad y servicios diferentes, desde el anuncio de la denuncia de Fenebus a la plataforma de intermediación Blablacar (se ha presentado incluso ante el Defensor del Pueblo) voy siguiendo y comparando con este caso todas aquellas noticias relacionadas con actividades peer-to-peer (P2P) que resulten problemáticas. Precisamente una de las observaciones que realizaba el periodista de El País era: “Porque en Internet nadie es culpable y los argumentos se invierten: unos pocos se hacen ricos por estimular la gratuidad y cientos más van al paro porque los números no encajan.” Este comentario sobre culpables e impacto económico resulta interesante si lo queremos aplicar a las características de los diversos segmentos que abarca la economía colaborativa y, particularmente, actividades P2P como el ridesharing. En este tipo de servicios la circunstancia de que unos pocos se hacen ricos y cientos se quedan en paro, o directamente se empobrecen, queda desdibujada, ya que es la comunidad de usuarios/peers la que presta los servicios, se socializa, ahorra costes, reduce emisiones y, en general, se fortalece gracias a estas herramientas P2P. Especialmente en plataformas como Blablacar, Amovens o Carpooling, donde hasta el momento no se cobra por el servicio en España.

En el caso Blablacar, se argumenta que se está realizando una prestación de un servicio constitutivo de un supuesto de competencia desleal al generar una ventaja competitiva por no cumplir con la regulación de transporte de pasajeros y demás normas aplicables. Si analizamos los términos y condiciones de esta plataforma encontramos la definición legal de sus servicios, los que se basan en la figura del transporte privado de pasajeros de la Ley 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación del Transportes Terrestres:

“¿Cómo sé si es legal compartir coche?

El artículo 101, apartado 1a, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres define que “En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas”. En BlaBlaCar siempre se cumple este supuesto: nuestro servicio se diseñó para que los conductores puedan cubrir los gastos que supone el viaje y nunca para que reciban un beneficio extra. Cuando se publica un viaje en la web, BlaBlaCar recomienda un precio para cada jornada, calculado para que los conductores no obtengan ganancias, en línea total con la legislación.”

A la vista de lo anterior, y considerando que es la propia Blablacar la que bloquea a usuarios que realicen la actividad de transporte con ánimo de lucro, suena un tanto impulsiva (el adjetivo vehemente también suena bien) la opción seguida por Fenebus. Especialmente si tenemos en cuenta que su actuación no busca limitar unicamente la actividad de una plataforma digital sino que condicionará una práctica cotidiana de los ciudadanos para compartir viajes que es casi inmemorial y que gracias al ridesharing por medios digitales se ha amplificado con total éxito.

Volviendo a los temas de propiedad intelectual y las batallas judiciales y legislativas que ha generado en el mundo Internet, sería interesante estudiar dicho precedente para prever que dirá la comunidad cuando se entere que se quiere limitar uno de sus recursos.

Interés General

Innovar e impulsar nuevos mercados genera ventajas competitivas y de crecimiento para las compañías mejorando, al mismo tiempo, el acceso a nuevos servicios para los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, el crecimiento de estos a medio o largo plazo se medirá por el riesgo regulatorio que les afecte, es decir por la seguridad jurídica que tengan esas nuevas actividades tanto para las empresas como para sus usuarios. Circunstancia que concurre en la economía colaborativa.

En este blog se irán abordando temas sobre política pública y legislación relacionados con la economía colaborativa, entendida esta como la consolidación y expansión del tradicional intercambio de bienes y servicios entre particulares (P2P) a través de las tecnologías de la información. Movimiento que concurre en múltiples segmentos, desde el intercambio de conocimiento al comercio privado de bienes pasando por la financiación y la prestación de servicios entre particulares.

A pesar de su correlación, referirse a temas de política pública y regulación supone hablar en ocasiones de fases diferentes, por ejemplo, el diseño de una política pública acaba materializándose muchas veces en un texto normativo. Precisamente, dicho proceso sería el más adecuado en una primera etapa de análisis de la economía colaborativa por los poderes públicos, es decir, que estos entiendan y comiencen un dialogo con los actores vinculados a este movimiento antes que optar por respuestas automáticas basadas en la aplicación de la normativa actual o en la aprobación de nuevas normas aplicables. Con ello no quiero decir que la economía colaborativa no deba tener un marco normativo, al contrario, como decía al principio, que estas actividades P2P se regulen ayudará a que sean seguras y se consoliden en nuestro entorno.

Que la primera solución para abordar una actividad innovadora vinculada a la sociedad de la información sea la regulación en detrimento de la definición de políticas públicas que busquen su encaje y coexistencia da cuanto menos vértigo,  siendo un vicio al que se suele recurrir en nuestro país. Respuesta jurídica que normalmente se realiza de dos formas; o se intentan interpretar las nuevas actividades conforme a la normativa existente, como puede ser el caso reciente en el ámbito P2P de la acusación a BlaBlaCar por concurrir, según la patronal del transporte en autobús, Fenebus, prácticas de competencia desleal, o bien, se aprueba normativa ad hoc para regular estas actividades. Como es el caso del anteproyecto del Ministerio de Economía y Competitividad sobre cuestiones relacionadas con crowdfunding, trámite normativo en el que parece no haber existido hasta el momento una definición clara de sus objetivos ni un diálogo horizontal con las partes.

Un ámbito de actividad gris, alegal, no regulado… no puede caer directamente en la prohibición que establezcan normas con las que potencialmente pueda tener concurrencia, especialmente cuando hablamos de la economía colaborativa. Las actividadades P2P representan un cambio relevante que permite a los ciudadanos beneficiarse del intercambio de bienes y servicios a través de las plataformas que las promueven. Por tanto, hablamos de actividades en las que concurre el interés general, y es así como debieran ser procesadas por los actores públicos, patrón de actuación del que habla la Constitución Española.