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Innovar también en la regulación

¿Podemos hablar de una regulación económica de la llamada economía colaborativa y de otras tendencias digitales emergentes que sea más flexible sin parecer a la vez neoliberales que defienden la mera desregulación de mercados? Este es un dilema habitual cuando en foros diversos, buscando un marco competitivo y eficiente para determinados sectores productivos, se habla de nuevas formas de regular que complementen o mejoren el modelo normativo de boletines oficiales, procesos administrativos rudimentarios y de prolija legislación que conocemos.

El porqué de esta pregunta se debe a que actividades económicas diversas han vivido un proceso de inclusión digital donde la información generada resulta de fácil acceso y procesamiento. De este modo, disponer de esa información no solamente sirve para poder tomar decisiones de gestión de un negocio, sino también para validar y monitorizar a las empresas y mercados desde el punto de vista de las administraciones.

COLABORAR CON LA AUTORIDAD

La era de la información no excluye al derecho de su ámbito de influencia. Las plataformas digitales permiten un control de cumplimiento normativo que hace unos años era inimaginable para la Administración pública.

Esta idea abstracta podemos explicarla en la actualidad con supuestos concretos: plataformas como Airbnb [donde particulares y profesionales alquilan pisos, casas y/o habitaciones] han subscrito acuerdos con algunas ciudades —por ejemplo, Amsterdam o San Francisco— para intercambiar información y recaudar determinadas tasas. Uber [la plataforma que ha soliviantado a los taxistas de todos el mundo] ya comparte información con autoridades en materia de movilidad o trabaja con la autoridad fiscal de Estonia. En España, el Ministerio de Hacienda accede en tiempo real a la actividad entre los operadores de juego online y sus jugadores.

EL SISTEMA DE LICENCIA PREVIA

Junto a fórmulas de colaboración público-privada y gestión de información, nos encontramos con el replanteamiento de determinada legislación económica estructurada en sistemas de autorización y licencia previa.

Tales procedimientos, que están fundamentados, entre otras razones, en reducir el impacto negativo de la asimetría informativa existente entre los consumidores y los usuarios respecto a las empresas con las que éstos interactúan, tienen un serio competidor en determinadas técnicas de reputación y evaluación digital para la adquisición de bienes y servicios a través de Internet. Se trata de técnicas en constante innovación, que a día de hoy ya son instrumentos eficaces para asegurar la confianza, seguridad y protección de los consumidores.

Precisamente el debate sobre la oportunidad de regular a través de datos y de soluciones digitales está tomando protagonismo con la expansión de servicios de la economía colaborativa, ya que gran parte de la interacción económica P2P, la interacción entre ciudadanos, queda en una zona gris donde la regulación sectorial, fiscal y laboral es poco equilibrada y eficiente. Esta situación no es nueva, ya que la tecnología e innovación social y económica suelen ser ordenadas en ocasiones con normas anticuadas de difícil encaje.

No podemos obviar que un sistema de regulación que esté basado en el procesamiento de datos puede generar un poder omnímodo para las Administraciones públicas. De hecho, algunas administraciones hace tiempo que lo ejercitan, por lo que la nueva regulación parece, paradojicamente, llevarnos a tener que establecer un marco legislativo claro de tratamiento de información por parte los agentes públicos que pase por una estricta observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

REFLEXIÓN DE LOS REGULADORES

Los reguladores se encuentran en consecuencia no sólo ante la necesidad de dar encaje al mundo de la tecnología e información, sino también de pensar si su labor política y legislativa debe ser revisada considerando la naturaleza descentralizada y compleja de este entorno.

Parece necesario un cambio de visión sobre el objeto regulado y la interacción del legislador con lo que se regula, especialmente si consideramos que en diversos sectores se ha pasado de un modelo industrial centralizado, con sus estructuras clásicas de organización, a un modelo de comunidades en red que abarcan datos de infinidad de agentes económicos heterogéneos.

Plataformas de compraventa como Ebay y Etsy; otras de servicios, como Glovo y TaskRabbit; o bien de microfinanciación (crowdfunding) como Kickstarter y Lending Club, son un claro ejemplo de ello.

Este artículo fue publicado en el número 31 de Alternativas Económicas, diciembre 2015.

Trabajos desde la UE sobre la economía colaborativa

De los debates y estudios existentes sobre las actuaciones a seguir para avanzar en adecuadas políticas públicas y regulación para la economía colaborativa suele concluirse que es desde la Unión Europea donde se pueden tomar decisiones adecuadas para favorecer el encaje de las actividades que abarca este modelo económico. Especialmente si consideramos que ciertos niveles de armonización regulatoria resultan fundamentales para actividades que se canalizan por medios digitales.

Precisamente, uno de los primeros organismos en impulsar un informe sobre el tema fue el Comité Económico y Social Europeo. Ente que en enero de 2014 emitió un Dictamen denominado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” que analizaba aspectos relacionados con riesgos y ventajas de los modelos P2P para los consumidores.

Tras dicho trabajo han seguido declaraciones diversas por parte las Comisión Europea sobre la necesidad de promover estos modelos de forma adecuada considerando sus beneficios para la competencia. Este fue el caso de las declaraciones de la ya ex-Vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, en contra de decisiones limitativas de servicios de ride-sharing en diversos países europeos.

Este 2015 el Comité de las Regiones (CoR) presentaba una serie de conclusiones preliminares sujetas a votación por tal organismo sobre la economía colaborativa con propuestas interesantes como:

“la economía colaborativa podría dar lugar a una nueva identidad económica, la de la persona que no desea actuar sola y que, en vez de guiarse por el ansia de maximizar sus propios intereses materiales, acompaña su comportamiento económico de un compromiso con la comunidad, actúa en la escena pública –política, económica y social– y entabla una relación con sus conciudadanos para velar por el interés común y general.” 

“parecen estar surgiendo cuatro modalidades diferentes de economía colaborativa:

  1. la «economía de acceso» (access economy), para aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler temporal en vez de una venta definitiva;
  2. la «economía de los trabajos ocasionales» (gig economy), para iniciativas basadas en trabajos esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital;
  3. la «economía inter pares» (collaborative economy), es decir, iniciativas que fomentan un enfoque inter pares, implican a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierten a los clientes en una comunidad;
  4. la «economía de puesta en común» (pooling economy) para aquellas iniciativas de propiedad o gestión colectiva;”

“los resultados de la evaluación de impacto de la economía colaborativa no son siempre positivos en términos de protección medioambiental, cohesión social, igualdad y justicia social, uso adecuado del suelo o gobernanza urbana”

Las conclusiones preliminares de dicho informe resultan de especial interés ya que se puede constatar una profundización importante sobre el tema y la identificación de oportunidades de mejora económica y social desde el ámbito público.

Committee of the Regions

A todo esto se suma el trabajo que desde la Comisión Europea se está haciendo dentro de la Estrategia de Mercado Único Digital. A finales de mes finaliza el plazo de consulta sobre el rol de las plataformas digitales con una especial atención al posicionamiento de los market place colaborativos y P2P, lo que anuncia un futuro cambio legislativo en el régimen de dichos actores. Podría ser que se revise el rol actual de algunos negocios digitales que se identifican como prestadores de servicios de la sociedad de la información de conformidad con la LSSI española y la Directiva vinculada.

 

Igualmente el Parlamento Europeo ha encargado informes a expertos sobre la economía colaborativa para medir su impacto económico y social así como para prever futuras medidas de encaje de sus actividades.

Finalmente es valioso el diálogo público-privado que se está haciendo desde el Joint Research Center de la Comisión con el próximo encuentro de expertos denominado “A vision for the EU ‘sharing economy’ – Exploring future economic transformations” así como la iniciativa de diversas empresas colaborativas llamada The European Collaborative Economy Forum. Grupo similar a los ya creados en España, Sharing España, y UK, SEUK, que está impulsando talleres en Bruselas con empresas y decisores públicos.

EU Collaborative Econony Forum

Se puede concluir que todas estas líneas de trabajo muestran la importancia de este modelo económico para las instituciones europeas. Por lo que este 2016 generará novedades desde el ámbito público. Sin embargo, también será necesario que tal variedad de actores trabajando en estos temas tengan una adecuada comunicación e intercambio de información para unificar criterios.

 

Laboralidad en plataformas de servicios P2P

El reconocimiento de relaciones jurídico laborales entre los usuarios que prestan servicios con ánimo de lucro en plataformas P2P y las empresas titulares de estas últimas se ha convertido en uno de los grandes debates de la economía colaborativa, llegando incluso a ser planteado como el tema clave que condicionará la viabilidad futura de los modelos colaborativos u on-demand.

Las normas sectoriales de la actividad en la que se mueva una plataforma son un elemento importante para entrar en la discusión sobre laboralidad, este es el caso de los servicios de transporte o de micro-tareas. Particularmente, Uber, se le quiera o no en el espectro de la economía colaborativa, está siendo la punta de lanza procesal en materia laboral sin ello suponer que otras tantas plataformas de servicios sean ajenas a esta cuestión. De hecho, en los últimos meses, plataformas colaborativas en Estados Unidos como Instacart, Shyp o Kitchensurfing han tomado la iniciativa de pasar a régimen laboral a algunos de sus usuarios quienes hasta el momento eran independientes.

Así, en el caso de Uber, durante los últimos meses hemos conocido una resolución judicial de un Tribunal californiano que reconocía la relación de laboralidad de una conductora con la empresa, y en España, el área de Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña también identificaba una relación de dependencia en un informe (que me conste no público) sobre Uber Pop. Ambos casos parecen que han sido determinantes para que se hable sin matices de que los conductores que operan en la plataforma son empleados de Uber.

No obstante lo anterior, y sin ánimo de mostrar una visión que defienda la mercantilidad en detrimento de la laboralidad y de sus derechos asociados, es importante aclarar que en Estados Unidos no ha habido una única resolución sobre este tema, otros tribunales, 5 en concreto, han dado la razón a Uber respecto a la relación con sus conductores. Asimismo, el Gobierno belga informaba hace unos días que tras un estudio de la operativa de esta plataforma no consideran la existencia de un vínculo laboral.

La determinación de la existencia de una relación de dependencia suele hacerse, sin querer entrar en una análisis doctrinal, en base a la concurrencia de una serie de factores, algo así como el ir sumando puntos hasta llegar al nivel exigido para que exista un contrato por cuenta ajena. Por ejemplo en Estados Unidos existe un test de factores para la determinación de una relación mercantil o laboral, el llamado IRS 20 Factor Test, en el que para identificar el vínculo empleado/empleador se analizan, por ejemplo, si hay una relación continuada, exigencia de dedicación plena o el proveer herramientas de trabajo y materiales. Sistema que, según diversos expertos, está anticuado para ser aplicado en este tipo de actividades por medios digitales.

La suma de factores es habitual encontrarla también en jurisdicciones como la española al ser aplicado por los Juzgados de lo Social, siendo la nota de dependencia el factor más relevante. Esta es definitoria para que se entienda qué es una relación mercantil de prestación de servicios donde la persona opera por cuenta propia, a su riesgo y ventura. Algunas de las notas propias de la dependencia son; la asistencia regular a un lugar designado por el empresario, el determinar una jornada laboral así como de un horario, uniforme de la empresa, fijar el período de vacaciones o delimitar y asignar zonas de actividad. Factores que analizando por ejemplo la operativa Uber Pop, no concurren.

Igualmente en España nos podemos encontrar con la figura del TRADE, trabajador autónomo económicamente dependiente, que no supone trabajar por cuenta ajena pero que prevé una serie de derechos adicionales como consecuencia de que el profesional que contrata con la empresa genere al menos un 75% de sus ingresos a partir de esa relación. Situación que es previsible vaya a darse en bastantes casos de personas que generen ingresos a través de plataformas P2P, ya que, entre otros motivos, acabará habiendo empresas líderes que concentren gran parte del volumen de oferta para conseguir ingresos.

La ausencia de laboralidad forma parte del posicionamiento de las plataformas como meros intermediarios no responsables de la actividad que facilitan entre sus usuarios. Justificación que por el momento se ampara en la normativa de sociedad de la información y comercio electrónico y que, en mi opinión, en un futuro no muy lejano será replanteada. La razón, por un lado, al trabajo de la Comisión Europea en la estrategia de Mercado Único Digital, donde se prevé una nueva regulación de las plataformas, y por otro, la necesidad de algunos marketplaces en implicarse más en la actividad de sus usuarios, dándoles más servicios, garantías o, directamente, contratándolos, tal y como apuntaba anteriormente.

Los nuevos modelos colaborativos y P2P están mostrando que determinada legislación no encaja exactamente en las actividades que engloban, el caso de la normativa laboral es también aplicable, ya que en muchos casos nos encontramos ante nuevas formas de trabajo donde incluso los usuarios que las realizan evitan la dependencia y vinculación de un trabajo clásico. Toda una transición del sistema que hemos venido conociendo que también se plantea de forma general en otros ámbitos de la economía digital.

Regulación 2.0: El poder regulatorio de los datos.

Este 16 de julio se han celebrado en la sede de la CNMC en Barcelona las Jornadas Nacionales de la Defensa de la Competencia, evento que ha tenido un capítulo especial sobre la economía colaborativa y su impacto en la política de competencia.

Con una introducción inicial de Joaquín Almunia, ex-Comisario de Competencia de la Comisión Europea, se ha iniciado una mesa con diversos expertos y miembros de la CNMC, Generalitat de Cataluña y Autoritat de la Competencia de Cataluña para dialogar sobre como puede ser la aproximación política y regulatoria en este ámbito así como de su incidencia social y económica en modelos pre-existentes.

En mi caso, he analizado un posible replanteamiento de la actividad regulatoria y legislativa a la vista de la operativa de las plataformas y usuarios en plataformas P2P y, en general, de todos la economía digital donde existe una clara reducción de la información asimétrica en la contratación de bienes y servicios facilitada por las herramientas de Internet y el valor de la información generada. Lo que podría denominarse una regulación 2.0. o modelo regulatorio Internet podría significar el transicionar de un modelo en el que para realizar determinadas actividades empresariales la Administración otorga autorizaciones o licencias para controlar los fallos de mercado y la desinformación del consumidor, a un modelo en que la Administración accede en tiempo real a la actividad y datos de las plataformas para un control apropiado. Posicionamiento público que actualmente ya se aplica en algunos sectores, como el juego digital, y que se completaría con adecuados sistemas de reputación de usuarios.

Aunque lo anterior exige un análisis más profundo y crítico, es de especial interés la exposición en TEDxNewYork de Albert Wenger, Director de Union Square Ventures, denominada: “How smart policy will advance tech“.

Del poder económico de los datos para las empresas digitales al poder regulatorio de los datos para el sector público.

Memes y política colaborativa

Si hace unos días diversos medios informaban sobre la intención de la Generalitat de avanzar en la regulación de la economía colaborativa, resulta que parte de la innovación y tecnologías que varios partidos han incorporado en sus campañas y programas políticos en estas elecciones encajan en los modelos abiertos y peer-to-peer (P2P) de este movimiento social y económico en el que Catalunya es una referencia. Elementos como la descentralización de las estructuras de un partido político o el empoderamiento ciudadano, son característicos de esta tendencia colaborativa que está en proceso de expansión.Al analizar el programa de Barcelona en Comú podemos identificar ideas inspiradas en la P2P Foundation liderada por el pensador belga, Michael Bauwens, organización clave en la exploración de nuevos modelos de gobernanza colaborativa y horizontal en todo el mundo. A propósito de la votación del pasado domingo, Bauwens declaraba en Al Jazeera que la democracia basada en elecciones acabará combinándose con nuevas formas de participación ciudadana más abiertas e independientes. Considerando tales planteamientos, en el caso de Ahora Madrid, uno de sus nuevos concejales es Pablo Soto, referencia en España del P2P absuelto tras ser demandado por Promusicae y las principales discográficas en el año 2008.

Barcelona en Comú y Ahora Madrid se han apoyado, y apoyarán, en plataformas digitales para, por un lado, canalizar parte de su financiación vía ‘crowdfunding’, y por otro, deliberar con los ciudadanos bajo un formato participativo “agregador” sobre su programa político y la forma de ejecutar políticas públicas que les afecten. Aspecto, este último, alineado con lo que se realiza actualmente en ciudades como Reykjavik, donde los vecinos colaboran en diseñar, votar y tomar decisiones sobre políticas locales.

Aunque el uso de Internet como mecanismo de comunicación política está normalizado, su utilización como mero canal unidireccional de información ha avanzado a un estadio diferente en el momento actual. El ecosistema digital es una herramienta real de acción ciudadana que permite a una persona operar autonomamente como agente económico o como un influyente activista político, lo que va más allá de la mera movilización de bases. Un partido como Ahora Madrid ha descentralizado y dado autonomía a los usuarios que querían informar o desplegar esta candidatura, por lo que el lema “tú eres la campaña” parece que en este caso no ha sido un eslogan vacío de contenido. Participación a la que se suma la campaña de imagen llevada a cabo por los propios internautas para convertir a Manuela Carmena no solo en una candidata pop como lo fue Obama en su primera campaña presidencial, sino en un icono de la cultura ‘gif’ y ‘meme’ que, a través de un variado grafismo digital, implican la repetición y la remezcla caótica y libre de elementos del imaginario popular por parte de sus simpatizantes.

A las estrategias de comunicación y participación ciudadana se unen elementos de los programas de ambas coaliciones que proponen estructuras cooperativas de ámbito local, dinamización de servicios de transporte público compartido o sistemas de pago alternativos, hace unos días Ada Colau planteaba la idea de una moneda local similar a la de ciudades como Bristol en Reino Unido.

Curiosamente durante el mandato de Xavier Trias a Barcelona se la ha llegado a denominar “ciudad colaborativa” al consolidarse iniciativas basadas en modelos cooperativos y P2P como por ejemplo la red barcelonesa de FabLabs para la producción con impresoras 3D, una especie de ateneos de barrio de la cultura maker. Ahora CiU ha anunciado que su programa para las próximas elecciones catalanas será diseñado de abajo a arriba, por lo que quizá en dicha campaña podamos ver carteles de CiU con un meme de Julio Iglesias diciendo, “Yo voto a Artur y lo sabes”.

Este artículo fue publicado en El Periódico de Cataluña el 28 de mayo de 2015

Consulta pública sobre la Economía Colaborativa

La CNMC continúa analizando la economía colaborativa y aquellos nuevos modelos de prestación de servicios basados en tecnologías de la información relacionados con esta. En este sentido ha acordado realizar un estudio en profundidad sobre este movimiento y para ello acaban de lanzar un interesante trámite de consulta pública para que los interesados puedan aportar información y recomendaciones.

La CNMC justifica la realización del estudio indicando que, “es indudable que este aumento en la oferta y la variedad de los productos y servicios representa una oportunidad desde el punto de vista de la competencia y, por tanto, del aumento del bienestar de los consumidores.”

La consulta iniciada ayer abre un plazo de recepción de recomendaciones hasta el día 27 de noviembre. Esta representará la primera de tres etapas previstas para la realización del mencionado estudio:

ETAPA 1. Objetivos públicos que persigue la regulación

Análisis de los principios de necesidad y proporcionalidad en los que se debería fundamentar la regulación de los sectores económicos; y el planteamiento de la posible justificación de la regulación existente en los dos sectores de referencia elegidos.

Plazo de envío de respuestas: 27 de noviembre de 2014

ETAPA 2. Efectos de los nuevos modelos económicos sobre el mercado y la regulación

Análisis de los principales efectos que, para el consumidor y el interés general, generan los nuevos modelos de prestación de servicios. Efectos de estos nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

ETAPA 3. Nuevos modelos y regulación

Análisis de la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias del mercado, como consecuencia de los efectos generados por los nuevos modelos y de los cambios regulatorios necesarios para dar cabida de forma competitivamente adecuada a las nuevas actividades económicas. Adecuación de la regulación a los nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

Precisamente la pasada semana OuiShare organizaba en Barcelona un encuentro para analizar aspectos legales y fiscales relacionados con la economía colaborativa. Foro en el que abogados, emprendedores y particulares debatieron y buscaron respuestas sobre como operar de la forma más adecuada en las actividades de la economía colaborativa.

OuiShare ES - Reflexiones sobre la Economía Colaborativa

Economía colaborativa en el Parlament de Cataluña

El diputado por el Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Santi Rodríguez, intervino el pasado 16 de octubre en una sesión parlamentaria para hablar de la economía colaborativa y las actividades P2P. En su intervención mencionó diversos ejemplos de esta actividad así como los beneficios y necesidades que supone. Un planteamiento interesante y constructivo que incide en la idea de regular estas actividades para que se integren con garantías en el marco jurídico existente, ayudando al desarrollo económico y al impulso de la competitividad del país.

Además en su blog NoNomésLletres el diputado habla igualmente de este tema y de la Comisión de Estudio que se pretende crear en el Parlament para analizar la economía colaboratiiva siguiendo una propuesta de ERC.

A esta posición se suma el anuncio del Conseller, Felip Puig, el pasado 14 de octubre sobre la intención de la Generalitat de regular la economía colaborativa. Veamos como avanzan todas estas iniciativas considerando un potencial adelanto electoral.