Etiquetado: Autorregulación

Innovar también en la regulación

¿Podemos hablar de una regulación económica de la llamada economía colaborativa y de otras tendencias digitales emergentes que sea más flexible sin parecer a la vez neoliberales que defienden la mera desregulación de mercados? Este es un dilema habitual cuando en foros diversos, buscando un marco competitivo y eficiente para determinados sectores productivos, se habla de nuevas formas de regular que complementen o mejoren el modelo normativo de boletines oficiales, procesos administrativos rudimentarios y de prolija legislación que conocemos.

El porqué de esta pregunta se debe a que actividades económicas diversas han vivido un proceso de inclusión digital donde la información generada resulta de fácil acceso y procesamiento. De este modo, disponer de esa información no solamente sirve para poder tomar decisiones de gestión de un negocio, sino también para validar y monitorizar a las empresas y mercados desde el punto de vista de las administraciones.

COLABORAR CON LA AUTORIDAD

La era de la información no excluye al derecho de su ámbito de influencia. Las plataformas digitales permiten un control de cumplimiento normativo que hace unos años era inimaginable para la Administración pública.

Esta idea abstracta podemos explicarla en la actualidad con supuestos concretos: plataformas como Airbnb [donde particulares y profesionales alquilan pisos, casas y/o habitaciones] han subscrito acuerdos con algunas ciudades —por ejemplo, Amsterdam o San Francisco— para intercambiar información y recaudar determinadas tasas. Uber [la plataforma que ha soliviantado a los taxistas de todos el mundo] ya comparte información con autoridades en materia de movilidad o trabaja con la autoridad fiscal de Estonia. En España, el Ministerio de Hacienda accede en tiempo real a la actividad entre los operadores de juego online y sus jugadores.

EL SISTEMA DE LICENCIA PREVIA

Junto a fórmulas de colaboración público-privada y gestión de información, nos encontramos con el replanteamiento de determinada legislación económica estructurada en sistemas de autorización y licencia previa.

Tales procedimientos, que están fundamentados, entre otras razones, en reducir el impacto negativo de la asimetría informativa existente entre los consumidores y los usuarios respecto a las empresas con las que éstos interactúan, tienen un serio competidor en determinadas técnicas de reputación y evaluación digital para la adquisición de bienes y servicios a través de Internet. Se trata de técnicas en constante innovación, que a día de hoy ya son instrumentos eficaces para asegurar la confianza, seguridad y protección de los consumidores.

Precisamente el debate sobre la oportunidad de regular a través de datos y de soluciones digitales está tomando protagonismo con la expansión de servicios de la economía colaborativa, ya que gran parte de la interacción económica P2P, la interacción entre ciudadanos, queda en una zona gris donde la regulación sectorial, fiscal y laboral es poco equilibrada y eficiente. Esta situación no es nueva, ya que la tecnología e innovación social y económica suelen ser ordenadas en ocasiones con normas anticuadas de difícil encaje.

No podemos obviar que un sistema de regulación que esté basado en el procesamiento de datos puede generar un poder omnímodo para las Administraciones públicas. De hecho, algunas administraciones hace tiempo que lo ejercitan, por lo que la nueva regulación parece, paradojicamente, llevarnos a tener que establecer un marco legislativo claro de tratamiento de información por parte los agentes públicos que pase por una estricta observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

REFLEXIÓN DE LOS REGULADORES

Los reguladores se encuentran en consecuencia no sólo ante la necesidad de dar encaje al mundo de la tecnología e información, sino también de pensar si su labor política y legislativa debe ser revisada considerando la naturaleza descentralizada y compleja de este entorno.

Parece necesario un cambio de visión sobre el objeto regulado y la interacción del legislador con lo que se regula, especialmente si consideramos que en diversos sectores se ha pasado de un modelo industrial centralizado, con sus estructuras clásicas de organización, a un modelo de comunidades en red que abarcan datos de infinidad de agentes económicos heterogéneos.

Plataformas de compraventa como Ebay y Etsy; otras de servicios, como Glovo y TaskRabbit; o bien de microfinanciación (crowdfunding) como Kickstarter y Lending Club, son un claro ejemplo de ello.

Este artículo fue publicado en el número 31 de Alternativas Económicas, diciembre 2015.

Regulación 2.0: El poder regulatorio de los datos.

Este 16 de julio se han celebrado en la sede de la CNMC en Barcelona las Jornadas Nacionales de la Defensa de la Competencia, evento que ha tenido un capítulo especial sobre la economía colaborativa y su impacto en la política de competencia.

Con una introducción inicial de Joaquín Almunia, ex-Comisario de Competencia de la Comisión Europea, se ha iniciado una mesa con diversos expertos y miembros de la CNMC, Generalitat de Cataluña y Autoritat de la Competencia de Cataluña para dialogar sobre como puede ser la aproximación política y regulatoria en este ámbito así como de su incidencia social y económica en modelos pre-existentes.

En mi caso, he analizado un posible replanteamiento de la actividad regulatoria y legislativa a la vista de la operativa de las plataformas y usuarios en plataformas P2P y, en general, de todos la economía digital donde existe una clara reducción de la información asimétrica en la contratación de bienes y servicios facilitada por las herramientas de Internet y el valor de la información generada. Lo que podría denominarse una regulación 2.0. o modelo regulatorio Internet podría significar el transicionar de un modelo en el que para realizar determinadas actividades empresariales la Administración otorga autorizaciones o licencias para controlar los fallos de mercado y la desinformación del consumidor, a un modelo en que la Administración accede en tiempo real a la actividad y datos de las plataformas para un control apropiado. Posicionamiento público que actualmente ya se aplica en algunos sectores, como el juego digital, y que se completaría con adecuados sistemas de reputación de usuarios.

Aunque lo anterior exige un análisis más profundo y crítico, es de especial interés la exposición en TEDxNewYork de Albert Wenger, Director de Union Square Ventures, denominada: “How smart policy will advance tech“.

Del poder económico de los datos para las empresas digitales al poder regulatorio de los datos para el sector público.

Cataluña y la Economía Colaborativa

Desde el ámbito público catalán se están llevando a cabo procesos de análisis de la economía colaborativa (EC) con el interés de identificar las medidas más adecuadas para la incorporación de estas actividades al marco jurídico así como mecanismos para aprovechar sus oportunidades.

El pasado 21 de abril se realizó la primera sesión de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa en sede del Parlament de Cataluña. Sesión en la que participé como ponente junto con Albert Cañigueral, experto de referencia en España y Latam en la EC, y Pere Rusiñol, Director de Alternativas Económicas. Ponencias en las que contextualizamos esta tendencia y compartimos ideas sobre regulación y políticas públicas relacionadas.

Los grupos parlamentarios mostraron en mi opinión un notable interés en este modelo económico identificando algunas cuestiones clave, entre otras; la fiscalidad, el papel de la Unión Europea o la oportunidad de crear sistemas de compensación a sectores económicos pre-existentes en los que tenga especial impacto la EC. Igualmente se puso de manifiesto la necesidad de buscar nuevas formulas de regulación más eficaces y dinámicas, ya que hablar de trámites legislativos que desde una fase inicial a la entrada en vigor de una norma puedan llegar, por ejemplo, a dos años de trabajo pueden resultar infructuosos.

En este enlace se pueden ver las diversas intervenciones. Asimismo, esta es la ppt que presenté:

Junto con el Parlament, esta misma semana el Diari Ara publicaba un artículo sobre el trabajo que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña para regular y dinamizar la EC. Según se informaba en Ara, se busca fortalecer la figura del “peer” o micro-productor así como revisar determinada normativa sectorial que pueda estar impidiendo un encaje adecuado y competitivo de determinadas actividades, en particular la legislación de transporte y de turismo. Un planteamiento normativo basado en una ley general y transversal de toda la economía colaborativa no sería realista considerándose que, si fuera necesario, debería realizarse desde la Unión Europa.

En el caso del fortalecimiento de la figura del “peer” se intentará encontrar una mejora del marco fiscal y de seguridad social aplicable, aún cuando dicha normativa también está vinculada a competencias del Estado. A estas líneas de actuación se quiere sumar la promoción de sistemas de autorregulación a través de códigos de conducta validados con las plataformas P2P y el impulso de un Consejo Asesor en el que parece que podrían estar representados agentes públicos y privados.

El trabajo que se está realizando desde la Generalitat prevé materializarse en un acuerdo de Gobierno este mes de mayo, lo que dará lugar a una nueva fase de trabajo legislativo que resultará de gran interés. Todo ello es continuación del anuncio que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó en octubre de 2014 sobre una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, declaración que acompaño con la frase “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“.

Interesante es saber qué próximos pasos dará el Gobierno de España en este ámbito.

Economía Colaborativa y Política de Competencia

El próximo lunes 13 de abril la Cátedra de Política de la Competencia de la Universidad de Sevilla organiza un seminario sobre la economía colaborativa (EC) y políticas en materia de competencia.

La temática de dicho encuentro no es casual ya que, a nivel general, las políticas de competencia promueven la eficiencia en los mercados, fomentando así su competitividad y el crecimiento económico, algo que justifica su aproximación a los modelos colaborativos y P2P, al ser actividades apoyadas en las tecnologías de la información innovadoras en las que concurre dicha eficiencia, se reducen costes de transacción y aumentan, al mismo tiempo, la oferta y demanda del mercado.

Imprimir

El encuentro en el que participaré como ponente será moderado por José Félix Riscos, Director del Departamento de Estudios y Promoción de la Competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), donde también expondrán su visión sobre el tema María Sobrino, Subdirectora de Estudios e Informes del Departamento de promoción de la Competencia de la CNMC, y Javier Domínguez Viera, Vocal de la Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia del Ministerio de Economía. Precisamente los anteriores son representantes de organismos de la Administración General del Estado desde los que se está liderando el estudio del impacto de esta materia así como la definición de las políticas que la integren dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Integración que podría plantearse de formas diversas, desde una racionalización normativa, el impulso de sistemas de co-regulación pública y privada o la definición y regulación de nuevas tipologías de servicios que respondan a las características y roles de las plataformas y usuarios en las actividades de la EC.

Sharing Economy UK impulsa mecanismos de autorregulación

Hace unos días en Reino Unido se lanzaba un nuevo colectivo empresarial vinculado a la economía colaborativa con el nombre Sharing Economy UK – SEUK, su creación continua la tendencia de otros países, como es el caso de España con Sharing España, donde las organizaciones que operan en este entorno se organizan para tener una voz propia, explicar qué es la economía colaborativa (EC) y sus beneficios, así como defender sus intereses.

SEUK

El lanzamiento de SEUK, en el que actualmente hay 20 empresas, coincide con un interesante momento en UK a la vista de la posición tomada por el Gobierno de Cameron sobre la oportunidad que representa la EC. Precisamente esta semana el ejecutivo inglés daba respuesta oficial al informe de noviembre de 2014 realizado por Debbie Wosskow, CEO de Love Home Swap, donde se incluían diversas recomendaciones sobre cómo se debería favorecer la EC desde el ámbito público y privado.

Uno de los aspectos que SEUK ha abordado desde su lanzamiento ha sido la incorporación de un código de conducta aplicable a sus miembros con el que se pretende avanzar en uno de los temas más estratégicos para la EC, como es el impulso de sistemas de autorregulación para lograr resolver algunos de los problemas asociados a estas actividades y así conseguir un ecosistema más seguro para los agentes que operen en este. El citado código establece una serie de principios y valores por los cuales deben regirse las plataformas colaborativas que formen parte, entre los que destacaría:

1. Favorecer que las actividades de la EC operen dentro de la legislación y con estándares de compliance.

2. Trabajar para que las relaciones de las plataformas con los consumidores y usuarios sean honestas y de confianza. Asimismo que dichos usuarios puedan tener acceso al código de conducta a través de las mismas plataformas.

3. Trabajar para que las plataformas promuevan que sus usuarios presten los servicios y bienes observando todos los aspectos básicos de seguridad y de calidad exigibles.

4. Impulsar una actividad institucional proactiva de las empresas de SEUK para explicar la EC y sus beneficios.

5. Los miembros deben trabajar para integrar modelos eficientes de resolución de controversias entre usuarios, ayudando a mediar para la resolución de estos.

Es relevante que el código busque que las plataformas sean proactivas en trabajar con los usuarios para favorecer un entorno más seguro de actividad. Todo ello sin olvidar la particular posición de las plataformas en cuanto al control de la actividad que los usuarios realizan en estas, la que obviamente no puede ser totalmente fiscalizada por estas empresas al basarse en transacciones P2P.

Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

Imagen

 

Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.