Etiquetado: Competencia desleal

Revista de prensa: Debate regulatorio en torno a la economía colaborativa en España

Ingente cantidad de artículos sobre economía colaborativa (“EC”) en medios españoles en los que se habla, entre otras cuestiones, acerca de posiciones críticas y aperturistas hacía el movimiento, la oportunidad de mejora que representa, opiniones sobre su incorporación al marco normativo, críticas desde sectores económicos concurrentes, puesta en valor de la eficiencia e impacto ecológico que genera… Publicaciones de las que se pueden extraer, entre otras, dos ideas interesantes, en primer lugar la actualidad y dimensión de este movimiento en España y la cobertura mediatica resultante, y en segundo lugar, el debate sobre las cuestiones regulatorias que le afectan.

De lo publicado recientemente, listo y comento los siguientes artículos:

1. El 21 de mayo la sección de tecnología de El Confidencial publicada una entrevista a Pierre-Dimitri Gore-Coty, mánager de Uber para Europa Occidental y del Norte quien incidía en aspectos diveros de la innovación en movilidad de la EC como; la mejora de los servicios de transporte que empresas como Uber aportan, los motivos por los que se ha decidido comenzar su lanzamiento en España en la ciudad de Barcelona, el componente tecnológico y experiencia de usuario como elementos claves para el éxito del modelo ride-sharing y las razones y previsible desenlace de la posición proteccionista del sector del taxi.

Teknautas

2. El 23 de mayo el profesor del IE School y especialista del mundo digital, Enrique Dans, referenciaba en su blog la columna que días antes había escrito para Expansión sobre la economía colaborativa. Texto en el que Dans remarca un elemento determinante de la EC, como es la mejora que a nivel general los usuarios obtienen a través de servicios P2P, algo que es fundamental a la hora de considerar su encaje en el marco regulatorio existente y que debe ser tenido muy en cuenta tanto por las empresas que actualmente los rechazan como por los legisladores que deban definir donde y como incorporarlos al sistema. Copio seguidamente el artículo:

Sharing economy y paradojas - Expansión (pdf)

3. El 25 de mayo el periodista Javier Mohedano apuntaba en un video y artículo en el diario El Mundo algunos de los riesgos relacionados con la EC incluyendo, a su vez, declaraciones de actores diversos implicados en esta, entre los que me incluyo. Posiciones encontradas entre las que destacan algunas realizadas por críticos, como, una supuesta ausencia de control de las actividades P2P, cuando precisamente los entornos digitales tienen un elevado grado de trazabilidad, y un pretendido interés en que la normativa vigente se aplique sin diferenciación a los market place, todo ello a pesar de que, en el caso de los servicios de alojamiento entre particulares citados en el artículo, existan diferencias claras entre una plataforma P2P de alojamientos y una empresa hotelera por ejemplo.

El Mundo

4. El mismo 25 de mayo Eldiario.es analizaba en  detalle la conflictividad que se está generando entre modelos disruptivos basados en una innovación tecnológica y aquellos sectores empresariales tradicionales con semejanzas. Junto con la reciente noticia sobre la declaración de la Comisión Europea sobre su rechazo a prohibir actividades de ride-sharing o car-pooling, el artículo incide en cuestiones de importancia en el proceso de consolidación de las actividades P2P, como la escala económica del movimiento colaborativo, la experiencia de los usuarios y el beneficio ambiental que implican por la reducción de emisiones relacionadas con la racionalización del transporte. Asimismo el artículo citaba a expertos como Albert Cañigueral o el economista Miguel Puente quienes delimtiaban un concepto interesante como es la “inteligencia social”, caracterizada por la eficiencia y rapidez que supone la interacción social e intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos en detrimento de la capacidad de las grandes instituciones, sean públicas o privadas, de lograr una interacción similar con los individuos.

Eldiario.es

5. El 1 de junio en la sección de economía de ABC se analiza en un interesante artículo el nuevo escenario que supone para algunos sectores económicos la expansión de la EC, para ello se cita la declaración antes apuntada de la Comisión Europea sobre nuevos servicios de transporte discrecional de pasajeros valorándose asimismo la consolidación social y económica de los nuevos modelos de movilidad y crowdfunding, todo ello considerando las denuncias por competencia desleal a empresas de transporte P2P y el proyecto de regulación de financiación alternativa liderado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cabe subrayar la conclusión final del artículo, que copio seguidamente:

“En cualquier caso, parece que estos ejemplos constituyen la constatación definitiva de que todas las aristas de la economía colaborativa se encaminan a su regulación. Eso trae implícito que pueda perdurar con garantías en el tiempo y que las industrias tradicionales tengan que adaptarse y competir con ellas.”

ABC

Como apuntaba al inicio, estos artículos dan cuenta del fortalecimiento que la EC está alcanzando en España. Lo que, en mi opinión, no puede calificarse como una tendencia de moda más del mundo digital.

Fenebus y la Comunidad

Imagen

El pasado domingo 30 de marzo El País publicaba un taxativo artículo sobre las medidas que diversas entidades habían coordinado para el bloqueo de sitios Web por streaming donde se accede a fútbol televisado, todo ello a propósito del partido del Real Madrid-Barça.

Con las salvedades que supone que estemos hablando de ámbitos de actividad y servicios diferentes, desde el anuncio de la denuncia de Fenebus a la plataforma de intermediación Blablacar (se ha presentado incluso ante el Defensor del Pueblo) voy siguiendo y comparando con este caso todas aquellas noticias relacionadas con actividades peer-to-peer (P2P) que resulten problemáticas. Precisamente una de las observaciones que realizaba el periodista de El País era: “Porque en Internet nadie es culpable y los argumentos se invierten: unos pocos se hacen ricos por estimular la gratuidad y cientos más van al paro porque los números no encajan.” Este comentario sobre culpables e impacto económico resulta interesante si lo queremos aplicar a las características de los diversos segmentos que abarca la economía colaborativa y, particularmente, actividades P2P como el ridesharing. En este tipo de servicios la circunstancia de que unos pocos se hacen ricos y cientos se quedan en paro, o directamente se empobrecen, queda desdibujada, ya que es la comunidad de usuarios/peers la que presta los servicios, se socializa, ahorra costes, reduce emisiones y, en general, se fortalece gracias a estas herramientas P2P. Especialmente en plataformas como Blablacar, Amovens o Carpooling, donde hasta el momento no se cobra por el servicio en España.

En el caso Blablacar, se argumenta que se está realizando una prestación de un servicio constitutivo de un supuesto de competencia desleal al generar una ventaja competitiva por no cumplir con la regulación de transporte de pasajeros y demás normas aplicables. Si analizamos los términos y condiciones de esta plataforma encontramos la definición legal de sus servicios, los que se basan en la figura del transporte privado de pasajeros de la Ley 16/1987, de 30 de junio, de Ordenación del Transportes Terrestres:

“¿Cómo sé si es legal compartir coche?

El artículo 101, apartado 1a, de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres define que “En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias directas o indirectas”. En BlaBlaCar siempre se cumple este supuesto: nuestro servicio se diseñó para que los conductores puedan cubrir los gastos que supone el viaje y nunca para que reciban un beneficio extra. Cuando se publica un viaje en la web, BlaBlaCar recomienda un precio para cada jornada, calculado para que los conductores no obtengan ganancias, en línea total con la legislación.”

A la vista de lo anterior, y considerando que es la propia Blablacar la que bloquea a usuarios que realicen la actividad de transporte con ánimo de lucro, suena un tanto impulsiva (el adjetivo vehemente también suena bien) la opción seguida por Fenebus. Especialmente si tenemos en cuenta que su actuación no busca limitar unicamente la actividad de una plataforma digital sino que condicionará una práctica cotidiana de los ciudadanos para compartir viajes que es casi inmemorial y que gracias al ridesharing por medios digitales se ha amplificado con total éxito.

Volviendo a los temas de propiedad intelectual y las batallas judiciales y legislativas que ha generado en el mundo Internet, sería interesante estudiar dicho precedente para prever que dirá la comunidad cuando se entere que se quiere limitar uno de sus recursos.