Etiquetado: Competencia

Trabajos desde la UE sobre la economía colaborativa

De los debates y estudios existentes sobre las actuaciones a seguir para avanzar en adecuadas políticas públicas y regulación para la economía colaborativa suele concluirse que es desde la Unión Europea donde se pueden tomar decisiones adecuadas para favorecer el encaje de las actividades que abarca este modelo económico. Especialmente si consideramos que ciertos niveles de armonización regulatoria resultan fundamentales para actividades que se canalizan por medios digitales.

Precisamente, uno de los primeros organismos en impulsar un informe sobre el tema fue el Comité Económico y Social Europeo. Ente que en enero de 2014 emitió un Dictamen denominado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” que analizaba aspectos relacionados con riesgos y ventajas de los modelos P2P para los consumidores.

Tras dicho trabajo han seguido declaraciones diversas por parte las Comisión Europea sobre la necesidad de promover estos modelos de forma adecuada considerando sus beneficios para la competencia. Este fue el caso de las declaraciones de la ya ex-Vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, en contra de decisiones limitativas de servicios de ride-sharing en diversos países europeos.

Este 2015 el Comité de las Regiones (CoR) presentaba una serie de conclusiones preliminares sujetas a votación por tal organismo sobre la economía colaborativa con propuestas interesantes como:

“la economía colaborativa podría dar lugar a una nueva identidad económica, la de la persona que no desea actuar sola y que, en vez de guiarse por el ansia de maximizar sus propios intereses materiales, acompaña su comportamiento económico de un compromiso con la comunidad, actúa en la escena pública –política, económica y social– y entabla una relación con sus conciudadanos para velar por el interés común y general.” 

“parecen estar surgiendo cuatro modalidades diferentes de economía colaborativa:

  1. la «economía de acceso» (access economy), para aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler temporal en vez de una venta definitiva;
  2. la «economía de los trabajos ocasionales» (gig economy), para iniciativas basadas en trabajos esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital;
  3. la «economía inter pares» (collaborative economy), es decir, iniciativas que fomentan un enfoque inter pares, implican a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierten a los clientes en una comunidad;
  4. la «economía de puesta en común» (pooling economy) para aquellas iniciativas de propiedad o gestión colectiva;”

“los resultados de la evaluación de impacto de la economía colaborativa no son siempre positivos en términos de protección medioambiental, cohesión social, igualdad y justicia social, uso adecuado del suelo o gobernanza urbana”

Las conclusiones preliminares de dicho informe resultan de especial interés ya que se puede constatar una profundización importante sobre el tema y la identificación de oportunidades de mejora económica y social desde el ámbito público.

Committee of the Regions

A todo esto se suma el trabajo que desde la Comisión Europea se está haciendo dentro de la Estrategia de Mercado Único Digital. A finales de mes finaliza el plazo de consulta sobre el rol de las plataformas digitales con una especial atención al posicionamiento de los market place colaborativos y P2P, lo que anuncia un futuro cambio legislativo en el régimen de dichos actores. Podría ser que se revise el rol actual de algunos negocios digitales que se identifican como prestadores de servicios de la sociedad de la información de conformidad con la LSSI española y la Directiva vinculada.

 

Igualmente el Parlamento Europeo ha encargado informes a expertos sobre la economía colaborativa para medir su impacto económico y social así como para prever futuras medidas de encaje de sus actividades.

Finalmente es valioso el diálogo público-privado que se está haciendo desde el Joint Research Center de la Comisión con el próximo encuentro de expertos denominado “A vision for the EU ‘sharing economy’ – Exploring future economic transformations” así como la iniciativa de diversas empresas colaborativas llamada The European Collaborative Economy Forum. Grupo similar a los ya creados en España, Sharing España, y UK, SEUK, que está impulsando talleres en Bruselas con empresas y decisores públicos.

EU Collaborative Econony Forum

Se puede concluir que todas estas líneas de trabajo muestran la importancia de este modelo económico para las instituciones europeas. Por lo que este 2016 generará novedades desde el ámbito público. Sin embargo, también será necesario que tal variedad de actores trabajando en estos temas tengan una adecuada comunicación e intercambio de información para unificar criterios.

 

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Regulación 2.0: El poder regulatorio de los datos.

Este 16 de julio se han celebrado en la sede de la CNMC en Barcelona las Jornadas Nacionales de la Defensa de la Competencia, evento que ha tenido un capítulo especial sobre la economía colaborativa y su impacto en la política de competencia.

Con una introducción inicial de Joaquín Almunia, ex-Comisario de Competencia de la Comisión Europea, se ha iniciado una mesa con diversos expertos y miembros de la CNMC, Generalitat de Cataluña y Autoritat de la Competencia de Cataluña para dialogar sobre como puede ser la aproximación política y regulatoria en este ámbito así como de su incidencia social y económica en modelos pre-existentes.

En mi caso, he analizado un posible replanteamiento de la actividad regulatoria y legislativa a la vista de la operativa de las plataformas y usuarios en plataformas P2P y, en general, de todos la economía digital donde existe una clara reducción de la información asimétrica en la contratación de bienes y servicios facilitada por las herramientas de Internet y el valor de la información generada. Lo que podría denominarse una regulación 2.0. o modelo regulatorio Internet podría significar el transicionar de un modelo en el que para realizar determinadas actividades empresariales la Administración otorga autorizaciones o licencias para controlar los fallos de mercado y la desinformación del consumidor, a un modelo en que la Administración accede en tiempo real a la actividad y datos de las plataformas para un control apropiado. Posicionamiento público que actualmente ya se aplica en algunos sectores, como el juego digital, y que se completaría con adecuados sistemas de reputación de usuarios.

Aunque lo anterior exige un análisis más profundo y crítico, es de especial interés la exposición en TEDxNewYork de Albert Wenger, Director de Union Square Ventures, denominada: “How smart policy will advance tech“.

Del poder económico de los datos para las empresas digitales al poder regulatorio de los datos para el sector público.

Economía Colaborativa y Política de Competencia

El próximo lunes 13 de abril la Cátedra de Política de la Competencia de la Universidad de Sevilla organiza un seminario sobre la economía colaborativa (EC) y políticas en materia de competencia.

La temática de dicho encuentro no es casual ya que, a nivel general, las políticas de competencia promueven la eficiencia en los mercados, fomentando así su competitividad y el crecimiento económico, algo que justifica su aproximación a los modelos colaborativos y P2P, al ser actividades apoyadas en las tecnologías de la información innovadoras en las que concurre dicha eficiencia, se reducen costes de transacción y aumentan, al mismo tiempo, la oferta y demanda del mercado.

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El encuentro en el que participaré como ponente será moderado por José Félix Riscos, Director del Departamento de Estudios y Promoción de la Competencia de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), donde también expondrán su visión sobre el tema María Sobrino, Subdirectora de Estudios e Informes del Departamento de promoción de la Competencia de la CNMC, y Javier Domínguez Viera, Vocal de la Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y Competencia del Ministerio de Economía. Precisamente los anteriores son representantes de organismos de la Administración General del Estado desde los que se está liderando el estudio del impacto de esta materia así como la definición de las políticas que la integren dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Integración que podría plantearse de formas diversas, desde una racionalización normativa, el impulso de sistemas de co-regulación pública y privada o la definición y regulación de nuevas tipologías de servicios que respondan a las características y roles de las plataformas y usuarios en las actividades de la EC.

Consulta pública sobre la Economía Colaborativa

La CNMC continúa analizando la economía colaborativa y aquellos nuevos modelos de prestación de servicios basados en tecnologías de la información relacionados con esta. En este sentido ha acordado realizar un estudio en profundidad sobre este movimiento y para ello acaban de lanzar un interesante trámite de consulta pública para que los interesados puedan aportar información y recomendaciones.

La CNMC justifica la realización del estudio indicando que, “es indudable que este aumento en la oferta y la variedad de los productos y servicios representa una oportunidad desde el punto de vista de la competencia y, por tanto, del aumento del bienestar de los consumidores.”

La consulta iniciada ayer abre un plazo de recepción de recomendaciones hasta el día 27 de noviembre. Esta representará la primera de tres etapas previstas para la realización del mencionado estudio:

ETAPA 1. Objetivos públicos que persigue la regulación

Análisis de los principios de necesidad y proporcionalidad en los que se debería fundamentar la regulación de los sectores económicos; y el planteamiento de la posible justificación de la regulación existente en los dos sectores de referencia elegidos.

Plazo de envío de respuestas: 27 de noviembre de 2014

ETAPA 2. Efectos de los nuevos modelos económicos sobre el mercado y la regulación

Análisis de los principales efectos que, para el consumidor y el interés general, generan los nuevos modelos de prestación de servicios. Efectos de estos nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

ETAPA 3. Nuevos modelos y regulación

Análisis de la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias del mercado, como consecuencia de los efectos generados por los nuevos modelos y de los cambios regulatorios necesarios para dar cabida de forma competitivamente adecuada a las nuevas actividades económicas. Adecuación de la regulación a los nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

Precisamente la pasada semana OuiShare organizaba en Barcelona un encuentro para analizar aspectos legales y fiscales relacionados con la economía colaborativa. Foro en el que abogados, emprendedores y particulares debatieron y buscaron respuestas sobre como operar de la forma más adecuada en las actividades de la economía colaborativa.

OuiShare ES - Reflexiones sobre la Economía Colaborativa

Estudio de la Autoritat Catalana de la Competència: Transacciones entre iguales (P2P) y competencia

 

El acercamiento de las autoridades públicas españolas al ámbito de la economía colaborativa sigue incrementándose, recientemente la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha emitido un estudio sobre estas actividades centrándose en los conceptos de markeplace y P2P.

El documento es un completo análisis que, en línea con las recomendaciones publicadas este mes por la CNMC, concluye en los aspectos positivos que suponen las transacciones realizadas entre iguales (P2P) a efectos de competencia y consumidores.

En los mercados o sectores económicos donde incida esta innovación, al ser probable que se experimente un aumento de los oferentes, se producirá un incremento de la competencia con los beneficios tradicionalmente asociados a ésta: más cantidad y variedad de oferta, mejores precios y/o condiciones comerciales, innovación, etc“.

El estudio abarca el análisis de estos servicios desde diversos enfoques económicos, regulatorios, reputacionales, los retos asociados… para concluir que, desde la posición de los poderes públicos, se debería trabajar en hacer posible que servicios como los facilitados por estos marketplaces puedan operar y avance en mercados más flexibles con menos restricciones a la competencia.

6 Retos Legales para la Economía Colaborativa

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Algunos segmentos de actividad que abarca la economía colaborativa (EC) están afrontando en España dificultades para consolidar sus servicios en esta jurisdicción, lo que podría implicar potenciales riesgos como una posible prohibición o la aprobación de regulaciones rígidas y restrictivas que los lleve directamente a la inviabilidad. El surgimiento de estos conflictos no parece estar planteándose por el momento desde una lógica de encaje normativo e interés público sino más bien como consecuencia de las exigencias de sectores concretos que ven un impacto negativo en sus cuotas de mercado.

Junto a lo anterior, debido a la innovación tecnológica y de consumo que implican las diversas actividades P2P de la EC, concurren retos jurídicos concretos que deben ser evaluados por parte de las empresas, usuarios y, sin duda, por los poderes públicos para poder dinamizar e incorporar este movimiento a nuestro entorno. De dichos retos o problemas dan cuenta dos artículos publicados en sitios Web anglosajones como el Boston Law Journal y Lexology, mostrando ambos textos que los aspectos legales por clarificar son concurrentes en jurisdicciones varias como la española. Como en otras actividades económicas, las cuestiones normativas son múltiples, seguidamente hago un breve resumen de 6 de estas:

1. Consumidores y usuarios: el intercambio de bienes y servicios en plataformas P2P supone un cambio en el esquema actual de la normativa de consumidores y usuarios, circunstancia que no significa que este tipo de actividades impliquen una falta de seguridad y de protección del consumidor. La EC innova en esta materia por dos razones; en primer lugar porque la figura del consumidor cambia, ya que esta se refuerza pasando de ser una figura receptora de forma unilateral de bienes y servicios a ser consumidor y productor de bienes y servicios al mismo tiempo, lo que llamamos “peer”. Asimismo, en segundo lugar, la normativa de consumidores se complementa con la reputación, es decir, los requerimientos y garantías en materia de consumidores son completados por la reputación que el peer obtiene en las plataformas donde opera, la que funciona como garante de la calidad del servicio, es decir, si el usuario opera con malas prácticas sale del sistema, lo que representa la mayor sanción posible en un entorno de confianza. Ante las voces que alegan la falta de garantías de los servicios P2P habría que valorar por qué estos servicios están mostrando una cada vez mayor demanda y un crecimiento continuado.

Recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado unas interesantes recomendaciones sobre el consumo de bienes y servicios a través de plataformas de la EC,  en estas se plantea la necesidad de favorecer el desarrollo de estos modelos de actividad garantizando a su vez los derechos de los consumidores. Destacable es que se subraye la necesidad de buscar vías de coexistencia entre modelos de consumo clásicos y colaborativos.

Ocu

2. Fiscalidad: la realización de una actividad económica debe cumplir con las obligaciones en materia tributaria que les sea de aplicación. La EC tiene en este ámbito uno de sus mayores retos, circunstancia que está sirviendo de crítica por parte de sectores empresariales tradicionales. A nivel fiscal encontramos dos niveles en este movimiento; las empresas que actúan como plataformas sometidas a la fiscalidad que sea de aplicación a cualquier compañía en base al impuesto de sociedades y demás tributos aplicables y; en un segundo nivel, la fiscalidad aplicable a la actividad realizada por los usuarios. Esta última es una cuestión clave ya que son los usuarios quienes, dependiendo del tipo y volumen de actividad que realizan deberán tributar por IVA, IRPF, tasas aplicables e, incluso, impuesto de sociedades. En ocasiones se apunta a las empresas como responsables del incumplimiento de este segundo nivel relacionado con los peers y su actividad, algo erróneo si consideramos que las plataformas operan como intermediarios que instrumentalizan la puesta en contacto de personas para que puedan realizar transacciones, por lo que no pueden, ni deben, ser responsables del cumplimiento de obligaciones de esas personas que las utilizan. A pesar que en ocasiones son los propios usuarios quienes omitan voluntariamente el deber de liquidar los impuestos, es manifiesta la rigidez y complejidad de la normativa tributaria en el ámbito de la micro-emprendeduría y del micro-empleo, figuras que por su definición acostumbran a concurrir con la actividad que realizan la mayor parte de los peers y que a nivel tributario no están bien desarrolladas. Un ejemplo de esa complejidad y lejanía se puede plantear haciéndonos la pregunta, ¿un particular que alquila su vivienda habitual determinados días al año y que hace de guía turístico en las fiestas de la Mercè de Barcelona a través de Trip4real o Sherpandipity deberá pagar tasas turísticas de la ciudad, IVA, IAE, impuesto de sociedades…?

En ocasiones se alega que la EC fomenta la economía sumergida, obviándose que el entorno digital puede generar el efecto contrario, como es que gracias a la trazabilidad de las transacciones (algo que no es tan sencillo en un entorno offline) se pueda tener un mayor control tributario de la actividad de los usuarios en las plataformas. Lo paradójico es que las autoridades fiscales tienen ante si unos inesperados aliados tecnológicos que pueden ayudarle al control y recaudación de las actividades que facilitan entre particulares, algo que ya se está viendo en sectores como el juego digital gracias a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de ordenación del juego o por ejemplo, en otros países, se ha visto recientemente en la ciudad de San Francisco con la nueva normativa de alojamientos turísticos entre particulares donde las plataformas deberán ingresar la tasa hotelera aplicable.

3. Legislación laboral: la EC plantea cuestiones en dos ámbitos de la normativa laboral. Por un lado cómo calificar la relación de la plataforma con sus peers, aunque las empresas funcionen generalmente como intermediarios que instrumentan sus relaciones con sus usuarios como un acuerdo mercantil, en ocasiones se puede dar cierto grado de dirección y control por parte de las empresas que puede abrir la puerta a estimar que existe una relación con cierto nivel de dependencia y dirección. Esta es una cuestión que quizá en países como Estados Unidos, donde la legislación laboral es más flexible, no tenga las implicaciones que puede tener en países como en España, donde la figura del trabajador se ha venido encontrando con una mayor amparo y protección. Por otro lado, nos encontramos con el cumplimiento de obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte del mismo peer como resultado de su actividad económica, por ejemplo, su obligación de darse de alta como autónomo ante la Seguridad Social en el momento que este genere determinados ingresos anuales.

4. Protección de datos: El cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales siempre es un reto inherente a cualquier actividad digital, en la EC también se da dicha circunstancia. Los datos tienen especial importancia no solo para acreditar la veracidad de quien está detrás de la oferta de productos y servicios sino también para poder completar las transacciones que se realizan y que a veces son perfeccionadas directamente entre los usuarios al margen de la plataforma. En este último punto, surgen dos tipos de tratamientos de datos, en primer lugar el tratamiento de datos por parte de la plataforma y por otro el acceso a los datos de clientes por otros usuarios para realizar el servicio convenido. Finalmente, desde un punto de vista teórico, es interesante valorar el concepto de privacidad en actividades de la EC, la reputación, la confianza y la calidad de estos servicios, se fundamentan mayormente en mostrar y verificar que eres quien dices ser, habiéndose convertido este elemento en una piedra angular para el éxito de la EC. Esa necesaria verificación podría potencialmente chocar con la privacidad de los usuarios, al ser sus perfiles y la información que contienen en forma de datos personales y opiniones de terceros, una información que en ocasiones es necesario que sea pública para que el sistema funcione de la forma más eficiente, garantista y dinámica.

5. Régimen de responsabilidad: La figura del intermediario por definición no parece tener que responder de potenciales responsabilidades por infracciones, mal uso o daños por parte de los usuarios que hacen uso de una plataforma de carácter tecnológico, con lógica las empresas están incardinadas dentro de la figura del prestador de servicios de la sociedad de la información prevista en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sin embargo, el intermediario puede llegar a tener una posición de más responsabilidad por la actividad que realiza al incurrir en un mayor grado de control de la actividad de sus peers. Ello se puede traducir en consecuencia en una mayor asunción de responsabilidades en caso de que surjan problemas. Este aspecto relativo a la responsabilidad sin duda no es blanco y negro y requiere un análisis pormenorizado caso por caso. Es interesante la lectura de los términos y condiciones de las plataformas P2P para conocer cuál es su posición al respecto.

6. Licencias y autorizaciones: Diversos segmentos de la EC tienen concurrencia con sectores regulados sometidos a regímenes de autorización previa, sin que ello suponga que hablemos de actividades idénticas. Este es el caso de actividades de ride-sharing como las realizadas por Uber o Lyft; el arrendamiento turístico de primera vivienda por particulares como el caso de Airbnb o Alterkeys; o servicios de experiencias gastronómicas como las ofertadas por particulares en Eatwith o Meetmeals. Sin embargo, los regímenes de autorización y licencia existentes carecen de la flexibilidad y vigencia para modelos disruptivos, lo que les convierte en marcos normativos inaccesibles para aquellos segmentos de la EC que pudieran tener vinculación, es decir, aquellos basados en la prestación de servicios por particulares que no son realizados desde una estructura de negocio como la de una empresa.

Estos son algunos de los retos normativos más destacables vinculados a este movimiento, sin duda cada uno da para un análisis pormenorizado. Existen más aspectos legales, por ejemplo, aquellos relacionados con los pagos, casos de discriminación entre usuarios, seguros, régimen de propiedad de los bienes… invito a que los apuntéis y los comentemos.

Avanzar en el mejor encaje de los retos jurídicos anteriores y la economía colaborativa es una de las mejores formas de que esta se consolide. La autorregulación y las garantías que genera la reputación de los usuarios son dos elementos que ayudarán a ese acercamiento.