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Trabajos desde la UE sobre la economía colaborativa

De los debates y estudios existentes sobre las actuaciones a seguir para avanzar en adecuadas políticas públicas y regulación para la economía colaborativa suele concluirse que es desde la Unión Europea donde se pueden tomar decisiones adecuadas para favorecer el encaje de las actividades que abarca este modelo económico. Especialmente si consideramos que ciertos niveles de armonización regulatoria resultan fundamentales para actividades que se canalizan por medios digitales.

Precisamente, uno de los primeros organismos en impulsar un informe sobre el tema fue el Comité Económico y Social Europeo. Ente que en enero de 2014 emitió un Dictamen denominado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” que analizaba aspectos relacionados con riesgos y ventajas de los modelos P2P para los consumidores.

Tras dicho trabajo han seguido declaraciones diversas por parte las Comisión Europea sobre la necesidad de promover estos modelos de forma adecuada considerando sus beneficios para la competencia. Este fue el caso de las declaraciones de la ya ex-Vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, en contra de decisiones limitativas de servicios de ride-sharing en diversos países europeos.

Este 2015 el Comité de las Regiones (CoR) presentaba una serie de conclusiones preliminares sujetas a votación por tal organismo sobre la economía colaborativa con propuestas interesantes como:

“la economía colaborativa podría dar lugar a una nueva identidad económica, la de la persona que no desea actuar sola y que, en vez de guiarse por el ansia de maximizar sus propios intereses materiales, acompaña su comportamiento económico de un compromiso con la comunidad, actúa en la escena pública –política, económica y social– y entabla una relación con sus conciudadanos para velar por el interés común y general.” 

“parecen estar surgiendo cuatro modalidades diferentes de economía colaborativa:

  1. la «economía de acceso» (access economy), para aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler temporal en vez de una venta definitiva;
  2. la «economía de los trabajos ocasionales» (gig economy), para iniciativas basadas en trabajos esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital;
  3. la «economía inter pares» (collaborative economy), es decir, iniciativas que fomentan un enfoque inter pares, implican a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierten a los clientes en una comunidad;
  4. la «economía de puesta en común» (pooling economy) para aquellas iniciativas de propiedad o gestión colectiva;”

“los resultados de la evaluación de impacto de la economía colaborativa no son siempre positivos en términos de protección medioambiental, cohesión social, igualdad y justicia social, uso adecuado del suelo o gobernanza urbana”

Las conclusiones preliminares de dicho informe resultan de especial interés ya que se puede constatar una profundización importante sobre el tema y la identificación de oportunidades de mejora económica y social desde el ámbito público.

Committee of the Regions

A todo esto se suma el trabajo que desde la Comisión Europea se está haciendo dentro de la Estrategia de Mercado Único Digital. A finales de mes finaliza el plazo de consulta sobre el rol de las plataformas digitales con una especial atención al posicionamiento de los market place colaborativos y P2P, lo que anuncia un futuro cambio legislativo en el régimen de dichos actores. Podría ser que se revise el rol actual de algunos negocios digitales que se identifican como prestadores de servicios de la sociedad de la información de conformidad con la LSSI española y la Directiva vinculada.

 

Igualmente el Parlamento Europeo ha encargado informes a expertos sobre la economía colaborativa para medir su impacto económico y social así como para prever futuras medidas de encaje de sus actividades.

Finalmente es valioso el diálogo público-privado que se está haciendo desde el Joint Research Center de la Comisión con el próximo encuentro de expertos denominado “A vision for the EU ‘sharing economy’ – Exploring future economic transformations” así como la iniciativa de diversas empresas colaborativas llamada The European Collaborative Economy Forum. Grupo similar a los ya creados en España, Sharing España, y UK, SEUK, que está impulsando talleres en Bruselas con empresas y decisores públicos.

EU Collaborative Econony Forum

Se puede concluir que todas estas líneas de trabajo muestran la importancia de este modelo económico para las instituciones europeas. Por lo que este 2016 generará novedades desde el ámbito público. Sin embargo, también será necesario que tal variedad de actores trabajando en estos temas tengan una adecuada comunicación e intercambio de información para unificar criterios.

 

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Sharing Economy UK impulsa mecanismos de autorregulación

Hace unos días en Reino Unido se lanzaba un nuevo colectivo empresarial vinculado a la economía colaborativa con el nombre Sharing Economy UK – SEUK, su creación continua la tendencia de otros países, como es el caso de España con Sharing España, donde las organizaciones que operan en este entorno se organizan para tener una voz propia, explicar qué es la economía colaborativa (EC) y sus beneficios, así como defender sus intereses.

SEUK

El lanzamiento de SEUK, en el que actualmente hay 20 empresas, coincide con un interesante momento en UK a la vista de la posición tomada por el Gobierno de Cameron sobre la oportunidad que representa la EC. Precisamente esta semana el ejecutivo inglés daba respuesta oficial al informe de noviembre de 2014 realizado por Debbie Wosskow, CEO de Love Home Swap, donde se incluían diversas recomendaciones sobre cómo se debería favorecer la EC desde el ámbito público y privado.

Uno de los aspectos que SEUK ha abordado desde su lanzamiento ha sido la incorporación de un código de conducta aplicable a sus miembros con el que se pretende avanzar en uno de los temas más estratégicos para la EC, como es el impulso de sistemas de autorregulación para lograr resolver algunos de los problemas asociados a estas actividades y así conseguir un ecosistema más seguro para los agentes que operen en este. El citado código establece una serie de principios y valores por los cuales deben regirse las plataformas colaborativas que formen parte, entre los que destacaría:

1. Favorecer que las actividades de la EC operen dentro de la legislación y con estándares de compliance.

2. Trabajar para que las relaciones de las plataformas con los consumidores y usuarios sean honestas y de confianza. Asimismo que dichos usuarios puedan tener acceso al código de conducta a través de las mismas plataformas.

3. Trabajar para que las plataformas promuevan que sus usuarios presten los servicios y bienes observando todos los aspectos básicos de seguridad y de calidad exigibles.

4. Impulsar una actividad institucional proactiva de las empresas de SEUK para explicar la EC y sus beneficios.

5. Los miembros deben trabajar para integrar modelos eficientes de resolución de controversias entre usuarios, ayudando a mediar para la resolución de estos.

Es relevante que el código busque que las plataformas sean proactivas en trabajar con los usuarios para favorecer un entorno más seguro de actividad. Todo ello sin olvidar la particular posición de las plataformas en cuanto al control de la actividad que los usuarios realizan en estas, la que obviamente no puede ser totalmente fiscalizada por estas empresas al basarse en transacciones P2P.

5 aspectos legales relevantes en plataformas P2P

Cada modelo de actividad de plataformas P2P y marketplaces debe ser analizado desde muy diferentes ámbitos, los servicios de transporte, alojamientos, comercio electrónico o la restauración tienen legislaciones sectoriales específicas que lógicamente poco tienen que ver entre ellas. Sin embargo, dando asesoramiento a diversas start-ups que están desarrollando este tipo de plataformas, he identificado una serie de elementos comunes que con mayor o menor nivel de complejidad exigen ser bien definidos en los términos y condiciones de Apps y sitios Web de las empresas. En este post describo algunos:

Régimen de responsabilidad de la plataforma: Un aspecto en el que se incide especialmente es en reforzar el posicionamiento de la plataforma como no responsable de la actividad que sus usuarios realizan entre si dentro de dicha plataforma. Para ello se tiende a definir la posición de la empresa del modo siguiente:

“Es una plataforma tecnológica que de conformidad con Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico opera como prestador de servicios de la sociedad de la información.”

Entrar en la definición anterior precisamente refuerza esa idea de mero prestador de servicios (“portal informativo”) donde no se responde de la actividad de los peers a no ser que se haya informado previamente a la plataforma de una mala práctica conforme a los Términos y Condiciones de la empresa o una conducta ilícita.

No obstante pretender entrar por defecto en esa definición no es tan sencillo, especialmente cuando la plataforma tiene un mayor grado de dirección de la actividad. Igualmente la legislación, dependiendo del sector económico en el que opere la plataforma, también define a veces la figura de los intermediarios que pueden estar sometidos a un sistema de autorización previa o licencias que podrían ser exigidos a estas empresas.

Transacciones: La operativa de pagos de la plataforma puede ser también un tema complejo en el que esta deba asumir un mayor número de obligaciones en caso de que opere como pasarela de pagos. Para ello es importante prever un sistema de pagos adecuado para coordinar las transacciones donde se debe considerar por una parte, un proceso de devoluciones en el que la empresa no deba asumir cargos extra y por otra parte, observar la fiscalidad aplicable a los servicios objeto de transacción. Esto último es referido a las comisiones que obtiene la plataforma y a las obligaciones fiscales relativas a las transacciones entre peers, las que, en principio, son ajenas a la empresa que intermedia pero que, en mi opinión, es positivo el que se facilite información sobre la forma de cumplir con esa tributación. Un sistema interesante para simpificar lo anterior es usar proveedores B2B como Mango Pay para gestionar todos los pagos dentro de la plataforma que permiten que esta última reciba como único pago las comisiones que le corresponden.

– Relaciones jurídico-laborales: Otro aspecto relacionado con el régimen de responsabilidad antes descrito es el interés de desvincular la posición del intermediario respecto a la dirección de las tareas que desempeñen los usuarios. El determinar, fiscalizar y limitar en exceso la forma en que un usuario puede operar en la plataforma, por ejemplo determinando precios o servicios mínimos a prestar, así como la recurrencia con la que este opere puede aumentar los fundamentos para entender que existe una potencial vinculación laboral y no meramente mercantil. Este, precisamente, es un elemento capital para las plataformas que facilitan la oferta de servicios por particulares o profesionales a terceros interesados.

– Sistema de resolución de controversias: Aunque no obligado, la posición de la plataforma le permite poder mediar en aquellos problemas surgidos en la actividad entre peers y así incrementar la calidad del servicio. Por ello es habitual poder diseñar un procedimiento opcional para los usuarios a fin de que la plataforma ayude a proponer una solución a un conflicto. Dicho sistema se describe normalmente subrayando a los usuarios que, por un lado, es accesorio a sistemas ordinarios de resolución de controversias (sistemas de arbitraje de consumo o procedimientos ante tribunales) y, por otro, que la propuesta de solución de la plataforma a los usuarios es opcional para las partes y no vinculate.

– Protección de datos: Los temas de privacidad son recurrentes en cualquier negocio online sin embargo en el ámbito colaborativo/P2P se hace necesario también un acceso a los datos de usuarios por otros usuarios para que los servicios y/o transacciones se completen adecuadamente. Aunque se trata de un acceso por terceros necesario para lograr completar la finalidad por la que la plataforma recabo los datos personales del usuario, es importante regularlo en las políticas de privacidad de esta.

Junto con los anteriores existen otros aspectos relevantes que suelen ser objeto de análisis, por ejemplo; el encaje de la legislación de consumidores o si es posible el uso de sistemas como “Confianza Online“, el que las empresas se planteen contratar pólizas de seguro para reforzar la calidad y confianza de su mercado, el buscar una jurisdicción competitiva desde la que operar alternativa a la española o el diseño de una adecuada política de cancelaciones, especialmente en el ámbito de alquiler de espacios o intercambio de alojamientos.

Consulta pública sobre la Economía Colaborativa

La CNMC continúa analizando la economía colaborativa y aquellos nuevos modelos de prestación de servicios basados en tecnologías de la información relacionados con esta. En este sentido ha acordado realizar un estudio en profundidad sobre este movimiento y para ello acaban de lanzar un interesante trámite de consulta pública para que los interesados puedan aportar información y recomendaciones.

La CNMC justifica la realización del estudio indicando que, “es indudable que este aumento en la oferta y la variedad de los productos y servicios representa una oportunidad desde el punto de vista de la competencia y, por tanto, del aumento del bienestar de los consumidores.”

La consulta iniciada ayer abre un plazo de recepción de recomendaciones hasta el día 27 de noviembre. Esta representará la primera de tres etapas previstas para la realización del mencionado estudio:

ETAPA 1. Objetivos públicos que persigue la regulación

Análisis de los principios de necesidad y proporcionalidad en los que se debería fundamentar la regulación de los sectores económicos; y el planteamiento de la posible justificación de la regulación existente en los dos sectores de referencia elegidos.

Plazo de envío de respuestas: 27 de noviembre de 2014

ETAPA 2. Efectos de los nuevos modelos económicos sobre el mercado y la regulación

Análisis de los principales efectos que, para el consumidor y el interés general, generan los nuevos modelos de prestación de servicios. Efectos de estos nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

ETAPA 3. Nuevos modelos y regulación

Análisis de la adecuación de la regulación a las nuevas circunstancias del mercado, como consecuencia de los efectos generados por los nuevos modelos y de los cambios regulatorios necesarios para dar cabida de forma competitivamente adecuada a las nuevas actividades económicas. Adecuación de la regulación a los nuevos modelos en los dos sectores de referencia elegidos.

Precisamente la pasada semana OuiShare organizaba en Barcelona un encuentro para analizar aspectos legales y fiscales relacionados con la economía colaborativa. Foro en el que abogados, emprendedores y particulares debatieron y buscaron respuestas sobre como operar de la forma más adecuada en las actividades de la economía colaborativa.

OuiShare ES - Reflexiones sobre la Economía Colaborativa

Economía colaborativa en el Parlament de Cataluña

El diputado por el Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Santi Rodríguez, intervino el pasado 16 de octubre en una sesión parlamentaria para hablar de la economía colaborativa y las actividades P2P. En su intervención mencionó diversos ejemplos de esta actividad así como los beneficios y necesidades que supone. Un planteamiento interesante y constructivo que incide en la idea de regular estas actividades para que se integren con garantías en el marco jurídico existente, ayudando al desarrollo económico y al impulso de la competitividad del país.

Además en su blog NoNomésLletres el diputado habla igualmente de este tema y de la Comisión de Estudio que se pretende crear en el Parlament para analizar la economía colaboratiiva siguiendo una propuesta de ERC.

A esta posición se suma el anuncio del Conseller, Felip Puig, el pasado 14 de octubre sobre la intención de la Generalitat de regular la economía colaborativa. Veamos como avanzan todas estas iniciativas considerando un potencial adelanto electoral.

6 Retos Legales para la Economía Colaborativa

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Algunos segmentos de actividad que abarca la economía colaborativa (EC) están afrontando en España dificultades para consolidar sus servicios en esta jurisdicción, lo que podría implicar potenciales riesgos como una posible prohibición o la aprobación de regulaciones rígidas y restrictivas que los lleve directamente a la inviabilidad. El surgimiento de estos conflictos no parece estar planteándose por el momento desde una lógica de encaje normativo e interés público sino más bien como consecuencia de las exigencias de sectores concretos que ven un impacto negativo en sus cuotas de mercado.

Junto a lo anterior, debido a la innovación tecnológica y de consumo que implican las diversas actividades P2P de la EC, concurren retos jurídicos concretos que deben ser evaluados por parte de las empresas, usuarios y, sin duda, por los poderes públicos para poder dinamizar e incorporar este movimiento a nuestro entorno. De dichos retos o problemas dan cuenta dos artículos publicados en sitios Web anglosajones como el Boston Law Journal y Lexology, mostrando ambos textos que los aspectos legales por clarificar son concurrentes en jurisdicciones varias como la española. Como en otras actividades económicas, las cuestiones normativas son múltiples, seguidamente hago un breve resumen de 6 de estas:

1. Consumidores y usuarios: el intercambio de bienes y servicios en plataformas P2P supone un cambio en el esquema actual de la normativa de consumidores y usuarios, circunstancia que no significa que este tipo de actividades impliquen una falta de seguridad y de protección del consumidor. La EC innova en esta materia por dos razones; en primer lugar porque la figura del consumidor cambia, ya que esta se refuerza pasando de ser una figura receptora de forma unilateral de bienes y servicios a ser consumidor y productor de bienes y servicios al mismo tiempo, lo que llamamos “peer”. Asimismo, en segundo lugar, la normativa de consumidores se complementa con la reputación, es decir, los requerimientos y garantías en materia de consumidores son completados por la reputación que el peer obtiene en las plataformas donde opera, la que funciona como garante de la calidad del servicio, es decir, si el usuario opera con malas prácticas sale del sistema, lo que representa la mayor sanción posible en un entorno de confianza. Ante las voces que alegan la falta de garantías de los servicios P2P habría que valorar por qué estos servicios están mostrando una cada vez mayor demanda y un crecimiento continuado.

Recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado unas interesantes recomendaciones sobre el consumo de bienes y servicios a través de plataformas de la EC,  en estas se plantea la necesidad de favorecer el desarrollo de estos modelos de actividad garantizando a su vez los derechos de los consumidores. Destacable es que se subraye la necesidad de buscar vías de coexistencia entre modelos de consumo clásicos y colaborativos.

Ocu

2. Fiscalidad: la realización de una actividad económica debe cumplir con las obligaciones en materia tributaria que les sea de aplicación. La EC tiene en este ámbito uno de sus mayores retos, circunstancia que está sirviendo de crítica por parte de sectores empresariales tradicionales. A nivel fiscal encontramos dos niveles en este movimiento; las empresas que actúan como plataformas sometidas a la fiscalidad que sea de aplicación a cualquier compañía en base al impuesto de sociedades y demás tributos aplicables y; en un segundo nivel, la fiscalidad aplicable a la actividad realizada por los usuarios. Esta última es una cuestión clave ya que son los usuarios quienes, dependiendo del tipo y volumen de actividad que realizan deberán tributar por IVA, IRPF, tasas aplicables e, incluso, impuesto de sociedades. En ocasiones se apunta a las empresas como responsables del incumplimiento de este segundo nivel relacionado con los peers y su actividad, algo erróneo si consideramos que las plataformas operan como intermediarios que instrumentalizan la puesta en contacto de personas para que puedan realizar transacciones, por lo que no pueden, ni deben, ser responsables del cumplimiento de obligaciones de esas personas que las utilizan. A pesar que en ocasiones son los propios usuarios quienes omitan voluntariamente el deber de liquidar los impuestos, es manifiesta la rigidez y complejidad de la normativa tributaria en el ámbito de la micro-emprendeduría y del micro-empleo, figuras que por su definición acostumbran a concurrir con la actividad que realizan la mayor parte de los peers y que a nivel tributario no están bien desarrolladas. Un ejemplo de esa complejidad y lejanía se puede plantear haciéndonos la pregunta, ¿un particular que alquila su vivienda habitual determinados días al año y que hace de guía turístico en las fiestas de la Mercè de Barcelona a través de Trip4real o Sherpandipity deberá pagar tasas turísticas de la ciudad, IVA, IAE, impuesto de sociedades…?

En ocasiones se alega que la EC fomenta la economía sumergida, obviándose que el entorno digital puede generar el efecto contrario, como es que gracias a la trazabilidad de las transacciones (algo que no es tan sencillo en un entorno offline) se pueda tener un mayor control tributario de la actividad de los usuarios en las plataformas. Lo paradójico es que las autoridades fiscales tienen ante si unos inesperados aliados tecnológicos que pueden ayudarle al control y recaudación de las actividades que facilitan entre particulares, algo que ya se está viendo en sectores como el juego digital gracias a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de ordenación del juego o por ejemplo, en otros países, se ha visto recientemente en la ciudad de San Francisco con la nueva normativa de alojamientos turísticos entre particulares donde las plataformas deberán ingresar la tasa hotelera aplicable.

3. Legislación laboral: la EC plantea cuestiones en dos ámbitos de la normativa laboral. Por un lado cómo calificar la relación de la plataforma con sus peers, aunque las empresas funcionen generalmente como intermediarios que instrumentan sus relaciones con sus usuarios como un acuerdo mercantil, en ocasiones se puede dar cierto grado de dirección y control por parte de las empresas que puede abrir la puerta a estimar que existe una relación con cierto nivel de dependencia y dirección. Esta es una cuestión que quizá en países como Estados Unidos, donde la legislación laboral es más flexible, no tenga las implicaciones que puede tener en países como en España, donde la figura del trabajador se ha venido encontrando con una mayor amparo y protección. Por otro lado, nos encontramos con el cumplimiento de obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte del mismo peer como resultado de su actividad económica, por ejemplo, su obligación de darse de alta como autónomo ante la Seguridad Social en el momento que este genere determinados ingresos anuales.

4. Protección de datos: El cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales siempre es un reto inherente a cualquier actividad digital, en la EC también se da dicha circunstancia. Los datos tienen especial importancia no solo para acreditar la veracidad de quien está detrás de la oferta de productos y servicios sino también para poder completar las transacciones que se realizan y que a veces son perfeccionadas directamente entre los usuarios al margen de la plataforma. En este último punto, surgen dos tipos de tratamientos de datos, en primer lugar el tratamiento de datos por parte de la plataforma y por otro el acceso a los datos de clientes por otros usuarios para realizar el servicio convenido. Finalmente, desde un punto de vista teórico, es interesante valorar el concepto de privacidad en actividades de la EC, la reputación, la confianza y la calidad de estos servicios, se fundamentan mayormente en mostrar y verificar que eres quien dices ser, habiéndose convertido este elemento en una piedra angular para el éxito de la EC. Esa necesaria verificación podría potencialmente chocar con la privacidad de los usuarios, al ser sus perfiles y la información que contienen en forma de datos personales y opiniones de terceros, una información que en ocasiones es necesario que sea pública para que el sistema funcione de la forma más eficiente, garantista y dinámica.

5. Régimen de responsabilidad: La figura del intermediario por definición no parece tener que responder de potenciales responsabilidades por infracciones, mal uso o daños por parte de los usuarios que hacen uso de una plataforma de carácter tecnológico, con lógica las empresas están incardinadas dentro de la figura del prestador de servicios de la sociedad de la información prevista en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sin embargo, el intermediario puede llegar a tener una posición de más responsabilidad por la actividad que realiza al incurrir en un mayor grado de control de la actividad de sus peers. Ello se puede traducir en consecuencia en una mayor asunción de responsabilidades en caso de que surjan problemas. Este aspecto relativo a la responsabilidad sin duda no es blanco y negro y requiere un análisis pormenorizado caso por caso. Es interesante la lectura de los términos y condiciones de las plataformas P2P para conocer cuál es su posición al respecto.

6. Licencias y autorizaciones: Diversos segmentos de la EC tienen concurrencia con sectores regulados sometidos a regímenes de autorización previa, sin que ello suponga que hablemos de actividades idénticas. Este es el caso de actividades de ride-sharing como las realizadas por Uber o Lyft; el arrendamiento turístico de primera vivienda por particulares como el caso de Airbnb o Alterkeys; o servicios de experiencias gastronómicas como las ofertadas por particulares en Eatwith o Meetmeals. Sin embargo, los regímenes de autorización y licencia existentes carecen de la flexibilidad y vigencia para modelos disruptivos, lo que les convierte en marcos normativos inaccesibles para aquellos segmentos de la EC que pudieran tener vinculación, es decir, aquellos basados en la prestación de servicios por particulares que no son realizados desde una estructura de negocio como la de una empresa.

Estos son algunos de los retos normativos más destacables vinculados a este movimiento, sin duda cada uno da para un análisis pormenorizado. Existen más aspectos legales, por ejemplo, aquellos relacionados con los pagos, casos de discriminación entre usuarios, seguros, régimen de propiedad de los bienes… invito a que los apuntéis y los comentemos.

Avanzar en el mejor encaje de los retos jurídicos anteriores y la economía colaborativa es una de las mejores formas de que esta se consolide. La autorregulación y las garantías que genera la reputación de los usuarios son dos elementos que ayudarán a ese acercamiento.