Etiquetado: Derecho

Innovar también en la regulación

¿Podemos hablar de una regulación económica de la llamada economía colaborativa y de otras tendencias digitales emergentes que sea más flexible sin parecer a la vez neoliberales que defienden la mera desregulación de mercados? Este es un dilema habitual cuando en foros diversos, buscando un marco competitivo y eficiente para determinados sectores productivos, se habla de nuevas formas de regular que complementen o mejoren el modelo normativo de boletines oficiales, procesos administrativos rudimentarios y de prolija legislación que conocemos.

El porqué de esta pregunta se debe a que actividades económicas diversas han vivido un proceso de inclusión digital donde la información generada resulta de fácil acceso y procesamiento. De este modo, disponer de esa información no solamente sirve para poder tomar decisiones de gestión de un negocio, sino también para validar y monitorizar a las empresas y mercados desde el punto de vista de las administraciones.

COLABORAR CON LA AUTORIDAD

La era de la información no excluye al derecho de su ámbito de influencia. Las plataformas digitales permiten un control de cumplimiento normativo que hace unos años era inimaginable para la Administración pública.

Esta idea abstracta podemos explicarla en la actualidad con supuestos concretos: plataformas como Airbnb [donde particulares y profesionales alquilan pisos, casas y/o habitaciones] han subscrito acuerdos con algunas ciudades —por ejemplo, Amsterdam o San Francisco— para intercambiar información y recaudar determinadas tasas. Uber [la plataforma que ha soliviantado a los taxistas de todos el mundo] ya comparte información con autoridades en materia de movilidad o trabaja con la autoridad fiscal de Estonia. En España, el Ministerio de Hacienda accede en tiempo real a la actividad entre los operadores de juego online y sus jugadores.

EL SISTEMA DE LICENCIA PREVIA

Junto a fórmulas de colaboración público-privada y gestión de información, nos encontramos con el replanteamiento de determinada legislación económica estructurada en sistemas de autorización y licencia previa.

Tales procedimientos, que están fundamentados, entre otras razones, en reducir el impacto negativo de la asimetría informativa existente entre los consumidores y los usuarios respecto a las empresas con las que éstos interactúan, tienen un serio competidor en determinadas técnicas de reputación y evaluación digital para la adquisición de bienes y servicios a través de Internet. Se trata de técnicas en constante innovación, que a día de hoy ya son instrumentos eficaces para asegurar la confianza, seguridad y protección de los consumidores.

Precisamente el debate sobre la oportunidad de regular a través de datos y de soluciones digitales está tomando protagonismo con la expansión de servicios de la economía colaborativa, ya que gran parte de la interacción económica P2P, la interacción entre ciudadanos, queda en una zona gris donde la regulación sectorial, fiscal y laboral es poco equilibrada y eficiente. Esta situación no es nueva, ya que la tecnología e innovación social y económica suelen ser ordenadas en ocasiones con normas anticuadas de difícil encaje.

No podemos obviar que un sistema de regulación que esté basado en el procesamiento de datos puede generar un poder omnímodo para las Administraciones públicas. De hecho, algunas administraciones hace tiempo que lo ejercitan, por lo que la nueva regulación parece, paradojicamente, llevarnos a tener que establecer un marco legislativo claro de tratamiento de información por parte los agentes públicos que pase por una estricta observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

REFLEXIÓN DE LOS REGULADORES

Los reguladores se encuentran en consecuencia no sólo ante la necesidad de dar encaje al mundo de la tecnología e información, sino también de pensar si su labor política y legislativa debe ser revisada considerando la naturaleza descentralizada y compleja de este entorno.

Parece necesario un cambio de visión sobre el objeto regulado y la interacción del legislador con lo que se regula, especialmente si consideramos que en diversos sectores se ha pasado de un modelo industrial centralizado, con sus estructuras clásicas de organización, a un modelo de comunidades en red que abarcan datos de infinidad de agentes económicos heterogéneos.

Plataformas de compraventa como Ebay y Etsy; otras de servicios, como Glovo y TaskRabbit; o bien de microfinanciación (crowdfunding) como Kickstarter y Lending Club, son un claro ejemplo de ello.

Este artículo fue publicado en el número 31 de Alternativas Económicas, diciembre 2015.

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Laboralidad en plataformas de servicios P2P

El reconocimiento de relaciones jurídico laborales entre los usuarios que prestan servicios con ánimo de lucro en plataformas P2P y las empresas titulares de estas últimas se ha convertido en uno de los grandes debates de la economía colaborativa, llegando incluso a ser planteado como el tema clave que condicionará la viabilidad futura de los modelos colaborativos u on-demand.

Las normas sectoriales de la actividad en la que se mueva una plataforma son un elemento importante para entrar en la discusión sobre laboralidad, este es el caso de los servicios de transporte o de micro-tareas. Particularmente, Uber, se le quiera o no en el espectro de la economía colaborativa, está siendo la punta de lanza procesal en materia laboral sin ello suponer que otras tantas plataformas de servicios sean ajenas a esta cuestión. De hecho, en los últimos meses, plataformas colaborativas en Estados Unidos como Instacart, Shyp o Kitchensurfing han tomado la iniciativa de pasar a régimen laboral a algunos de sus usuarios quienes hasta el momento eran independientes.

Así, en el caso de Uber, durante los últimos meses hemos conocido una resolución judicial de un Tribunal californiano que reconocía la relación de laboralidad de una conductora con la empresa, y en España, el área de Inspección de Trabajo de la Generalitat de Cataluña también identificaba una relación de dependencia en un informe (que me conste no público) sobre Uber Pop. Ambos casos parecen que han sido determinantes para que se hable sin matices de que los conductores que operan en la plataforma son empleados de Uber.

No obstante lo anterior, y sin ánimo de mostrar una visión que defienda la mercantilidad en detrimento de la laboralidad y de sus derechos asociados, es importante aclarar que en Estados Unidos no ha habido una única resolución sobre este tema, otros tribunales, 5 en concreto, han dado la razón a Uber respecto a la relación con sus conductores. Asimismo, el Gobierno belga informaba hace unos días que tras un estudio de la operativa de esta plataforma no consideran la existencia de un vínculo laboral.

La determinación de la existencia de una relación de dependencia suele hacerse, sin querer entrar en una análisis doctrinal, en base a la concurrencia de una serie de factores, algo así como el ir sumando puntos hasta llegar al nivel exigido para que exista un contrato por cuenta ajena. Por ejemplo en Estados Unidos existe un test de factores para la determinación de una relación mercantil o laboral, el llamado IRS 20 Factor Test, en el que para identificar el vínculo empleado/empleador se analizan, por ejemplo, si hay una relación continuada, exigencia de dedicación plena o el proveer herramientas de trabajo y materiales. Sistema que, según diversos expertos, está anticuado para ser aplicado en este tipo de actividades por medios digitales.

La suma de factores es habitual encontrarla también en jurisdicciones como la española al ser aplicado por los Juzgados de lo Social, siendo la nota de dependencia el factor más relevante. Esta es definitoria para que se entienda qué es una relación mercantil de prestación de servicios donde la persona opera por cuenta propia, a su riesgo y ventura. Algunas de las notas propias de la dependencia son; la asistencia regular a un lugar designado por el empresario, el determinar una jornada laboral así como de un horario, uniforme de la empresa, fijar el período de vacaciones o delimitar y asignar zonas de actividad. Factores que analizando por ejemplo la operativa Uber Pop, no concurren.

Igualmente en España nos podemos encontrar con la figura del TRADE, trabajador autónomo económicamente dependiente, que no supone trabajar por cuenta ajena pero que prevé una serie de derechos adicionales como consecuencia de que el profesional que contrata con la empresa genere al menos un 75% de sus ingresos a partir de esa relación. Situación que es previsible vaya a darse en bastantes casos de personas que generen ingresos a través de plataformas P2P, ya que, entre otros motivos, acabará habiendo empresas líderes que concentren gran parte del volumen de oferta para conseguir ingresos.

La ausencia de laboralidad forma parte del posicionamiento de las plataformas como meros intermediarios no responsables de la actividad que facilitan entre sus usuarios. Justificación que por el momento se ampara en la normativa de sociedad de la información y comercio electrónico y que, en mi opinión, en un futuro no muy lejano será replanteada. La razón, por un lado, al trabajo de la Comisión Europea en la estrategia de Mercado Único Digital, donde se prevé una nueva regulación de las plataformas, y por otro, la necesidad de algunos marketplaces en implicarse más en la actividad de sus usuarios, dándoles más servicios, garantías o, directamente, contratándolos, tal y como apuntaba anteriormente.

Los nuevos modelos colaborativos y P2P están mostrando que determinada legislación no encaja exactamente en las actividades que engloban, el caso de la normativa laboral es también aplicable, ya que en muchos casos nos encontramos ante nuevas formas de trabajo donde incluso los usuarios que las realizan evitan la dependencia y vinculación de un trabajo clásico. Toda una transición del sistema que hemos venido conociendo que también se plantea de forma general en otros ámbitos de la economía digital.

5 aspectos legales relevantes en plataformas P2P

Cada modelo de actividad de plataformas P2P y marketplaces debe ser analizado desde muy diferentes ámbitos, los servicios de transporte, alojamientos, comercio electrónico o la restauración tienen legislaciones sectoriales específicas que lógicamente poco tienen que ver entre ellas. Sin embargo, dando asesoramiento a diversas start-ups que están desarrollando este tipo de plataformas, he identificado una serie de elementos comunes que con mayor o menor nivel de complejidad exigen ser bien definidos en los términos y condiciones de Apps y sitios Web de las empresas. En este post describo algunos:

Régimen de responsabilidad de la plataforma: Un aspecto en el que se incide especialmente es en reforzar el posicionamiento de la plataforma como no responsable de la actividad que sus usuarios realizan entre si dentro de dicha plataforma. Para ello se tiende a definir la posición de la empresa del modo siguiente:

“Es una plataforma tecnológica que de conformidad con Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico opera como prestador de servicios de la sociedad de la información.”

Entrar en la definición anterior precisamente refuerza esa idea de mero prestador de servicios (“portal informativo”) donde no se responde de la actividad de los peers a no ser que se haya informado previamente a la plataforma de una mala práctica conforme a los Términos y Condiciones de la empresa o una conducta ilícita.

No obstante pretender entrar por defecto en esa definición no es tan sencillo, especialmente cuando la plataforma tiene un mayor grado de dirección de la actividad. Igualmente la legislación, dependiendo del sector económico en el que opere la plataforma, también define a veces la figura de los intermediarios que pueden estar sometidos a un sistema de autorización previa o licencias que podrían ser exigidos a estas empresas.

Transacciones: La operativa de pagos de la plataforma puede ser también un tema complejo en el que esta deba asumir un mayor número de obligaciones en caso de que opere como pasarela de pagos. Para ello es importante prever un sistema de pagos adecuado para coordinar las transacciones donde se debe considerar por una parte, un proceso de devoluciones en el que la empresa no deba asumir cargos extra y por otra parte, observar la fiscalidad aplicable a los servicios objeto de transacción. Esto último es referido a las comisiones que obtiene la plataforma y a las obligaciones fiscales relativas a las transacciones entre peers, las que, en principio, son ajenas a la empresa que intermedia pero que, en mi opinión, es positivo el que se facilite información sobre la forma de cumplir con esa tributación. Un sistema interesante para simpificar lo anterior es usar proveedores B2B como Mango Pay para gestionar todos los pagos dentro de la plataforma que permiten que esta última reciba como único pago las comisiones que le corresponden.

– Relaciones jurídico-laborales: Otro aspecto relacionado con el régimen de responsabilidad antes descrito es el interés de desvincular la posición del intermediario respecto a la dirección de las tareas que desempeñen los usuarios. El determinar, fiscalizar y limitar en exceso la forma en que un usuario puede operar en la plataforma, por ejemplo determinando precios o servicios mínimos a prestar, así como la recurrencia con la que este opere puede aumentar los fundamentos para entender que existe una potencial vinculación laboral y no meramente mercantil. Este, precisamente, es un elemento capital para las plataformas que facilitan la oferta de servicios por particulares o profesionales a terceros interesados.

– Sistema de resolución de controversias: Aunque no obligado, la posición de la plataforma le permite poder mediar en aquellos problemas surgidos en la actividad entre peers y así incrementar la calidad del servicio. Por ello es habitual poder diseñar un procedimiento opcional para los usuarios a fin de que la plataforma ayude a proponer una solución a un conflicto. Dicho sistema se describe normalmente subrayando a los usuarios que, por un lado, es accesorio a sistemas ordinarios de resolución de controversias (sistemas de arbitraje de consumo o procedimientos ante tribunales) y, por otro, que la propuesta de solución de la plataforma a los usuarios es opcional para las partes y no vinculate.

– Protección de datos: Los temas de privacidad son recurrentes en cualquier negocio online sin embargo en el ámbito colaborativo/P2P se hace necesario también un acceso a los datos de usuarios por otros usuarios para que los servicios y/o transacciones se completen adecuadamente. Aunque se trata de un acceso por terceros necesario para lograr completar la finalidad por la que la plataforma recabo los datos personales del usuario, es importante regularlo en las políticas de privacidad de esta.

Junto con los anteriores existen otros aspectos relevantes que suelen ser objeto de análisis, por ejemplo; el encaje de la legislación de consumidores o si es posible el uso de sistemas como “Confianza Online“, el que las empresas se planteen contratar pólizas de seguro para reforzar la calidad y confianza de su mercado, el buscar una jurisdicción competitiva desde la que operar alternativa a la española o el diseño de una adecuada política de cancelaciones, especialmente en el ámbito de alquiler de espacios o intercambio de alojamientos.

La Economía Híbrida en el libro, Vivir Mejor con Menos

En 2013 tuve mi primer acercamiento a la economía colaborativa (EC) como consecuencia de un proyecto profesional en el que me involucré. Sin duda resultó un revulsivo por motivos tanto personales, conocer nuevos modelos para mejorar nuestro entorno, como profesionales, las implicaciones regulatorias y de política pública que estas actividades digitales tienen mucho que ver con mi trabajo.

Con el interés de saber más sobre estas actividades económicas asistí a un evento en Madrid donde contacté con Albert Cañigueral, creador del portal ConsumoColaborativo.com, quien participaba hablando de la EC. De dicho contacto tuve la suerte de conocer tanto a Albert como a muchos expertos en este ámbito de la comunidad OuiShare con la que acabé vinculandome.

Lo anterior es un resumen breve de mi experiencia y trayectoria en todo este entorno. Y precisamente de eso va un poco el libro “Vivir mejor con menos” publicado por Albert a finales de 2014 con la editorial de Random House Mondadori, Conecta, de cuyo título no soy fan 100% ya que corre el riesgo de que algún librero despistado lo sitúe en una sección de libros de auto-ayuda con la consecuente pérdida de lectores interesados en muchos temas que abarca como economía, ciudadanía, innovación y sociedad de la información. Como decía, el libro comienza con la propia experiencia personal de Albert a lo largo de diversos años y  como llega a incorporar en su día a día la EC y los planteamientos de la cultura de bienes y conocimiento libre y abierto. Dicha contextualización personal es un punto útil de inicio para explicar de forma práctica y sencilla de que va todo este movimiento con datos, nombres de empresas, descripción de las actividades que engloba… es decir una explicación práctica y cercana para entender de que va la economía del compartir y de la colaboración.

En “Vivir mejor con menos”, Albert explica que la EC representa un cambio hacia una economía híbrida, “en parte capitalista y en parte colaborativa donde los dos sistemas económicos a menudo trabajan juntos y a veces compiten”. Un planteamiento  constructivo y realista de la proyección de este modelo económico cuyas novedades conceptuales se contraponen a la economía y modelos de consumo que hemos vivido los últimos 50 años, algo que explica bien el siguiente esquema incluido en el libro:

Yo———————————-Nosotros
Propiedad————————–Acceso
Global——————————-Local
Centralización———————-Distribución
Competición————————Colaboración
Compañía—————————Personas
Consumidor————————-Productor
Publicidad—————————-Comunidad
Crédito——————————Reputación
Dinero——————————-Valor
B2B———————————–P2P
             Hiperconsumo——————–Economía Colaborativa

Junto con lo anterior el libro resalta aspectos que creo fundamentales de esta tendencia al analizarse los beneficios ambientales y de interacción social que la EC ayuda a potenciar, elementos que resultarán determinantes para que los poderes públicos pongan en valor la oportunidad que los modelos colaborativos y P2P pueden tener para la sociedad.

Desde su publicación el libro ha tenido reseñas diversas y una amplia difusión, a lo que se suma que ya está accesible libre y online bajo licencia Creative Commons.

En resumen, “Vivir mejor con menos” es la primera obra editorial de referencia sobre la EC en español, algo que venía haciendo falta. SEGUIMOS!

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Información de interés acerca de la economía colaborativa para el sector público

OuiShare con la colaboración de Sharing España han recopilado una importante colección de informes y artículos relativos a la economía colaborativa como recurso informativo para los poderes públicos interesados en el análisis de esta.

Para ello se ha creado en la OUIKI de OuiShare este interesante índice de contenidos que abarcan muchos de los temas que están siendo objeto de debate desde el ámbito público, tanto a nivel de retos regulatorios como aquellos beneficios sociales, económicos y ambientales que pueden ayudar a la consecución de políticas públicas relacionadas:

Sharing España

Útil recurso para un momento como el actual en el que la CNMC ha impulsado una consulta sobre la EC, se han anunciado iniciativas regulatorias relacionadas y en el Congreso de los Diputados se quiere avanzar en la creación de una Subcomisión de estudio del tema, en línea con la ya constituida en el Parlament de Cataluña.

La Hora de la Regulación del Crowdfunding

El anuncio de la regulación del crowdfunding el pasado marzo generó cierto ruido en la opinión pública por la novedad y por percibirse como una posible limitación a un canal de acceso a financiación que, encuadrado en la economía colaborativa, podría convertirse en una valiosa vertical adicional al sector bancario tradicional.

El crowdfunding no es un concepto homogéneo ya que abarca varias clases de financiación, siendo las que se prevé regular aquellas en las que el inversor tiene un retorno monetario. Esta regulación se realizará próximamente en España mediante su inclusión en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, normativa que incidirá en la normalización del crowdfunding y en la seguridad jurídica para las partes. Precisamente la Unión Europea, aun sin querer impulsar una legislación europea específica, considera que el crowdfunding tiene un impacto socioeconómico muy positivo al contribuir a un modelo de crecimiento económico sostenible y abierto.

La norma que está elaborando el Ministerio de Economía persigue a nivel general avanzar en la reducción de la falta de financiación que las empresas y particulares vienen sufriendo en España, siendo en su Título V denominado “Régimen Jurídico de las Plataformas de Financiación Participativa” donde se establecen requerimientos a dos categorías de crowdfunding; aquella donde el sujeto inversor tiene un retorno en equity o participaciones societarias de un proyecto, conocido como equity crowdfunding, y aquella en el que se obtienen determinados intereses por prestar dinero, denominado crowdlending o préstamos P2P. Excluyéndose tipologías colaborativas como en las que los inversores únicamente reciben una recompensa no lucrativa.

El Anteproyecto, junto a la regulación de los requerimientos exigibles a las plataformas, las prohibiciones o el régimen de control por la CNMC y el Banco de España, establece importes máximos a las aportaciones de los inversores. Este último elemento es importante ya que, a pesar de que el crowdfunding todavía no ha alcanzado cifras relevantes (según “ConsumoColaborativo.com” a día de hoy ningún proyecto español de crowdfunding ha superado el millón de euros), el establecimiento de límites legales puede afectar a su consolidación y en especial a proyectos financiados por equity crowdfunding. Concretamente un inversor sólo podrá destinar hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos de una misma plataforma. Restricciones a las que suma el límite de un millón de euros que un proyecto puede captar. Estos últimos elementos están siendo abordados de modo activo desde la Asociación Española de Crowdfunding para su flexibilización, organización que defiende un marco normativo más próximo al de países como Reino Unido.

Así, tras una consulta pública y reuniones de las partes afectadas con el regulador, el Gobierno precisaba el pasado mayo que el crowdfunding no estaría limitado para inversores profesionales pudiendo estos sobrepasar los límites antes citados. A lo que se suma la posibilidad, todavía no anunciada de manera oficial, de que se pueda incrementar el importe máximo de captación de fondos por proyecto del millón a los dos millones. Precisamente, será relevante ver, en la futura norma, qué se entenderá por inversor no profesional (minorista) y por profesional, puesto que sería negativo excluir en esta última acepción a aquellos particulares con conocimientos y patrimonio suficientes que puedan realizar inversiones por encima de los límites apuntados.

Asimismo son relevantes las limitaciones en la publicitación de los proyectos así como los requerimientos que a nivel informativo se exigirán a las plataformas y a los proyectos, considerando que estos últimos, según el Anteproyecto, deberán tener información suficiente como para permitir a un inversor medio emitir un juicio fundado para decidir si invierte en estos.

Es de prever que hasta la aprobación de la Ley, que debería ser a lo largo de los próximos seis meses, vaya mejorándose el articulado para así favorecer este canal de financiación, minorando a su vez la tradicional dependencia que hay en España a la financiación bancaria. Del mismo modo, habrá que ver si la esperada nueva Ley de Mecenazgo incorpora y fomenta el crowdfunding, especialmente los proyectos apoyados en donaciones, como herramienta para canalizar la financiación de actividades de mecenazgo.

[Este artículo forma parte del Número 17 de Alternativas Económicas publicado en septiembre, que se encuentra en quioscos, librerías y en  App para tablets.]

Alternativas Económicas

Revista de prensa: Debate regulatorio en torno a la economía colaborativa en España

Ingente cantidad de artículos sobre economía colaborativa (“EC”) en medios españoles en los que se habla, entre otras cuestiones, acerca de posiciones críticas y aperturistas hacía el movimiento, la oportunidad de mejora que representa, opiniones sobre su incorporación al marco normativo, críticas desde sectores económicos concurrentes, puesta en valor de la eficiencia e impacto ecológico que genera… Publicaciones de las que se pueden extraer, entre otras, dos ideas interesantes, en primer lugar la actualidad y dimensión de este movimiento en España y la cobertura mediatica resultante, y en segundo lugar, el debate sobre las cuestiones regulatorias que le afectan.

De lo publicado recientemente, listo y comento los siguientes artículos:

1. El 21 de mayo la sección de tecnología de El Confidencial publicada una entrevista a Pierre-Dimitri Gore-Coty, mánager de Uber para Europa Occidental y del Norte quien incidía en aspectos diveros de la innovación en movilidad de la EC como; la mejora de los servicios de transporte que empresas como Uber aportan, los motivos por los que se ha decidido comenzar su lanzamiento en España en la ciudad de Barcelona, el componente tecnológico y experiencia de usuario como elementos claves para el éxito del modelo ride-sharing y las razones y previsible desenlace de la posición proteccionista del sector del taxi.

Teknautas

2. El 23 de mayo el profesor del IE School y especialista del mundo digital, Enrique Dans, referenciaba en su blog la columna que días antes había escrito para Expansión sobre la economía colaborativa. Texto en el que Dans remarca un elemento determinante de la EC, como es la mejora que a nivel general los usuarios obtienen a través de servicios P2P, algo que es fundamental a la hora de considerar su encaje en el marco regulatorio existente y que debe ser tenido muy en cuenta tanto por las empresas que actualmente los rechazan como por los legisladores que deban definir donde y como incorporarlos al sistema. Copio seguidamente el artículo:

Sharing economy y paradojas - Expansión (pdf)

3. El 25 de mayo el periodista Javier Mohedano apuntaba en un video y artículo en el diario El Mundo algunos de los riesgos relacionados con la EC incluyendo, a su vez, declaraciones de actores diversos implicados en esta, entre los que me incluyo. Posiciones encontradas entre las que destacan algunas realizadas por críticos, como, una supuesta ausencia de control de las actividades P2P, cuando precisamente los entornos digitales tienen un elevado grado de trazabilidad, y un pretendido interés en que la normativa vigente se aplique sin diferenciación a los market place, todo ello a pesar de que, en el caso de los servicios de alojamiento entre particulares citados en el artículo, existan diferencias claras entre una plataforma P2P de alojamientos y una empresa hotelera por ejemplo.

El Mundo

4. El mismo 25 de mayo Eldiario.es analizaba en  detalle la conflictividad que se está generando entre modelos disruptivos basados en una innovación tecnológica y aquellos sectores empresariales tradicionales con semejanzas. Junto con la reciente noticia sobre la declaración de la Comisión Europea sobre su rechazo a prohibir actividades de ride-sharing o car-pooling, el artículo incide en cuestiones de importancia en el proceso de consolidación de las actividades P2P, como la escala económica del movimiento colaborativo, la experiencia de los usuarios y el beneficio ambiental que implican por la reducción de emisiones relacionadas con la racionalización del transporte. Asimismo el artículo citaba a expertos como Albert Cañigueral o el economista Miguel Puente quienes delimtiaban un concepto interesante como es la “inteligencia social”, caracterizada por la eficiencia y rapidez que supone la interacción social e intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos en detrimento de la capacidad de las grandes instituciones, sean públicas o privadas, de lograr una interacción similar con los individuos.

Eldiario.es

5. El 1 de junio en la sección de economía de ABC se analiza en un interesante artículo el nuevo escenario que supone para algunos sectores económicos la expansión de la EC, para ello se cita la declaración antes apuntada de la Comisión Europea sobre nuevos servicios de transporte discrecional de pasajeros valorándose asimismo la consolidación social y económica de los nuevos modelos de movilidad y crowdfunding, todo ello considerando las denuncias por competencia desleal a empresas de transporte P2P y el proyecto de regulación de financiación alternativa liderado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cabe subrayar la conclusión final del artículo, que copio seguidamente:

“En cualquier caso, parece que estos ejemplos constituyen la constatación definitiva de que todas las aristas de la economía colaborativa se encaminan a su regulación. Eso trae implícito que pueda perdurar con garantías en el tiempo y que las industrias tradicionales tengan que adaptarse y competir con ellas.”

ABC

Como apuntaba al inicio, estos artículos dan cuenta del fortalecimiento que la EC está alcanzando en España. Lo que, en mi opinión, no puede calificarse como una tendencia de moda más del mundo digital.