En los últimos años se pueden destacar dos momentos en los que el Gobierno español ha intentado liberalizar el transporte discrecional de pasajeros, ámbito en el que el taxi es el servicio preponderante. Lo ocurrido esta semana con la huelga de taxistas en las principales ciudades españolas es consecuencia de un nuevo intento, aunque esta vez el elemento que lo ha desencadenado no responde a una reforma de la normativa de transporte sino al interés de nuevos negocios digitales de la economía colaborativa de poder dar servicios en España de forma competitiva, siendo el caso más paradigmático el de la empresa Uber.

En el año 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al transponer en España la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”) dirigida a la liberalización de servicios dentro de la Unión Europea quiso introducir un mayor grado de liberalización en el sector del transporte discrecional. Flexibilización del servicio que se pretendió realizar mejorando las condiciones de acceso y oferta de licencias VTC,  una tipología de servicio diferente al taxi que la LOTT define como arrendamiento de vehículo con conductor. La reacción a dicha iniciativa legislativa por parte del taxi fue importante, iniciando diversas huelgas y manifestaciones que lograron influenciar al Gobierno de tal modo que cuando se aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), la pretendida liberalización se había diluido sin lograr sus objetivos.

En el año 2012 el Gobierno actual a través de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) buscó también la forma de liberalizar el sector buscando «garantizar a los ciudadanos un servicio de taxi más moderno, profesional y con mayor calidad», para ello se planteó un mayor equilibrio entre las licencias de taxi y las VTC. La respuesta del gremio de taxistas volvió, como la anterior ocasión, a ser muy dura con anuncios de huelga y con una manifestación en Madrid que dejó varios detenidos y daños materiales. Nuevamente, la presión surtió efecto y el Ministerio aceptó, entre otras, la  reivindicación de los taxistas en mantener los límites en la adjudicación de licencias VTC.

Como consecuencia de lo anterior, España sigue teniendo un sector de transporte discrecional de pasajeros rígido y poco liberalizado. Operar como VTC tiene notables limitaciones, por ejemplo el ratio para operar con un vehículo bajo licencia VTC está limitado a solo 1 por cada 20 taxis, situación que no es casual y que responde, como se ha dicho, a la presión del gremio del taxi. No obstante esta ha sido la opción seleccionada por Cabify para operar en España con garantías y seguridad jurídica.

Este 2014 nos encontramos con un tercer movimiento para liberalizar el sector impulsado por la economía colaborativa y el crecimiento de empresas tecnológicas que gracias a su innovación y su incorporación de modelos P2P están ofreciendo servicios de transporte cada vez más demandados por los usuarios. A lo que se añade el apoyo decidido de la Comisión Europea liderado por la Comisaria Neelie Kroes para que se amplíe la oferta de servicios de transporte en el mercado interior de la UE por la innovación, eficiencia, impacto económico y ambiental y beneficio para los ciudadanos que suponen. En pocos días han habido una huelga y manifestaciones de taxistas en el país, comunicados del Ministerio de Fomento que han generado enorme ruido en redes sociales y medios, así como la solicitud de una aclaración y reunión de dicho Ministerio a la Comisión Europea. Solicitud de aclaración que, siendo optimista, podría abrir la puerta al impulso de una regulación común que consiga lo que los dos anteriores intentos normativos no lograron. Sin embargo, por otro lado, Fomento no parece ir muy bien encaminado al rechazar comenzar un dialogo a través de la convocatoria de una mesa de negociación con los actores implicados, tal y como se indica en un artículo del periódico el País donde se apunta una declación de este este organismo público que indica: «No negociamos con las empresas. El Gobierno legisla por el interés general y no por la vía de los hechos consumados». Es concretamente del interés general de lo que estamos hablando en este caso.

Precisamente en el Ministerio de Fomento, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, al cargo de competencias de transporte, es buen conocedor de la trascendencia y cambios que implica la aparición de actividades económicas disruptivas del ámbito de las tecnologías de la información, en su etapa anterior en el sector privado ocupó el cargo de secretario general de la empresa española de juego y ocio Codere. Sector, el del juego, que precisamente en los últimos años ha afrontado un importante replanteamiento de modelo de negocio debido a la irrupción de empresas online que innovaban respecto a la oferta de juego tradicional que venían ofreciendo empresas como Codere. Transformación sectorial que generó un gran debate y acusaciones de competencia desleal por las empresas afectadas que acabó materializándose en una nueva legislación de juego digital que, a día de hoy, da cabida a los nuevos negocios digitales y está generando que empresas vinculadas a negocios offline apuesten por negocios online. Aunque se trate de sectores diferenciados, este es un buen ejemplo de integración de actividades de lo que denominan «digital disruption».