Etiquetado: España

La Hora de la Regulación del Crowdfunding

El anuncio de la regulación del crowdfunding el pasado marzo generó cierto ruido en la opinión pública por la novedad y por percibirse como una posible limitación a un canal de acceso a financiación que, encuadrado en la economía colaborativa, podría convertirse en una valiosa vertical adicional al sector bancario tradicional.

El crowdfunding no es un concepto homogéneo ya que abarca varias clases de financiación, siendo las que se prevé regular aquellas en las que el inversor tiene un retorno monetario. Esta regulación se realizará próximamente en España mediante su inclusión en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, normativa que incidirá en la normalización del crowdfunding y en la seguridad jurídica para las partes. Precisamente la Unión Europea, aun sin querer impulsar una legislación europea específica, considera que el crowdfunding tiene un impacto socioeconómico muy positivo al contribuir a un modelo de crecimiento económico sostenible y abierto.

La norma que está elaborando el Ministerio de Economía persigue a nivel general avanzar en la reducción de la falta de financiación que las empresas y particulares vienen sufriendo en España, siendo en su Título V denominado “Régimen Jurídico de las Plataformas de Financiación Participativa” donde se establecen requerimientos a dos categorías de crowdfunding; aquella donde el sujeto inversor tiene un retorno en equity o participaciones societarias de un proyecto, conocido como equity crowdfunding, y aquella en el que se obtienen determinados intereses por prestar dinero, denominado crowdlending o préstamos P2P. Excluyéndose tipologías colaborativas como en las que los inversores únicamente reciben una recompensa no lucrativa.

El Anteproyecto, junto a la regulación de los requerimientos exigibles a las plataformas, las prohibiciones o el régimen de control por la CNMC y el Banco de España, establece importes máximos a las aportaciones de los inversores. Este último elemento es importante ya que, a pesar de que el crowdfunding todavía no ha alcanzado cifras relevantes (según “ConsumoColaborativo.com” a día de hoy ningún proyecto español de crowdfunding ha superado el millón de euros), el establecimiento de límites legales puede afectar a su consolidación y en especial a proyectos financiados por equity crowdfunding. Concretamente un inversor sólo podrá destinar hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos de una misma plataforma. Restricciones a las que suma el límite de un millón de euros que un proyecto puede captar. Estos últimos elementos están siendo abordados de modo activo desde la Asociación Española de Crowdfunding para su flexibilización, organización que defiende un marco normativo más próximo al de países como Reino Unido.

Así, tras una consulta pública y reuniones de las partes afectadas con el regulador, el Gobierno precisaba el pasado mayo que el crowdfunding no estaría limitado para inversores profesionales pudiendo estos sobrepasar los límites antes citados. A lo que se suma la posibilidad, todavía no anunciada de manera oficial, de que se pueda incrementar el importe máximo de captación de fondos por proyecto del millón a los dos millones. Precisamente, será relevante ver, en la futura norma, qué se entenderá por inversor no profesional (minorista) y por profesional, puesto que sería negativo excluir en esta última acepción a aquellos particulares con conocimientos y patrimonio suficientes que puedan realizar inversiones por encima de los límites apuntados.

Asimismo son relevantes las limitaciones en la publicitación de los proyectos así como los requerimientos que a nivel informativo se exigirán a las plataformas y a los proyectos, considerando que estos últimos, según el Anteproyecto, deberán tener información suficiente como para permitir a un inversor medio emitir un juicio fundado para decidir si invierte en estos.

Es de prever que hasta la aprobación de la Ley, que debería ser a lo largo de los próximos seis meses, vaya mejorándose el articulado para así favorecer este canal de financiación, minorando a su vez la tradicional dependencia que hay en España a la financiación bancaria. Del mismo modo, habrá que ver si la esperada nueva Ley de Mecenazgo incorpora y fomenta el crowdfunding, especialmente los proyectos apoyados en donaciones, como herramienta para canalizar la financiación de actividades de mecenazgo.

[Este artículo forma parte del Número 17 de Alternativas Económicas publicado en septiembre, que se encuentra en quioscos, librerías y en  App para tablets.]

Alternativas Económicas

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

TVE

Reportaje en Televisión Española del día 16 de junio en el que se analiza la situación en España de las actividades vinculadas a la economía colaborativa que están innovando en los patrones de consumo e intercambio de bienes y servicios entre particulares.

Hablamos de la necesidad de impulsar una regulación acorde y competitiva que permita que estas actividades estén incorporadas al marco jurídico existente.http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevas-tecnologias-crisis-disparan-alternativas-consumo-tradicional/2618520/

Liberalización del sector del taxi, tercer intento

En los últimos años se pueden destacar dos momentos en los que el Gobierno español ha intentado liberalizar el transporte discrecional de pasajeros, ámbito en el que el taxi es el servicio preponderante. Lo ocurrido esta semana con la huelga de taxistas en las principales ciudades españolas es consecuencia de un nuevo intento, aunque esta vez el elemento que lo ha desencadenado no responde a una reforma de la normativa de transporte sino al interés de nuevos negocios digitales de la economía colaborativa de poder dar servicios en España de forma competitiva, siendo el caso más paradigmático el de la empresa Uber.

En el año 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al transponer en España la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”) dirigida a la liberalización de servicios dentro de la Unión Europea quiso introducir un mayor grado de liberalización en el sector del transporte discrecional. Flexibilización del servicio que se pretendió realizar mejorando las condiciones de acceso y oferta de licencias VTC,  una tipología de servicio diferente al taxi que la LOTT define como arrendamiento de vehículo con conductor. La reacción a dicha iniciativa legislativa por parte del taxi fue importante, iniciando diversas huelgas y manifestaciones que lograron influenciar al Gobierno de tal modo que cuando se aprobó la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”), la pretendida liberalización se había diluido sin lograr sus objetivos.

En el año 2012 el Gobierno actual a través de la Ley 9/2013, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) buscó también la forma de liberalizar el sector buscando “garantizar a los ciudadanos un servicio de taxi más moderno, profesional y con mayor calidad”, para ello se planteó un mayor equilibrio entre las licencias de taxi y las VTC. La respuesta del gremio de taxistas volvió, como la anterior ocasión, a ser muy dura con anuncios de huelga y con una manifestación en Madrid que dejó varios detenidos y daños materiales. Nuevamente, la presión surtió efecto y el Ministerio aceptó, entre otras, la  reivindicación de los taxistas en mantener los límites en la adjudicación de licencias VTC.

Como consecuencia de lo anterior, España sigue teniendo un sector de transporte discrecional de pasajeros rígido y poco liberalizado. Operar como VTC tiene notables limitaciones, por ejemplo el ratio para operar con un vehículo bajo licencia VTC está limitado a solo 1 por cada 20 taxis, situación que no es casual y que responde, como se ha dicho, a la presión del gremio del taxi. No obstante esta ha sido la opción seleccionada por Cabify para operar en España con garantías y seguridad jurídica.

Este 2014 nos encontramos con un tercer movimiento para liberalizar el sector impulsado por la economía colaborativa y el crecimiento de empresas tecnológicas que gracias a su innovación y su incorporación de modelos P2P están ofreciendo servicios de transporte cada vez más demandados por los usuarios. A lo que se añade el apoyo decidido de la Comisión Europea liderado por la Comisaria Neelie Kroes para que se amplíe la oferta de servicios de transporte en el mercado interior de la UE por la innovación, eficiencia, impacto económico y ambiental y beneficio para los ciudadanos que suponen. En pocos días han habido una huelga y manifestaciones de taxistas en el país, comunicados del Ministerio de Fomento que han generado enorme ruido en redes sociales y medios, así como la solicitud de una aclaración y reunión de dicho Ministerio a la Comisión Europea. Solicitud de aclaración que, siendo optimista, podría abrir la puerta al impulso de una regulación común que consiga lo que los dos anteriores intentos normativos no lograron. Sin embargo, por otro lado, Fomento no parece ir muy bien encaminado al rechazar comenzar un dialogo a través de la convocatoria de una mesa de negociación con los actores implicados, tal y como se indica en un artículo del periódico el País donde se apunta una declación de este este organismo público que indica: “No negociamos con las empresas. El Gobierno legisla por el interés general y no por la vía de los hechos consumados”. Es concretamente del interés general de lo que estamos hablando en este caso.

Precisamente en el Ministerio de Fomento, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, al cargo de competencias de transporte, es buen conocedor de la trascendencia y cambios que implica la aparición de actividades económicas disruptivas del ámbito de las tecnologías de la información, en su etapa anterior en el sector privado ocupó el cargo de secretario general de la empresa española de juego y ocio Codere. Sector, el del juego, que precisamente en los últimos años ha afrontado un importante replanteamiento de modelo de negocio debido a la irrupción de empresas online que innovaban respecto a la oferta de juego tradicional que venían ofreciendo empresas como Codere. Transformación sectorial que generó un gran debate y acusaciones de competencia desleal por las empresas afectadas que acabó materializándose en una nueva legislación de juego digital que, a día de hoy, da cabida a los nuevos negocios digitales y está generando que empresas vinculadas a negocios offline apuesten por negocios online. Aunque se trate de sectores diferenciados, este es un buen ejemplo de integración de actividades de lo que denominan “digital disruption”.

Revista de prensa: Debate regulatorio en torno a la economía colaborativa en España

Ingente cantidad de artículos sobre economía colaborativa (“EC”) en medios españoles en los que se habla, entre otras cuestiones, acerca de posiciones críticas y aperturistas hacía el movimiento, la oportunidad de mejora que representa, opiniones sobre su incorporación al marco normativo, críticas desde sectores económicos concurrentes, puesta en valor de la eficiencia e impacto ecológico que genera… Publicaciones de las que se pueden extraer, entre otras, dos ideas interesantes, en primer lugar la actualidad y dimensión de este movimiento en España y la cobertura mediatica resultante, y en segundo lugar, el debate sobre las cuestiones regulatorias que le afectan.

De lo publicado recientemente, listo y comento los siguientes artículos:

1. El 21 de mayo la sección de tecnología de El Confidencial publicada una entrevista a Pierre-Dimitri Gore-Coty, mánager de Uber para Europa Occidental y del Norte quien incidía en aspectos diveros de la innovación en movilidad de la EC como; la mejora de los servicios de transporte que empresas como Uber aportan, los motivos por los que se ha decidido comenzar su lanzamiento en España en la ciudad de Barcelona, el componente tecnológico y experiencia de usuario como elementos claves para el éxito del modelo ride-sharing y las razones y previsible desenlace de la posición proteccionista del sector del taxi.

Teknautas

2. El 23 de mayo el profesor del IE School y especialista del mundo digital, Enrique Dans, referenciaba en su blog la columna que días antes había escrito para Expansión sobre la economía colaborativa. Texto en el que Dans remarca un elemento determinante de la EC, como es la mejora que a nivel general los usuarios obtienen a través de servicios P2P, algo que es fundamental a la hora de considerar su encaje en el marco regulatorio existente y que debe ser tenido muy en cuenta tanto por las empresas que actualmente los rechazan como por los legisladores que deban definir donde y como incorporarlos al sistema. Copio seguidamente el artículo:

Sharing economy y paradojas - Expansión (pdf)

3. El 25 de mayo el periodista Javier Mohedano apuntaba en un video y artículo en el diario El Mundo algunos de los riesgos relacionados con la EC incluyendo, a su vez, declaraciones de actores diversos implicados en esta, entre los que me incluyo. Posiciones encontradas entre las que destacan algunas realizadas por críticos, como, una supuesta ausencia de control de las actividades P2P, cuando precisamente los entornos digitales tienen un elevado grado de trazabilidad, y un pretendido interés en que la normativa vigente se aplique sin diferenciación a los market place, todo ello a pesar de que, en el caso de los servicios de alojamiento entre particulares citados en el artículo, existan diferencias claras entre una plataforma P2P de alojamientos y una empresa hotelera por ejemplo.

El Mundo

4. El mismo 25 de mayo Eldiario.es analizaba en  detalle la conflictividad que se está generando entre modelos disruptivos basados en una innovación tecnológica y aquellos sectores empresariales tradicionales con semejanzas. Junto con la reciente noticia sobre la declaración de la Comisión Europea sobre su rechazo a prohibir actividades de ride-sharing o car-pooling, el artículo incide en cuestiones de importancia en el proceso de consolidación de las actividades P2P, como la escala económica del movimiento colaborativo, la experiencia de los usuarios y el beneficio ambiental que implican por la reducción de emisiones relacionadas con la racionalización del transporte. Asimismo el artículo citaba a expertos como Albert Cañigueral o el economista Miguel Puente quienes delimtiaban un concepto interesante como es la “inteligencia social”, caracterizada por la eficiencia y rapidez que supone la interacción social e intercambio de bienes y servicios entre los ciudadanos en detrimento de la capacidad de las grandes instituciones, sean públicas o privadas, de lograr una interacción similar con los individuos.

Eldiario.es

5. El 1 de junio en la sección de economía de ABC se analiza en un interesante artículo el nuevo escenario que supone para algunos sectores económicos la expansión de la EC, para ello se cita la declaración antes apuntada de la Comisión Europea sobre nuevos servicios de transporte discrecional de pasajeros valorándose asimismo la consolidación social y económica de los nuevos modelos de movilidad y crowdfunding, todo ello considerando las denuncias por competencia desleal a empresas de transporte P2P y el proyecto de regulación de financiación alternativa liderado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Cabe subrayar la conclusión final del artículo, que copio seguidamente:

“En cualquier caso, parece que estos ejemplos constituyen la constatación definitiva de que todas las aristas de la economía colaborativa se encaminan a su regulación. Eso trae implícito que pueda perdurar con garantías en el tiempo y que las industrias tradicionales tengan que adaptarse y competir con ellas.”

ABC

Como apuntaba al inicio, estos artículos dan cuenta del fortalecimiento que la EC está alcanzando en España. Lo que, en mi opinión, no puede calificarse como una tendencia de moda más del mundo digital.

Hablando de economía colaborativa y Derecho en RAC1

Hablando de economía colaborativa y Derecho en RAC1

El pasado domingo 18 de mayo participé con Albert Cañigueral responsable del portal Web, Consumo Colaborativo, y conector para España y Latam de OuiShare, en el programa de radio de RAC1 dirigido por Marta Cailà, Via Lliure. Durante un buen rato hablamos sobre la economía colaborativa y sus oportunidades, así como de los retos legales a los que tiene que hacer frente. Concretamente se abordaron dos temas de actualidad como la problemática que está generando Uber con su lanzamiento en España, con aportaciones de Pere Pedrosa, Director General de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Cataluña y Luis Berbel, responsable del Sindicat del Taxi de Catalunya, y la limitación de los arrendamientos turísticos en Cataluña que impactan negativamente al intercambio y arrendamiento de casas entre particulares ofertados en plataformas como AlterKeys o Airbnb.

De la variedad de temas tratados en el programa, destacaría el debate con la entrevistadora sobre si actividades como el ride-sharing o el alquiler de viviendas entre particulares representan actualmente una infracción de la normativa aplicable. Cuestión que no tiene una respuesta sencilla, ya que, aunque algunas partes implicadas lo vean así, no hay unicamente dos posibles respuestas, legal o ilegal, en este debate sobre el encaje de actividades disruptivas del ámbito digital. Entre ambas opciones existe un espacio no regulado y por tanto alegal que es necesario definir y abordar legislativamente entre los actores implicados, tanto Administraciones como empresas y usuarios. A pesar de que haya negocios P2P con cierto grado de concurrencia con actividades tradicionales, la realidad es que los primeros no responden a la definición y tipologías previstas en la normativa aplicable a las segundas. Un buen tema de debate sin duda.

Más radio, este lunes día 19 de mayo en el programa de Radio 3 “Hoy empieza todo” se ha hablado de nuevas modalidades de transporte P2P en Barcelona y en el resto de España con declaraciones de, entre otros, Uber, Blablacar, Fenebus y representantes del colectivo del taxi.

6 Retos Legales para la Economía Colaborativa

Imagen

Algunos segmentos de actividad que abarca la economía colaborativa (EC) están afrontando en España dificultades para consolidar sus servicios en esta jurisdicción, lo que podría implicar potenciales riesgos como una posible prohibición o la aprobación de regulaciones rígidas y restrictivas que los lleve directamente a la inviabilidad. El surgimiento de estos conflictos no parece estar planteándose por el momento desde una lógica de encaje normativo e interés público sino más bien como consecuencia de las exigencias de sectores concretos que ven un impacto negativo en sus cuotas de mercado.

Junto a lo anterior, debido a la innovación tecnológica y de consumo que implican las diversas actividades P2P de la EC, concurren retos jurídicos concretos que deben ser evaluados por parte de las empresas, usuarios y, sin duda, por los poderes públicos para poder dinamizar e incorporar este movimiento a nuestro entorno. De dichos retos o problemas dan cuenta dos artículos publicados en sitios Web anglosajones como el Boston Law Journal y Lexology, mostrando ambos textos que los aspectos legales por clarificar son concurrentes en jurisdicciones varias como la española. Como en otras actividades económicas, las cuestiones normativas son múltiples, seguidamente hago un breve resumen de 6 de estas:

1. Consumidores y usuarios: el intercambio de bienes y servicios en plataformas P2P supone un cambio en el esquema actual de la normativa de consumidores y usuarios, circunstancia que no significa que este tipo de actividades impliquen una falta de seguridad y de protección del consumidor. La EC innova en esta materia por dos razones; en primer lugar porque la figura del consumidor cambia, ya que esta se refuerza pasando de ser una figura receptora de forma unilateral de bienes y servicios a ser consumidor y productor de bienes y servicios al mismo tiempo, lo que llamamos “peer”. Asimismo, en segundo lugar, la normativa de consumidores se complementa con la reputación, es decir, los requerimientos y garantías en materia de consumidores son completados por la reputación que el peer obtiene en las plataformas donde opera, la que funciona como garante de la calidad del servicio, es decir, si el usuario opera con malas prácticas sale del sistema, lo que representa la mayor sanción posible en un entorno de confianza. Ante las voces que alegan la falta de garantías de los servicios P2P habría que valorar por qué estos servicios están mostrando una cada vez mayor demanda y un crecimiento continuado.

Recientemente la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado unas interesantes recomendaciones sobre el consumo de bienes y servicios a través de plataformas de la EC,  en estas se plantea la necesidad de favorecer el desarrollo de estos modelos de actividad garantizando a su vez los derechos de los consumidores. Destacable es que se subraye la necesidad de buscar vías de coexistencia entre modelos de consumo clásicos y colaborativos.

Ocu

2. Fiscalidad: la realización de una actividad económica debe cumplir con las obligaciones en materia tributaria que les sea de aplicación. La EC tiene en este ámbito uno de sus mayores retos, circunstancia que está sirviendo de crítica por parte de sectores empresariales tradicionales. A nivel fiscal encontramos dos niveles en este movimiento; las empresas que actúan como plataformas sometidas a la fiscalidad que sea de aplicación a cualquier compañía en base al impuesto de sociedades y demás tributos aplicables y; en un segundo nivel, la fiscalidad aplicable a la actividad realizada por los usuarios. Esta última es una cuestión clave ya que son los usuarios quienes, dependiendo del tipo y volumen de actividad que realizan deberán tributar por IVA, IRPF, tasas aplicables e, incluso, impuesto de sociedades. En ocasiones se apunta a las empresas como responsables del incumplimiento de este segundo nivel relacionado con los peers y su actividad, algo erróneo si consideramos que las plataformas operan como intermediarios que instrumentalizan la puesta en contacto de personas para que puedan realizar transacciones, por lo que no pueden, ni deben, ser responsables del cumplimiento de obligaciones de esas personas que las utilizan. A pesar que en ocasiones son los propios usuarios quienes omitan voluntariamente el deber de liquidar los impuestos, es manifiesta la rigidez y complejidad de la normativa tributaria en el ámbito de la micro-emprendeduría y del micro-empleo, figuras que por su definición acostumbran a concurrir con la actividad que realizan la mayor parte de los peers y que a nivel tributario no están bien desarrolladas. Un ejemplo de esa complejidad y lejanía se puede plantear haciéndonos la pregunta, ¿un particular que alquila su vivienda habitual determinados días al año y que hace de guía turístico en las fiestas de la Mercè de Barcelona a través de Trip4real o Sherpandipity deberá pagar tasas turísticas de la ciudad, IVA, IAE, impuesto de sociedades…?

En ocasiones se alega que la EC fomenta la economía sumergida, obviándose que el entorno digital puede generar el efecto contrario, como es que gracias a la trazabilidad de las transacciones (algo que no es tan sencillo en un entorno offline) se pueda tener un mayor control tributario de la actividad de los usuarios en las plataformas. Lo paradójico es que las autoridades fiscales tienen ante si unos inesperados aliados tecnológicos que pueden ayudarle al control y recaudación de las actividades que facilitan entre particulares, algo que ya se está viendo en sectores como el juego digital gracias a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de ordenación del juego o por ejemplo, en otros países, se ha visto recientemente en la ciudad de San Francisco con la nueva normativa de alojamientos turísticos entre particulares donde las plataformas deberán ingresar la tasa hotelera aplicable.

3. Legislación laboral: la EC plantea cuestiones en dos ámbitos de la normativa laboral. Por un lado cómo calificar la relación de la plataforma con sus peers, aunque las empresas funcionen generalmente como intermediarios que instrumentan sus relaciones con sus usuarios como un acuerdo mercantil, en ocasiones se puede dar cierto grado de dirección y control por parte de las empresas que puede abrir la puerta a estimar que existe una relación con cierto nivel de dependencia y dirección. Esta es una cuestión que quizá en países como Estados Unidos, donde la legislación laboral es más flexible, no tenga las implicaciones que puede tener en países como en España, donde la figura del trabajador se ha venido encontrando con una mayor amparo y protección. Por otro lado, nos encontramos con el cumplimiento de obligaciones en materia laboral y de seguridad social por parte del mismo peer como resultado de su actividad económica, por ejemplo, su obligación de darse de alta como autónomo ante la Seguridad Social en el momento que este genere determinados ingresos anuales.

4. Protección de datos: El cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales siempre es un reto inherente a cualquier actividad digital, en la EC también se da dicha circunstancia. Los datos tienen especial importancia no solo para acreditar la veracidad de quien está detrás de la oferta de productos y servicios sino también para poder completar las transacciones que se realizan y que a veces son perfeccionadas directamente entre los usuarios al margen de la plataforma. En este último punto, surgen dos tipos de tratamientos de datos, en primer lugar el tratamiento de datos por parte de la plataforma y por otro el acceso a los datos de clientes por otros usuarios para realizar el servicio convenido. Finalmente, desde un punto de vista teórico, es interesante valorar el concepto de privacidad en actividades de la EC, la reputación, la confianza y la calidad de estos servicios, se fundamentan mayormente en mostrar y verificar que eres quien dices ser, habiéndose convertido este elemento en una piedra angular para el éxito de la EC. Esa necesaria verificación podría potencialmente chocar con la privacidad de los usuarios, al ser sus perfiles y la información que contienen en forma de datos personales y opiniones de terceros, una información que en ocasiones es necesario que sea pública para que el sistema funcione de la forma más eficiente, garantista y dinámica.

5. Régimen de responsabilidad: La figura del intermediario por definición no parece tener que responder de potenciales responsabilidades por infracciones, mal uso o daños por parte de los usuarios que hacen uso de una plataforma de carácter tecnológico, con lógica las empresas están incardinadas dentro de la figura del prestador de servicios de la sociedad de la información prevista en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Sin embargo, el intermediario puede llegar a tener una posición de más responsabilidad por la actividad que realiza al incurrir en un mayor grado de control de la actividad de sus peers. Ello se puede traducir en consecuencia en una mayor asunción de responsabilidades en caso de que surjan problemas. Este aspecto relativo a la responsabilidad sin duda no es blanco y negro y requiere un análisis pormenorizado caso por caso. Es interesante la lectura de los términos y condiciones de las plataformas P2P para conocer cuál es su posición al respecto.

6. Licencias y autorizaciones: Diversos segmentos de la EC tienen concurrencia con sectores regulados sometidos a regímenes de autorización previa, sin que ello suponga que hablemos de actividades idénticas. Este es el caso de actividades de ride-sharing como las realizadas por Uber o Lyft; el arrendamiento turístico de primera vivienda por particulares como el caso de Airbnb o Alterkeys; o servicios de experiencias gastronómicas como las ofertadas por particulares en Eatwith o Meetmeals. Sin embargo, los regímenes de autorización y licencia existentes carecen de la flexibilidad y vigencia para modelos disruptivos, lo que les convierte en marcos normativos inaccesibles para aquellos segmentos de la EC que pudieran tener vinculación, es decir, aquellos basados en la prestación de servicios por particulares que no son realizados desde una estructura de negocio como la de una empresa.

Estos son algunos de los retos normativos más destacables vinculados a este movimiento, sin duda cada uno da para un análisis pormenorizado. Existen más aspectos legales, por ejemplo, aquellos relacionados con los pagos, casos de discriminación entre usuarios, seguros, régimen de propiedad de los bienes… invito a que los apuntéis y los comentemos.

Avanzar en el mejor encaje de los retos jurídicos anteriores y la economía colaborativa es una de las mejores formas de que esta se consolide. La autorregulación y las garantías que genera la reputación de los usuarios son dos elementos que ayudarán a ese acercamiento.

Historias de Uber: situación legal del ride-sharing

Imagen

La pasada semana en una sesión organizada por la plataforma Sherpandipity en Madrid tuve la ocasión de debatir sobre regulación y economía colaborativa con representantes de sectores empresariales concurrentes con negocios de la economía colaborativa, asimismo, en el último encuentro de OuiShare en Barcelona hablamos sobre modelos disruptivos y sectores regulados. Apunto ambos encuentros por el objeto de debate que se abordó, como es, la idoneidad o no de aplicar la normativa existente a las actividades de la economía colaborativa. Destacables son las tesis defendidas por la industria hotelera, planteando la idea de la no necesidad de nuevas regulaciones al ya existir normas que pueden ser de aplicación a actividades como las que engloba la economía colaborativa, es decir, que estos servicios P2P devengan potencialmente inviables a la vista de su distanciamiento de lo previsto en la normativa. Algo así como: “¡Vaya incomodidad! Mi sector está hiper regulado, pero bueno, mejor dejémoslo como está porque dificilmente podrás adaptarte.”

Lo anterior lleva a pensar en la actividad de empresas como UberPOP, Lyft o Sidecar, es decir, el ride-sharing, prestación de servicios de transporte por particulares mediante el pago de un precio determinado, sin duda uno de los ejemplos más paradigmáticos del choque entre modelos disruptivos y modelos tradicionales de movilidad. La razón de esta colisión se debe a que el transporte discrecional es generalmente una actividad muy regulada y no liberalizada que impide la entrada de nuevas categorías de servicios, aunque estas difieran subtancialmente. A pesar de la rigidez normativa, el ride-sharing está alcanzando una gran importancia para los usuarios, dando cuenta de ello los debates, iniciativas legislativas y problemas que van surgiendo en ciudades de diversos países en las que Uber, vista su estrategia de expansión internacional, está siendo uno de los protagonistas principales. Algunos ejemplos:

Bélgica: Abril de 2014, un Tribunal de Bruselas resuelve prohibir los servicios ofrecidos a través de Uber estableciendo sanciones de 10.000 € por cada trayecto realizado por los conductores y abriendo la posibilidad de embargar vehículos. Sorprendente ha sido la respuesta de algunas autoridades comunitarias ante tal medida y en especial la de Neeli Kroes, Vice-Presidenta de la Comisión Europea y Comisaria en cuestiones sobre la sociedad de la información, que calificaba la sentencia en su blog y Twitter como una locura, apuntando que ella y su equipo son usuarios habituales de esta plataforma en sus viajes. Atención a la frase: “This decision is not about protecting or helping passengers – it’s about protecting a taxi cartel.

Neelie

 

Francia: Febrero de 2014, el Conseil d’État suspende el Decreto que había entrado en vigor un mes antes, texto que, entre otros aspectos, establecía una espera del conductor de 15 minutos antes de recoger pasajeros que usen Uber y plataformas similares como las francesas Chauffeur Privé y LeCab. A pesar de esa surrealista y poco efectiva restricción los taxistas de París y Lyon establecen piquetes y atacan varios vehículos que ofrecían servicios de ride-sharing.

 

 

 

 

 

 

Estados Unidos: Septiembre de 2013, el Estado de California regula y autoriza el modelo ride-sharing estableciendo una nueva categoría que debe observar el cumplimiento de determinados requisitos previos por los conductores, hito regulatorio que merece un análisis aparte. Marzo de 2014, una de las principales patronales de taxistas del Estado de Washington demanda a Uber por incumplir la normativa aplicable y competencia desleal. En la ciudad de Chicago se sigue un proceso similar y en varias ciudades del país se prohibe por ley.

Italia: Marzo de 2014, taxistas de Milán en huelga en contra de servicios como los ofrecidos por Uber por considerarlos ilegales. Diversos ataques contra vehículos que prestan servicios de ride-sharing

España: Abril de 2014, a los pocos días de que UberPOP inicie su fase de pruebas en España, taxistas de Barcelona se manifiestan  ante las que dicen ser las oficinas de la empresa en Barcelona alegando que esta pone en riesgo el taxi en España.

uber bcn taxis Primícia: UberPOP se lanza en Barcelona

En línea con lo anterior encontramos un grupo organizado de taxistas de Barcelona denominado “Élite” que con estética de fuerzas de seguridad se dedica a actuar contra todas aquellas actividades que consideran intrusistas.

Taxi Twitter

Regulación del transporte discrecional de pasajeros en España, se trata de un buen ejemplo de la rigidez y limitaciones que afectan a los servicios de movilidad en nuestro país. La normativa es ingente, anticuada y dispersa a nivel estatal, autonómico y municipal basándose en un sistema de autorización previa y limitaciones de licencias según la población de las ciudades, legislación con pocas excepciones y que, salvo en el caso de transporte privado de pasajeros que prevé la posibilidad de compartir costes (modelo Blablacar), impide que haya una liberalización real de estos servicios.

El transporte discrecional de viajeros en vehículos de turismo previsto en la normativa española, entre la que destaca la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes, abarca diversas clases de prestación de servicios, aunque son los taxis y el arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) las clases que por definición tendrían una mayor concurrencia con las actividades de ride-sharing. En caso de que no fuera posible adaptar la normativa española a las particularidades de servicios de ride-sharing, la categoría VTC parece la más cercana al modelo de empresas como Uber, esta ha sido la opción de dicha empresa en algunos países como Italia y la seleccionada por Cabify para operar en España con seguridad jurídica, en otros mercados lo hacen bajo el modelo P2P de UberPOP o Lyft. Sin embargo, operar como VTC tiene notables limitaciones, por ejemplo el ratio para operar con un vehículo bajo licencia VTC fue limitado recientemente a solo 1 por cada 20 taxis, situación que no es casual y que es consecuencia de las propias presiones que en su momento realizó el gremio del taxi.

El sector del taxi es sin duda el que tiene una posición aventajada en la prestación de estos servicios y el que se encuentra mejor organizado para influenciar a los poderes públicos y perseguir de forma activa aquellos servicios que puedan colisionar con su cuota de mercado. Prueba de ello fue su influencia en la famosa tramitación de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre de 2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (conocida como “Ley Ómnibus”) que transponía la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”), en la que el sector del taxi presionó de tal modo que logró que la pretendida liberalización, precisamente a través de la flexibilización del referido sistema de licencias VTC, que se buscaba por el anterior Gobierno del PSOE fuera replanteada y mal implementada. Otro ejemplo es la modificación en 2013 de la normativa de la Comunidad de Madrid en relación a las sanciones aplicables a la prestación de servicios de transporte sin licencia, habiendo conseguido que los vehículos usados en servicios de transporte sin licencia pudieran ser objeto de embargo y subasta.

Pantallazo

En la situación actual no es sencillo posicionarse claramente a favor del ride-sharing o del gremio de taxistas y empresas de transporte relacionadas, teniendo además presente que en ocasiones para que un particular pueda adquirir una licencia de taxi tiene que endeudarse substancialmente. Sin embargo, la cantidad de variables que dificultan defender una posición aperturista o proteccionista del mercado no justifican que su marco operativo sea inamovible y no pueda ser replanteado para mejorarlo e integrar nuevas tipologías de servicios, la disrupción de estos nuevos servicios muestran que el transporte discrecional de viajeros debería ser revisado, no hay más que ver los precios de los servicios de taxi en los países de nuestro entorno, opiniones de la Comisión Europea como la realizada por la Comisaria Neeli Kroes o los fundamentos de la Directiva Bolkestein. Además, siendo aséptico y considerando la muy utilizada bandera del libre mercado, cabe preguntarse si la razón para prohibir el ride-sharing debe basarse unicamente en la protección de un sector singularizado cuando dicha actividad beneficia a los usuarios e impacta positivamente en aspectos ambientales y socioeconómicos, siendo una oportunidad para que los ciudadanos puedan tener acceso a ingresos económicos.

Trayectoria poco pacífica y de mucho interés les espera a empresas como Uber. Su problema no es unicamente que choquen con mercados regulados sino que a su vez sirvan para poner en cuestión el modelo de transporte discrecional en si, por ser antediluviano, poco competitivo y tener una configuración que no permita la entrada de otros actores. En cualquier caso, por el momento, desde el punto de vista del consumidor, la imagen del gremio de taxistas no está saliendo bien parada, especialmente cuando se ven respuestas violentas.