Etiquetado: Política pública

Memes y política colaborativa

Si hace unos días diversos medios informaban sobre la intención de la Generalitat de avanzar en la regulación de la economía colaborativa, resulta que parte de la innovación y tecnologías que varios partidos han incorporado en sus campañas y programas políticos en estas elecciones encajan en los modelos abiertos y peer-to-peer (P2P) de este movimiento social y económico en el que Catalunya es una referencia. Elementos como la descentralización de las estructuras de un partido político o el empoderamiento ciudadano, son característicos de esta tendencia colaborativa que está en proceso de expansión.Al analizar el programa de Barcelona en Comú podemos identificar ideas inspiradas en la P2P Foundation liderada por el pensador belga, Michael Bauwens, organización clave en la exploración de nuevos modelos de gobernanza colaborativa y horizontal en todo el mundo. A propósito de la votación del pasado domingo, Bauwens declaraba en Al Jazeera que la democracia basada en elecciones acabará combinándose con nuevas formas de participación ciudadana más abiertas e independientes. Considerando tales planteamientos, en el caso de Ahora Madrid, uno de sus nuevos concejales es Pablo Soto, referencia en España del P2P absuelto tras ser demandado por Promusicae y las principales discográficas en el año 2008.

Barcelona en Comú y Ahora Madrid se han apoyado, y apoyarán, en plataformas digitales para, por un lado, canalizar parte de su financiación vía ‘crowdfunding’, y por otro, deliberar con los ciudadanos bajo un formato participativo “agregador” sobre su programa político y la forma de ejecutar políticas públicas que les afecten. Aspecto, este último, alineado con lo que se realiza actualmente en ciudades como Reykjavik, donde los vecinos colaboran en diseñar, votar y tomar decisiones sobre políticas locales.

Aunque el uso de Internet como mecanismo de comunicación política está normalizado, su utilización como mero canal unidireccional de información ha avanzado a un estadio diferente en el momento actual. El ecosistema digital es una herramienta real de acción ciudadana que permite a una persona operar autonomamente como agente económico o como un influyente activista político, lo que va más allá de la mera movilización de bases. Un partido como Ahora Madrid ha descentralizado y dado autonomía a los usuarios que querían informar o desplegar esta candidatura, por lo que el lema “tú eres la campaña” parece que en este caso no ha sido un eslogan vacío de contenido. Participación a la que se suma la campaña de imagen llevada a cabo por los propios internautas para convertir a Manuela Carmena no solo en una candidata pop como lo fue Obama en su primera campaña presidencial, sino en un icono de la cultura ‘gif’ y ‘meme’ que, a través de un variado grafismo digital, implican la repetición y la remezcla caótica y libre de elementos del imaginario popular por parte de sus simpatizantes.

A las estrategias de comunicación y participación ciudadana se unen elementos de los programas de ambas coaliciones que proponen estructuras cooperativas de ámbito local, dinamización de servicios de transporte público compartido o sistemas de pago alternativos, hace unos días Ada Colau planteaba la idea de una moneda local similar a la de ciudades como Bristol en Reino Unido.

Curiosamente durante el mandato de Xavier Trias a Barcelona se la ha llegado a denominar “ciudad colaborativa” al consolidarse iniciativas basadas en modelos cooperativos y P2P como por ejemplo la red barcelonesa de FabLabs para la producción con impresoras 3D, una especie de ateneos de barrio de la cultura maker. Ahora CiU ha anunciado que su programa para las próximas elecciones catalanas será diseñado de abajo a arriba, por lo que quizá en dicha campaña podamos ver carteles de CiU con un meme de Julio Iglesias diciendo, “Yo voto a Artur y lo sabes”.

Este artículo fue publicado en El Periódico de Cataluña el 28 de mayo de 2015

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Cataluña y la Economía Colaborativa

Desde el ámbito público catalán se están llevando a cabo procesos de análisis de la economía colaborativa (EC) con el interés de identificar las medidas más adecuadas para la incorporación de estas actividades al marco jurídico así como mecanismos para aprovechar sus oportunidades.

El pasado 21 de abril se realizó la primera sesión de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa en sede del Parlament de Cataluña. Sesión en la que participé como ponente junto con Albert Cañigueral, experto de referencia en España y Latam en la EC, y Pere Rusiñol, Director de Alternativas Económicas. Ponencias en las que contextualizamos esta tendencia y compartimos ideas sobre regulación y políticas públicas relacionadas.

Los grupos parlamentarios mostraron en mi opinión un notable interés en este modelo económico identificando algunas cuestiones clave, entre otras; la fiscalidad, el papel de la Unión Europea o la oportunidad de crear sistemas de compensación a sectores económicos pre-existentes en los que tenga especial impacto la EC. Igualmente se puso de manifiesto la necesidad de buscar nuevas formulas de regulación más eficaces y dinámicas, ya que hablar de trámites legislativos que desde una fase inicial a la entrada en vigor de una norma puedan llegar, por ejemplo, a dos años de trabajo pueden resultar infructuosos.

En este enlace se pueden ver las diversas intervenciones. Asimismo, esta es la ppt que presenté:

Junto con el Parlament, esta misma semana el Diari Ara publicaba un artículo sobre el trabajo que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña para regular y dinamizar la EC. Según se informaba en Ara, se busca fortalecer la figura del “peer” o micro-productor así como revisar determinada normativa sectorial que pueda estar impidiendo un encaje adecuado y competitivo de determinadas actividades, en particular la legislación de transporte y de turismo. Un planteamiento normativo basado en una ley general y transversal de toda la economía colaborativa no sería realista considerándose que, si fuera necesario, debería realizarse desde la Unión Europa.

En el caso del fortalecimiento de la figura del “peer” se intentará encontrar una mejora del marco fiscal y de seguridad social aplicable, aún cuando dicha normativa también está vinculada a competencias del Estado. A estas líneas de actuación se quiere sumar la promoción de sistemas de autorregulación a través de códigos de conducta validados con las plataformas P2P y el impulso de un Consejo Asesor en el que parece que podrían estar representados agentes públicos y privados.

El trabajo que se está realizando desde la Generalitat prevé materializarse en un acuerdo de Gobierno este mes de mayo, lo que dará lugar a una nueva fase de trabajo legislativo que resultará de gran interés. Todo ello es continuación del anuncio que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó en octubre de 2014 sobre una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, declaración que acompaño con la frase “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“.

Interesante es saber qué próximos pasos dará el Gobierno de España en este ámbito.

Información de interés acerca de la economía colaborativa para el sector público

OuiShare con la colaboración de Sharing España han recopilado una importante colección de informes y artículos relativos a la economía colaborativa como recurso informativo para los poderes públicos interesados en el análisis de esta.

Para ello se ha creado en la OUIKI de OuiShare este interesante índice de contenidos que abarcan muchos de los temas que están siendo objeto de debate desde el ámbito público, tanto a nivel de retos regulatorios como aquellos beneficios sociales, económicos y ambientales que pueden ayudar a la consecución de políticas públicas relacionadas:

Sharing España

Útil recurso para un momento como el actual en el que la CNMC ha impulsado una consulta sobre la EC, se han anunciado iniciativas regulatorias relacionadas y en el Congreso de los Diputados se quiere avanzar en la creación de una Subcomisión de estudio del tema, en línea con la ya constituida en el Parlament de Cataluña.

Actores Públicos ante la Economía Colaborativa

EESC

 

Semana de mucha actividad en Madrid y Barcelona en torno a la economía colaborativa. Eventos varios entre los que destaca la presentación institucional del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el consumo colaborativo publicado en enero de este 2014. Presentación que se hará el día 9 de mayo en Madrid y el día 10 de mayo en Barcelona con la participación, junto con el ponente del Dictamen, Bernardo Hernández Bataller, de entidades como OuiShare y el Consejo de Consumidores y Usuarios, y de empresas como Airbnb, Etece o Blablacar.

El Comité Económico y Social Europeo (conocido por sus siglas en inglés como EESC) es un órgano consultivo de la Unión Europea que asesora y emite dictámenes sobre temas sociales, económicos y las iniciativas legislativas que los abordan. El EESC es consultado regularmente por instituciones de la UE, entre estas el Consejo y la Comisión, en su toma de decisones.

El referido Dictamen no es unicamente uno de los pocos documentos emitidos hasta la fecha por organismos públicos de la UE y de los propios estados miembros sobre esta materia, sino que además la acoge como solución al hacer hincapie en el valor de esta por integrar elementos sociales, ambientales y económicos, por lo que requiere a la Comisión Europea a fin de que aborde este asunto. En esa misma línea, es interesante como el Dictamen sitúa a la economía colaborativa como una piedra angular para Europa en consonancia con la Estrategia Europa 2020 de la propia UE, al ser una solución que, desde el ámbito digital, puede ayudar a mejorar el mercado interior europeo afectado por un modelo económico poco sostenible y mal equilibrado. El EESC ve en esta economía una oportunidad para el diseño de un modelo económico y productivo más eficiente y con mayor capacidad de generar empleo y cohesión social. Ahí es nada.

Del Dictamen se pueden extraer varias recomendaciones a la Comisión Europea que buscan proteger la figura del consumidor como paso previo para lograr un mayor desarrollo de esta economía, cabe destacar la adopción de medidas como:

– Necesidad de que la Comisión Europea realice estudios que identifiquen los retos, barreras de entrada y oportunidades de esta economía.

– Necesidad de regular las actividades colaborativas para así establecer los derechos y responsabilidades de los agentes implicados, ayudando a minimizar los riesgos inherentes a esta. Procediendo asimismo a una armonización del Derecho a nivel de la UE y de los países miembros que ayude a consolidar y simplificar el entorno colaborativo.

– Necesidad de generar campañas institucionales de concienciación sobre el tema y bases de datos sobre las experiencias de los peers. Acción, esta última, que ya están desarrollando comunidades como OuiShare o Peers.org

 

En España, hasta el momento no se conoce un acercamiento para el estudio y evaluación de este movimiento por parte de los poderes públicos como el realizado por el EESC, quizá lo más destacable, aunque con un rol político de oposición, han sido las manifestaciones del Partido Socialista de Canarias instando al Gobierno de esa Comunidad a fin de que no se limite la actividad de crowdfunding por el impacto económico que ello generaría. Exceptuando esta actuación aislada, nada más. Sin embargo, con el escenario económico y social negativo que venimos padeciendo, España resulta un país con muchas oportunidades como para que sus Administraciones Públicas no tomen la iniciativa en abordar y definir este entorno. Junto con los gobiernos municipales y entidades al frente de áreas metropolitanas, verdaderos ecosistemas naturales para la definición de políticas públicas que ayuden al desarrollo de la economía colaborativa, en España existen diversos y variados organismos públicos que deberían aprovechar la oportunidad de este ámbito, como por ejemplo, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), vistas sus áreas de actuación a nivel local, Red.Es, considerando sus competencias para el fomento de la economía digital y sociedad de la información, o los organismos competentes en materia de consumo.