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Case-By-Case: Sobre las Recomendaciones de la Comisión Europea

La pasada semana la Comisión Europea publicaba sus recomendaciones a los Estados miembros dirigidas a orientar y a ayudar a aplicar la normativa comunitaria a los servicios que se encajan dentro de la economía colaborativa (“EC”).

Es llamativo el interés que ha suscitado tal trabajo de la Comisión y el modo en que la regulación está monopolizando el debate público sobre este fenómeno. Ámbito, el jurídico, que, aunque resulte lógico, no deja de ser en cierto modo preocupante al dejar en segundo plano cuestiones ligadas a la economía colaborativa como sus beneficios sociales y ambientales o, a modo general, la innovación que conlleva.

Las recomendaciones u orientaciones han sido percibidas como ambiguas por algunos expertos echándose a faltar un análisis de aspectos como el impacto social de la EC o el riesgo de consolidación de monopolios digitales que podría suponer.

En cualquier caso la iniciativa de la CE resulta necesaria y ayuda a avanzar en la normalización del modelo, estableciendo algunos criterios que serán de utilidad en países como España donde las fricciones regulatorias son un reto para muchas plataformas y usuarios.

Sin querer hacer una descripción detallada del trabajo de la CE, especialmente cuando se han publicado un Fact Sheet y unas FAQ de gran utilidad, me centraré en valorar lo dicho a efectos de responsabilidad de las plataformas y la diferenciación de dos modelos de empresas digitales relacionados con esa tipología de entidad digital.

Como se detalla en Consumocolaborativo.com, la CE ha hecho una diferenciación de las plataformas que funcionan como, por un lado, un intermediario digital, y por otro, como un proveedor de servicios. El hecho de que una empresa caiga en una denominación u otra es la gran cuestión que las empresas colaborativas (o las que pretenden serlo) vienen planteándose desde hace tiempo. ¿La razón?, ser un intermedio digital, esto es un prestador de servicios de la sociedad de la información, te sitúa en el régimen de aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico que en España se rige por lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico (“LSSI”), y por tanto supone en una primera instancia el quedar excluido de la responsabilidad de los servicios y bienes que transaccionan entre si los usuarios de una plataforma.

Esa exclusión de responsabilidad resulta fundamental en determinados casos, ya que en ocasiones el no estar exento te puede suponer caer dentro de una regulación sectorial (ej. régimen de licencias de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre) o bien que se pueda entender que los usuarios que prestan servicios a través de la plataforma puedan tener una relación de dependencia con esta de carácter laboral.

En este sentido la CE apunta varios elementos que suponen una verticalización del servicio y por tanto el responder a nivel de responsabilidad y regulación por este, es decir, ser un proveedor de servicios que opera en un marco sectorial como puede ser el de alojamientos, turismo o finanzas., por lo que estaríamos hablando de:

  1. La plataforma fija el precio de manera obligatoria.
  2. La plataforma fija otras condiciones contractuales clave, tales como instrucciones obligatorias sobre cómo el servicio debe efectuarse (incluida la obligación de prestar el servicio).
  3. La plataforma posee los activos clave que se utilizan para proporcionar el servicio.

La conjunción de dichos elementos da a entender, según la CE, que la plataforma será un proveedor de servicios. No obstante, dicho organismo, utiliza regularmente en su explicación la expresión case-by-case, lo que abre la puerta a una interpretación del modelo de negocio de cada plataforma para no dar por hecho que aquellas que tengan una mayor implicación en su oferta y demanda tengan que estar automáticamente en esa categoría. Por ejemplo la CE remarca que el hecho de facilitar una pasarela de pagos o un sistema eficiente de evaluaciones y ratings -reputación- no significa ser un proveedor de servicios.

Es importante el matiz de la CE en no establecer un criterio riguroso sobre lo que es un proveedor, ya que caer dentro de la definición de intermediario digital y, por tanto, del régimen de la LSSI como prestador de servicios de la sociedad de la información tiene una notable importancia para muchas empresas, especialmente aquellas start-ups colaborativas que no puedan asumir el operar como una empresa dentro de un sector regulado por los costes y barreras de entrada que lleva consigo, ese es el anverso negativo de la expresión “level de playing field” para equiparar a nuevas empresas con incumbentes, ya que muchas start-ups digitales por su naturaleza, no pueden ser equiparadas sin matices a una empresa con una estructura consolidada.

Volviendo a la expresión case-by-case, aunque tenga una función que puede ser útil para evitar una sobre-regulación de determinados servicios, ilustra igualmente que seguimos en un escenario caracterizado por la inseguridad jurídica para algunas empresas y usuarios del entorno colaborativo, algo que de momento va a seguir siendo el estatus habitual de este tipo de actividades.

Francia y su modelo de home-sharing

Francia es un ejemplo en materia de home-sharing -alojamiento de personas en viviendas de particulares- que resultaría valioso considerarlo en nuestro país, teniendo en cuenta nuestra vecindad, su influyente ordenamiento jurídico y semejanzas en materia de actividades turísticas. Francia comparte con Italia y España el liderazgo europeo en atracción de turistas, lo que significa también el compartir los riesgos y externalidades que supone esta industria. Sin embargo, la respuesta normativa al home-sharing por parte del legislador francés ilustra positivamente cómo integrar esta actividad en un país donde el alojamiento en viviendas particulares es una práctica habitual desde hace años.

En el año 2014 se aprueba en Francia La Ley ALUR (“Loi ALUR”) que ampara el home-sharing, dicha ley clarifica la no necesidad de obtener una autorización previa de un Ayuntamiento en todo el territorio francés en los casos en que el alojamiento se realice en una residencia habitual de una persona. Concretamente la Ley ALUR modifica el Código de Turismo (“Code du Turisme”) francés, estableciendo:

Artículo L324-1-1

Cualquier persona que ofrezca en alquiler un alojamiento amueblado, clasificado o no en consonancia con este Código, debe haber sido previamente en la declaración a la alcaldía del municipio donde se encuentre la vivienda.

Esta declaración no es necesaria si el uso del espacio constituye la residencia principal del propietario en el sentido del artículo 2 de la Ley Nº 89-462 de 6 de julio de 1989 a mejorar la información y el alquiler que modifica la Ley N ° 86-1290 de 23 de diciembre de 1986. “

La legislación francesa prevé como vivienda habitual (residencia principal) aquella en la que el particular resida como mínimo 8 meses al año.

Junto con la clarificación de la actividad de home-sharing, en agosto de 2015 el Gobierno frances promulga una nueva norma que prevé la recaudación de las tasas turísticas aplicables y otra tasa municipal por parte de las plataformas donde se ofertan las viviendas de los ciudadanos. De esta forma se resolvía de forma eficiente la liquidación de las tasas exigibles a los usuarios, un paso adelante y una innovación de los poderes públicos que también ha sido aplicada por ciudades como Portland, San Francisco, Amsterdam o Milán.

Mientras tanto en España, atendiendo a las competencias de las CCAA en esta materia, nos encontramos con un alto grado de inseguridad jurídica para los usuarios de estos servicios a la vista de normas sobre alojamientos que parecen querer equiparar el home-sharing con modelos de alojamientos profesionales. Hola Francia!

Innovar también en la regulación

¿Podemos hablar de una regulación económica de la llamada economía colaborativa y de otras tendencias digitales emergentes que sea más flexible sin parecer a la vez neoliberales que defienden la mera desregulación de mercados? Este es un dilema habitual cuando en foros diversos, buscando un marco competitivo y eficiente para determinados sectores productivos, se habla de nuevas formas de regular que complementen o mejoren el modelo normativo de boletines oficiales, procesos administrativos rudimentarios y de prolija legislación que conocemos.

El porqué de esta pregunta se debe a que actividades económicas diversas han vivido un proceso de inclusión digital donde la información generada resulta de fácil acceso y procesamiento. De este modo, disponer de esa información no solamente sirve para poder tomar decisiones de gestión de un negocio, sino también para validar y monitorizar a las empresas y mercados desde el punto de vista de las administraciones.

COLABORAR CON LA AUTORIDAD

La era de la información no excluye al derecho de su ámbito de influencia. Las plataformas digitales permiten un control de cumplimiento normativo que hace unos años era inimaginable para la Administración pública.

Esta idea abstracta podemos explicarla en la actualidad con supuestos concretos: plataformas como Airbnb [donde particulares y profesionales alquilan pisos, casas y/o habitaciones] han subscrito acuerdos con algunas ciudades —por ejemplo, Amsterdam o San Francisco— para intercambiar información y recaudar determinadas tasas. Uber [la plataforma que ha soliviantado a los taxistas de todos el mundo] ya comparte información con autoridades en materia de movilidad o trabaja con la autoridad fiscal de Estonia. En España, el Ministerio de Hacienda accede en tiempo real a la actividad entre los operadores de juego online y sus jugadores.

EL SISTEMA DE LICENCIA PREVIA

Junto a fórmulas de colaboración público-privada y gestión de información, nos encontramos con el replanteamiento de determinada legislación económica estructurada en sistemas de autorización y licencia previa.

Tales procedimientos, que están fundamentados, entre otras razones, en reducir el impacto negativo de la asimetría informativa existente entre los consumidores y los usuarios respecto a las empresas con las que éstos interactúan, tienen un serio competidor en determinadas técnicas de reputación y evaluación digital para la adquisición de bienes y servicios a través de Internet. Se trata de técnicas en constante innovación, que a día de hoy ya son instrumentos eficaces para asegurar la confianza, seguridad y protección de los consumidores.

Precisamente el debate sobre la oportunidad de regular a través de datos y de soluciones digitales está tomando protagonismo con la expansión de servicios de la economía colaborativa, ya que gran parte de la interacción económica P2P, la interacción entre ciudadanos, queda en una zona gris donde la regulación sectorial, fiscal y laboral es poco equilibrada y eficiente. Esta situación no es nueva, ya que la tecnología e innovación social y económica suelen ser ordenadas en ocasiones con normas anticuadas de difícil encaje.

No podemos obviar que un sistema de regulación que esté basado en el procesamiento de datos puede generar un poder omnímodo para las Administraciones públicas. De hecho, algunas administraciones hace tiempo que lo ejercitan, por lo que la nueva regulación parece, paradojicamente, llevarnos a tener que establecer un marco legislativo claro de tratamiento de información por parte los agentes públicos que pase por una estricta observancia de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

REFLEXIÓN DE LOS REGULADORES

Los reguladores se encuentran en consecuencia no sólo ante la necesidad de dar encaje al mundo de la tecnología e información, sino también de pensar si su labor política y legislativa debe ser revisada considerando la naturaleza descentralizada y compleja de este entorno.

Parece necesario un cambio de visión sobre el objeto regulado y la interacción del legislador con lo que se regula, especialmente si consideramos que en diversos sectores se ha pasado de un modelo industrial centralizado, con sus estructuras clásicas de organización, a un modelo de comunidades en red que abarcan datos de infinidad de agentes económicos heterogéneos.

Plataformas de compraventa como Ebay y Etsy; otras de servicios, como Glovo y TaskRabbit; o bien de microfinanciación (crowdfunding) como Kickstarter y Lending Club, son un claro ejemplo de ello.

Este artículo fue publicado en el número 31 de Alternativas Económicas, diciembre 2015.

Trabajos desde la UE sobre la economía colaborativa

De los debates y estudios existentes sobre las actuaciones a seguir para avanzar en adecuadas políticas públicas y regulación para la economía colaborativa suele concluirse que es desde la Unión Europea donde se pueden tomar decisiones adecuadas para favorecer el encaje de las actividades que abarca este modelo económico. Especialmente si consideramos que ciertos niveles de armonización regulatoria resultan fundamentales para actividades que se canalizan por medios digitales.

Precisamente, uno de los primeros organismos en impulsar un informe sobre el tema fue el Comité Económico y Social Europeo. Ente que en enero de 2014 emitió un Dictamen denominado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” que analizaba aspectos relacionados con riesgos y ventajas de los modelos P2P para los consumidores.

Tras dicho trabajo han seguido declaraciones diversas por parte las Comisión Europea sobre la necesidad de promover estos modelos de forma adecuada considerando sus beneficios para la competencia. Este fue el caso de las declaraciones de la ya ex-Vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, en contra de decisiones limitativas de servicios de ride-sharing en diversos países europeos.

Este 2015 el Comité de las Regiones (CoR) presentaba una serie de conclusiones preliminares sujetas a votación por tal organismo sobre la economía colaborativa con propuestas interesantes como:

“la economía colaborativa podría dar lugar a una nueva identidad económica, la de la persona que no desea actuar sola y que, en vez de guiarse por el ansia de maximizar sus propios intereses materiales, acompaña su comportamiento económico de un compromiso con la comunidad, actúa en la escena pública –política, económica y social– y entabla una relación con sus conciudadanos para velar por el interés común y general.” 

“parecen estar surgiendo cuatro modalidades diferentes de economía colaborativa:

  1. la «economía de acceso» (access economy), para aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler temporal en vez de una venta definitiva;
  2. la «economía de los trabajos ocasionales» (gig economy), para iniciativas basadas en trabajos esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital;
  3. la «economía inter pares» (collaborative economy), es decir, iniciativas que fomentan un enfoque inter pares, implican a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierten a los clientes en una comunidad;
  4. la «economía de puesta en común» (pooling economy) para aquellas iniciativas de propiedad o gestión colectiva;”

“los resultados de la evaluación de impacto de la economía colaborativa no son siempre positivos en términos de protección medioambiental, cohesión social, igualdad y justicia social, uso adecuado del suelo o gobernanza urbana”

Las conclusiones preliminares de dicho informe resultan de especial interés ya que se puede constatar una profundización importante sobre el tema y la identificación de oportunidades de mejora económica y social desde el ámbito público.

Committee of the Regions

A todo esto se suma el trabajo que desde la Comisión Europea se está haciendo dentro de la Estrategia de Mercado Único Digital. A finales de mes finaliza el plazo de consulta sobre el rol de las plataformas digitales con una especial atención al posicionamiento de los market place colaborativos y P2P, lo que anuncia un futuro cambio legislativo en el régimen de dichos actores. Podría ser que se revise el rol actual de algunos negocios digitales que se identifican como prestadores de servicios de la sociedad de la información de conformidad con la LSSI española y la Directiva vinculada.

 

Igualmente el Parlamento Europeo ha encargado informes a expertos sobre la economía colaborativa para medir su impacto económico y social así como para prever futuras medidas de encaje de sus actividades.

Finalmente es valioso el diálogo público-privado que se está haciendo desde el Joint Research Center de la Comisión con el próximo encuentro de expertos denominado “A vision for the EU ‘sharing economy’ – Exploring future economic transformations” así como la iniciativa de diversas empresas colaborativas llamada The European Collaborative Economy Forum. Grupo similar a los ya creados en España, Sharing España, y UK, SEUK, que está impulsando talleres en Bruselas con empresas y decisores públicos.

EU Collaborative Econony Forum

Se puede concluir que todas estas líneas de trabajo muestran la importancia de este modelo económico para las instituciones europeas. Por lo que este 2016 generará novedades desde el ámbito público. Sin embargo, también será necesario que tal variedad de actores trabajando en estos temas tengan una adecuada comunicación e intercambio de información para unificar criterios.

 

Información de interés acerca de la economía colaborativa para el sector público

OuiShare con la colaboración de Sharing España han recopilado una importante colección de informes y artículos relativos a la economía colaborativa como recurso informativo para los poderes públicos interesados en el análisis de esta.

Para ello se ha creado en la OUIKI de OuiShare este interesante índice de contenidos que abarcan muchos de los temas que están siendo objeto de debate desde el ámbito público, tanto a nivel de retos regulatorios como aquellos beneficios sociales, económicos y ambientales que pueden ayudar a la consecución de políticas públicas relacionadas:

Sharing España

Útil recurso para un momento como el actual en el que la CNMC ha impulsado una consulta sobre la EC, se han anunciado iniciativas regulatorias relacionadas y en el Congreso de los Diputados se quiere avanzar en la creación de una Subcomisión de estudio del tema, en línea con la ya constituida en el Parlament de Cataluña.

European Tourism Day, la economía colaborativa y el turismo

ETD

La Comisión Europea celebró el pasado 1 de diciembre una jornada con una audiencia de alrededor de 300 personas sobre el futuro del turismo en Europa, foro en el que se destacó el valor estratégico de esta industria en la economía del continente.

La Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendeduría y PYMES de la Comisión Europea organizó este foro presidido por su Director General, Pedro Ortún, donde la tecnología y los nuevos servicios digitales fueron uno de los temas clave a tratar. Precisamente uno de los cuatro paneles en los que se estructuró el programa se denominó “Digitalisation and Innovation in Tourism”.

CE2

En dicho panel con el apoyo de OuiShare tuve la ocasión de introducir el tema de la economía colaborativa y los beneficios que este movimiento genera en la ciudadanía e industria turística europea. Lo cual supone una estupenda noticia al mostrar que desde las instituciones europeas se quiere hacer una aproximación al análisis y encaje de las actividades turísticas colaborativas. Particularmente, los asistentes y ponentes debatieron si estas actividades basadas en modelos peer-to-peer como alojamientos, movilidad o experiencias gastronómicas, deberían equipararse para operar con el mismo nivel de exigencias normativas que las empresas turísticas tradicionales que han venido operando en sub-sectores similares. Para ello se incidió en la idea de “level playing field”, esto es el intentar equiparar las exigencias y condiciones para operar a todos los actores privados concurrentes en un mercado, lo que a grandes rasgos podría ser ejecutado por las autoridades bajo dos posibles planteamientos; desregular algunos elementos del marco normativo aplicable para favorecer la entrada de nuevos servicios y la competitividad de toda la industria, o bien, establecer regulaciones más rígidas a los nuevos servicios digitales para acercarlos a aquellas que se aplican a los servicios preexistentes, sin contar que entre las empresas y personas que operan estos servicios concurrentes existen evidentes diferencias de estructura y capacidad operativa. El primer planteamiento podría parecer el más apropiado teniedo en cuenta que por ejemplo los servicios P2P que actualmente están en continuo crecimiento muestran que, en ocasiones, no es necesario recurrir a ingente legislación para que operen con seguridad y garantías, y en el segundo caso, podríamos encontrar un potencial riesgo para el desarrollo de estos nuevos servicios, ya que directamente los puede desincentivar y hacer anti-económicos.

Asimismo se presentó el informe de resultados de la consulta impulsada por la Comisión denominado “European Tourism of the Future” en el que fueron consultados múltiples actores públicos y privados relacionados con el turismo.

Esta fue la presentación que utilicé para explicar lo que representan las actividades turísticas de la economía colaborativa considerando aspectos económicos y sociales. Asimismo expuse algunas reflexiones sobre aquellas políticas y regulaciones que deban diseñarse para abordar este ámbito.

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

Reportaje en el Telediario de TVE: Las nuevas tecnologías y la crisis disparan las alternativas al consumo tradicional

TVE

Reportaje en Televisión Española del día 16 de junio en el que se analiza la situación en España de las actividades vinculadas a la economía colaborativa que están innovando en los patrones de consumo e intercambio de bienes y servicios entre particulares.

Hablamos de la necesidad de impulsar una regulación acorde y competitiva que permita que estas actividades estén incorporadas al marco jurídico existente.http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/nuevas-tecnologias-crisis-disparan-alternativas-consumo-tradicional/2618520/