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Trabajos desde la UE sobre la economía colaborativa

De los debates y estudios existentes sobre las actuaciones a seguir para avanzar en adecuadas políticas públicas y regulación para la economía colaborativa suele concluirse que es desde la Unión Europea donde se pueden tomar decisiones adecuadas para favorecer el encaje de las actividades que abarca este modelo económico. Especialmente si consideramos que ciertos niveles de armonización regulatoria resultan fundamentales para actividades que se canalizan por medios digitales.

Precisamente, uno de los primeros organismos en impulsar un informe sobre el tema fue el Comité Económico y Social Europeo. Ente que en enero de 2014 emitió un Dictamen denominado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” que analizaba aspectos relacionados con riesgos y ventajas de los modelos P2P para los consumidores.

Tras dicho trabajo han seguido declaraciones diversas por parte las Comisión Europea sobre la necesidad de promover estos modelos de forma adecuada considerando sus beneficios para la competencia. Este fue el caso de las declaraciones de la ya ex-Vicepresidenta de la CE, Neelie Kroes, en contra de decisiones limitativas de servicios de ride-sharing en diversos países europeos.

Este 2015 el Comité de las Regiones (CoR) presentaba una serie de conclusiones preliminares sujetas a votación por tal organismo sobre la economía colaborativa con propuestas interesantes como:

“la economía colaborativa podría dar lugar a una nueva identidad económica, la de la persona que no desea actuar sola y que, en vez de guiarse por el ansia de maximizar sus propios intereses materiales, acompaña su comportamiento económico de un compromiso con la comunidad, actúa en la escena pública –política, económica y social– y entabla una relación con sus conciudadanos para velar por el interés común y general.” 

“parecen estar surgiendo cuatro modalidades diferentes de economía colaborativa:

  1. la «economía de acceso» (access economy), para aquellas iniciativas cuyo modelo de negocio implica la comercialización del acceso a bienes y servicios, no su tenencia. Se trata de un alquiler temporal en vez de una venta definitiva;
  2. la «economía de los trabajos ocasionales» (gig economy), para iniciativas basadas en trabajos esporádicos cuya transacción se hace a través del mercado digital;
  3. la «economía inter pares» (collaborative economy), es decir, iniciativas que fomentan un enfoque inter pares, implican a los usuarios en el diseño del proceso de producción o convierten a los clientes en una comunidad;
  4. la «economía de puesta en común» (pooling economy) para aquellas iniciativas de propiedad o gestión colectiva;”

“los resultados de la evaluación de impacto de la economía colaborativa no son siempre positivos en términos de protección medioambiental, cohesión social, igualdad y justicia social, uso adecuado del suelo o gobernanza urbana”

Las conclusiones preliminares de dicho informe resultan de especial interés ya que se puede constatar una profundización importante sobre el tema y la identificación de oportunidades de mejora económica y social desde el ámbito público.

Committee of the Regions

A todo esto se suma el trabajo que desde la Comisión Europea se está haciendo dentro de la Estrategia de Mercado Único Digital. A finales de mes finaliza el plazo de consulta sobre el rol de las plataformas digitales con una especial atención al posicionamiento de los market place colaborativos y P2P, lo que anuncia un futuro cambio legislativo en el régimen de dichos actores. Podría ser que se revise el rol actual de algunos negocios digitales que se identifican como prestadores de servicios de la sociedad de la información de conformidad con la LSSI española y la Directiva vinculada.

 

Igualmente el Parlamento Europeo ha encargado informes a expertos sobre la economía colaborativa para medir su impacto económico y social así como para prever futuras medidas de encaje de sus actividades.

Finalmente es valioso el diálogo público-privado que se está haciendo desde el Joint Research Center de la Comisión con el próximo encuentro de expertos denominado “A vision for the EU ‘sharing economy’ – Exploring future economic transformations” así como la iniciativa de diversas empresas colaborativas llamada The European Collaborative Economy Forum. Grupo similar a los ya creados en España, Sharing España, y UK, SEUK, que está impulsando talleres en Bruselas con empresas y decisores públicos.

EU Collaborative Econony Forum

Se puede concluir que todas estas líneas de trabajo muestran la importancia de este modelo económico para las instituciones europeas. Por lo que este 2016 generará novedades desde el ámbito público. Sin embargo, también será necesario que tal variedad de actores trabajando en estos temas tengan una adecuada comunicación e intercambio de información para unificar criterios.

 

Actores Públicos ante la Economía Colaborativa

EESC

 

Semana de mucha actividad en Madrid y Barcelona en torno a la economía colaborativa. Eventos varios entre los que destaca la presentación institucional del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el consumo colaborativo publicado en enero de este 2014. Presentación que se hará el día 9 de mayo en Madrid y el día 10 de mayo en Barcelona con la participación, junto con el ponente del Dictamen, Bernardo Hernández Bataller, de entidades como OuiShare y el Consejo de Consumidores y Usuarios, y de empresas como Airbnb, Etece o Blablacar.

El Comité Económico y Social Europeo (conocido por sus siglas en inglés como EESC) es un órgano consultivo de la Unión Europea que asesora y emite dictámenes sobre temas sociales, económicos y las iniciativas legislativas que los abordan. El EESC es consultado regularmente por instituciones de la UE, entre estas el Consejo y la Comisión, en su toma de decisones.

El referido Dictamen no es unicamente uno de los pocos documentos emitidos hasta la fecha por organismos públicos de la UE y de los propios estados miembros sobre esta materia, sino que además la acoge como solución al hacer hincapie en el valor de esta por integrar elementos sociales, ambientales y económicos, por lo que requiere a la Comisión Europea a fin de que aborde este asunto. En esa misma línea, es interesante como el Dictamen sitúa a la economía colaborativa como una piedra angular para Europa en consonancia con la Estrategia Europa 2020 de la propia UE, al ser una solución que, desde el ámbito digital, puede ayudar a mejorar el mercado interior europeo afectado por un modelo económico poco sostenible y mal equilibrado. El EESC ve en esta economía una oportunidad para el diseño de un modelo económico y productivo más eficiente y con mayor capacidad de generar empleo y cohesión social. Ahí es nada.

Del Dictamen se pueden extraer varias recomendaciones a la Comisión Europea que buscan proteger la figura del consumidor como paso previo para lograr un mayor desarrollo de esta economía, cabe destacar la adopción de medidas como:

– Necesidad de que la Comisión Europea realice estudios que identifiquen los retos, barreras de entrada y oportunidades de esta economía.

– Necesidad de regular las actividades colaborativas para así establecer los derechos y responsabilidades de los agentes implicados, ayudando a minimizar los riesgos inherentes a esta. Procediendo asimismo a una armonización del Derecho a nivel de la UE y de los países miembros que ayude a consolidar y simplificar el entorno colaborativo.

– Necesidad de generar campañas institucionales de concienciación sobre el tema y bases de datos sobre las experiencias de los peers. Acción, esta última, que ya están desarrollando comunidades como OuiShare o Peers.org

 

En España, hasta el momento no se conoce un acercamiento para el estudio y evaluación de este movimiento por parte de los poderes públicos como el realizado por el EESC, quizá lo más destacable, aunque con un rol político de oposición, han sido las manifestaciones del Partido Socialista de Canarias instando al Gobierno de esa Comunidad a fin de que no se limite la actividad de crowdfunding por el impacto económico que ello generaría. Exceptuando esta actuación aislada, nada más. Sin embargo, con el escenario económico y social negativo que venimos padeciendo, España resulta un país con muchas oportunidades como para que sus Administraciones Públicas no tomen la iniciativa en abordar y definir este entorno. Junto con los gobiernos municipales y entidades al frente de áreas metropolitanas, verdaderos ecosistemas naturales para la definición de políticas públicas que ayuden al desarrollo de la economía colaborativa, en España existen diversos y variados organismos públicos que deberían aprovechar la oportunidad de este ámbito, como por ejemplo, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), vistas sus áreas de actuación a nivel local, Red.Es, considerando sus competencias para el fomento de la economía digital y sociedad de la información, o los organismos competentes en materia de consumo.