Interés General

Innovar e impulsar nuevos mercados genera ventajas competitivas y de crecimiento para las compañías mejorando, al mismo tiempo, el acceso a nuevos servicios para los ciudadanos. Sin embargo, en ocasiones, el crecimiento de estos a medio o largo plazo se medirá por el riesgo regulatorio que les afecte, es decir por la seguridad jurídica que tengan esas nuevas actividades tanto para las empresas como para sus usuarios. Circunstancia que concurre en la economía colaborativa.

En este blog se irán abordando temas sobre política pública y legislación relacionados con la economía colaborativa, entendida esta como la consolidación y expansión del tradicional intercambio de bienes y servicios entre particulares (P2P) a través de las tecnologías de la información. Movimiento que concurre en múltiples segmentos, desde el intercambio de conocimiento al comercio privado de bienes pasando por la financiación y la prestación de servicios entre particulares.

A pesar de su correlación, referirse a temas de política pública y regulación supone hablar en ocasiones de fases diferentes, por ejemplo, el diseño de una política pública acaba materializándose muchas veces en un texto normativo. Precisamente, dicho proceso sería el más adecuado en una primera etapa de análisis de la economía colaborativa por los poderes públicos, es decir, que estos entiendan y comiencen un dialogo con los actores vinculados a este movimiento antes que optar por respuestas automáticas basadas en la aplicación de la normativa actual o en la aprobación de nuevas normas aplicables. Con ello no quiero decir que la economía colaborativa no deba tener un marco normativo, al contrario, como decía al principio, que estas actividades P2P se regulen ayudará a que sean seguras y se consoliden en nuestro entorno.

Que la primera solución para abordar una actividad innovadora vinculada a la sociedad de la información sea la regulación en detrimento de la definición de políticas públicas que busquen su encaje y coexistencia da cuanto menos vértigo,  siendo un vicio al que se suele recurrir en nuestro país. Respuesta jurídica que normalmente se realiza de dos formas; o se intentan interpretar las nuevas actividades conforme a la normativa existente, como puede ser el caso reciente en el ámbito P2P de la acusación a BlaBlaCar por concurrir, según la patronal del transporte en autobús, Fenebus, prácticas de competencia desleal, o bien, se aprueba normativa ad hoc para regular estas actividades. Como es el caso del anteproyecto del Ministerio de Economía y Competitividad sobre cuestiones relacionadas con crowdfunding, trámite normativo en el que parece no haber existido hasta el momento una definición clara de sus objetivos ni un diálogo horizontal con las partes.

Un ámbito de actividad gris, alegal, no regulado… no puede caer directamente en la prohibición que establezcan normas con las que potencialmente pueda tener concurrencia, especialmente cuando hablamos de la economía colaborativa. Las actividadades P2P representan un cambio relevante que permite a los ciudadanos beneficiarse del intercambio de bienes y servicios a través de las plataformas que las promueven. Por tanto, hablamos de actividades en las que concurre el interés general, y es así como debieran ser procesadas por los actores públicos, patrón de actuación del que habla la Constitución Española.

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