Actores Públicos ante la Economía Colaborativa

EESC

 

Semana de mucha actividad en Madrid y Barcelona en torno a la economía colaborativa. Eventos varios entre los que destaca la presentación institucional del Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el consumo colaborativo publicado en enero de este 2014. Presentación que se hará el día 9 de mayo en Madrid y el día 10 de mayo en Barcelona con la participación, junto con el ponente del Dictamen, Bernardo Hernández Bataller, de entidades como OuiShare y el Consejo de Consumidores y Usuarios, y de empresas como Airbnb, Etece o Blablacar.

El Comité Económico y Social Europeo (conocido por sus siglas en inglés como EESC) es un órgano consultivo de la Unión Europea que asesora y emite dictámenes sobre temas sociales, económicos y las iniciativas legislativas que los abordan. El EESC es consultado regularmente por instituciones de la UE, entre estas el Consejo y la Comisión, en su toma de decisones.

El referido Dictamen no es unicamente uno de los pocos documentos emitidos hasta la fecha por organismos públicos de la UE y de los propios estados miembros sobre esta materia, sino que además la acoge como solución al hacer hincapie en el valor de esta por integrar elementos sociales, ambientales y económicos, por lo que requiere a la Comisión Europea a fin de que aborde este asunto. En esa misma línea, es interesante como el Dictamen sitúa a la economía colaborativa como una piedra angular para Europa en consonancia con la Estrategia Europa 2020 de la propia UE, al ser una solución que, desde el ámbito digital, puede ayudar a mejorar el mercado interior europeo afectado por un modelo económico poco sostenible y mal equilibrado. El EESC ve en esta economía una oportunidad para el diseño de un modelo económico y productivo más eficiente y con mayor capacidad de generar empleo y cohesión social. Ahí es nada.

Del Dictamen se pueden extraer varias recomendaciones a la Comisión Europea que buscan proteger la figura del consumidor como paso previo para lograr un mayor desarrollo de esta economía, cabe destacar la adopción de medidas como:

– Necesidad de que la Comisión Europea realice estudios que identifiquen los retos, barreras de entrada y oportunidades de esta economía.

– Necesidad de regular las actividades colaborativas para así establecer los derechos y responsabilidades de los agentes implicados, ayudando a minimizar los riesgos inherentes a esta. Procediendo asimismo a una armonización del Derecho a nivel de la UE y de los países miembros que ayude a consolidar y simplificar el entorno colaborativo.

– Necesidad de generar campañas institucionales de concienciación sobre el tema y bases de datos sobre las experiencias de los peers. Acción, esta última, que ya están desarrollando comunidades como OuiShare o Peers.org

 

En España, hasta el momento no se conoce un acercamiento para el estudio y evaluación de este movimiento por parte de los poderes públicos como el realizado por el EESC, quizá lo más destacable, aunque con un rol político de oposición, han sido las manifestaciones del Partido Socialista de Canarias instando al Gobierno de esa Comunidad a fin de que no se limite la actividad de crowdfunding por el impacto económico que ello generaría. Exceptuando esta actuación aislada, nada más. Sin embargo, con el escenario económico y social negativo que venimos padeciendo, España resulta un país con muchas oportunidades como para que sus Administraciones Públicas no tomen la iniciativa en abordar y definir este entorno. Junto con los gobiernos municipales y entidades al frente de áreas metropolitanas, verdaderos ecosistemas naturales para la definición de políticas públicas que ayuden al desarrollo de la economía colaborativa, en España existen diversos y variados organismos públicos que deberían aprovechar la oportunidad de este ámbito, como por ejemplo, el Ministerio de Economía y Competitividad, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), vistas sus áreas de actuación a nivel local, Red.Es, considerando sus competencias para el fomento de la economía digital y sociedad de la información, o los organismos competentes en materia de consumo.

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