El portal Idealista ha impulsado un breve reportaje en el que, con el título «Prohibido alquilar. La industria hotelera contra el alquiler vacacional», se analiza la situación y el actual marco jurídico del alquiler vacacional en España. Servicios de alojamiento que, tras la modificación de la LAU en 2013, es competencia de las CCAA establecer su regulación y, tal y como está ocurriendo en diversas regiones, el limitar la actividad.

El reportaje analiza las acciones de influencia que el sector hotelero está realizando a diversos niveles, tanto en medios de comunicación como a nivel institucional para proteger su mercado de este tipo de alojamientos entre particulares.

En este se entrevistan a personas de diferentes perfiles, tanto representantes del sector público como propietarios de inmuebles y empresarios. A modo de ejemplo, se entrevista a Pablo Zubicaray, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos y fundador de Friendly Rentals, quien hace mención delas barreras de entrada que se están creando a través de dificiles trámites burocráticos y requerimientos técnicos para poder alquilar viviendas de forma temporal. Adolfo Mesquita, Secretario de Estado de Turismo de Portugal hace hincapié en un aspecto fundamental, como es que resolver la regulación de los apartamentos vacacionales a través de prohibiciones resulta completamente inútil y poco efectivo, siendo la opción elegida por el Gobierno portugues la de permitir que la oferta se amplíe y disponga de varios tipos de servicios regulados. Planteamiento que incide especialmente en favorecer la reducción de la economía sumergida resultante de la prohibición de estos servicios de alojamientos. Igualmente, Luis Tamayo, conector de OuiShare en España, habla sobre la dimensión que están alcanzando los servicios prestados entre particulares a través de plataformas digitales y sobre el efecto que ello está teniendo en sectores empresariales tradicionales y la sociedad.

Un reportaje de interés que ayuda a exponer de forma constructiva la necesidad de que el ordenamiento jurídico de cabida a aquellos servicios demandados por los ciudadanos.