Comienza 2015 con diversas iniciativas que anuncian un avance en la necesaria adaptación institucional e innovación legislativa para el encaje de determinadas actividades de la economía colaborativa (EC).

En primer lugar, el 1 de enero el Ayuntamiento de Amsterdam anunciaba un acuerdo de colaboración con Airbnb para que esta plataforma coordine la recaudación de la tasa turística aplicable a las actividades de sus usuarios. Sistema que no es nuevo para Airbnb pero que si es novedad en Europa, al ser esta ciudad holandesa la primera en establecer un modelo de cooperación con plataformas P2P para recaudar y trazar la actividad económica que en estas realizan sus ciudadanos. Toda una innovación de colaboración público-privada que muestra el camino recorrido por Amsterdam en integrar la EC localmente y en que su Administración logre nuevos recursos operativos y tributarios.

Coincidiendo con el cese temporal de sus actividades en España, diversos medios informabaan que la Comisión Europea está definiendo su posición política para este 2015 en la que se determinará como avanzar en un posible impulso de una legislación comunitaria que incida en la flexibilización de las restricciones existentes en el mercado interior de la UE a servicios como los prestados por Uber y también en ayudar a una mayor implantación de la economía digital. Dichos trabajos de la Comisión podrían suponer el lograr más competencia en el mercado junto con una mayor seguridad jurídica y una reducción de las barreras de entrada existentes a servicios colaborativos y P2P. Es importante considerar que no todo es Uber en el ride-sharing, diversas empresas tecnológicas vinculadas al ride-sharing seguro que igualmente desearían poder crecer y expandirse en el mercado europeo. Empresas como Cabify que operan legalmente a través de licencias VTC sufren la rigidez regulatoria del sector de transporte discrecional de pasajeros en España u otros países.

Una tendencia de avance en un legislación común europea en actividades digitales como la anterior, u otras que también formen parte de la economía colaborativa como los alojamientos P2P o el crowdfunding, es una de las grandes prioridades que este ecosistema tecnológico puede tener en nuestro continente para lograr un mayor competitividad. Algo que no es solo esperado por empresas de Estados Unidos sino también por las europeas.

Finalmente, junto con las anteriores iniciativas, en España el Partido Socialista se ha interesado en la EC y sus oportunidades, para ello la Diputada socialista y Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red, María González Veracruz, solicitaba recientemente el impulso de una Subcomisión parlamentaria para el estudio de la EC en el Congreso de los Diputados. Desde dicho partido son conscientes de la relevancia de este movimiento en la sociedad y economía española por lo que un «debate transversal» de los políticos y agentes implicados podría ser un muy interesante punto de partida.

En España parece que la CNMC, el Parlament de Cataluña y el PSOE son las organizaciones que con mayor interés se están aproximando a la EC y al análisis de sus riesgos y beneficios.