Etiquetado: Administración

Cataluña avanza en la autorización de alojamientos turísticos P2P

El Periódico de Cataluña publica un artículo sobre las declaraciones que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó ayer anunciando una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

El Conseller abre la puerta a autorizar, en base a una serie de requisitios, a aquellos alojamientos entre particulares en los que los anfitriones obtengan un lucro, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de permitir ofertar una habitación y no toda una vivienda como alojamiento turístico, tipología de servicio que actualmente no se permite en Cataluña. Puig también indicó que esta modificación normativa no entrará a regular el intercambio temporal de viviendas entre particulares sin ánimo de lucro.

Los posibles requisitos a exigir probablamente estarán vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales y a la observancia de medidas de seguridad e higiene. Asimismo habrá que observar la aplicación de la normativa de consumidores y usuarios en estas relaciones entre particulares.

Veamos cómo se avanza en esta modificación de la normativa y qué tipo de requerimientos se exigen a los particulares, considerando el riesgo de que se establezcan obligaciones que conviertan la oferta de estos servicios de alojamiento P2P en una actividad antieconómica. Igualmente, habrá que ver si el contexto político actual puede permitir un trámite legislativo de estas características cuando un escenario posible son las elecciones anticipadas.

En cualquier caso, esta noticia supone un paso adelante en el acercamiento de los poderes públicos a las actividades P2P de la economía colaborativa replanteando, acertadamente, el escenario sancionador y prohibicionista que teníamos el pasado julio en Cataluña. Según Felip Puig “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“, un gran eslogan.

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La Hora de la Regulación del Crowdfunding

El anuncio de la regulación del crowdfunding el pasado marzo generó cierto ruido en la opinión pública por la novedad y por percibirse como una posible limitación a un canal de acceso a financiación que, encuadrado en la economía colaborativa, podría convertirse en una valiosa vertical adicional al sector bancario tradicional.

El crowdfunding no es un concepto homogéneo ya que abarca varias clases de financiación, siendo las que se prevé regular aquellas en las que el inversor tiene un retorno monetario. Esta regulación se realizará próximamente en España mediante su inclusión en el Anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación Empresarial, normativa que incidirá en la normalización del crowdfunding y en la seguridad jurídica para las partes. Precisamente la Unión Europea, aun sin querer impulsar una legislación europea específica, considera que el crowdfunding tiene un impacto socioeconómico muy positivo al contribuir a un modelo de crecimiento económico sostenible y abierto.

La norma que está elaborando el Ministerio de Economía persigue a nivel general avanzar en la reducción de la falta de financiación que las empresas y particulares vienen sufriendo en España, siendo en su Título V denominado “Régimen Jurídico de las Plataformas de Financiación Participativa” donde se establecen requerimientos a dos categorías de crowdfunding; aquella donde el sujeto inversor tiene un retorno en equity o participaciones societarias de un proyecto, conocido como equity crowdfunding, y aquella en el que se obtienen determinados intereses por prestar dinero, denominado crowdlending o préstamos P2P. Excluyéndose tipologías colaborativas como en las que los inversores únicamente reciben una recompensa no lucrativa.

El Anteproyecto, junto a la regulación de los requerimientos exigibles a las plataformas, las prohibiciones o el régimen de control por la CNMC y el Banco de España, establece importes máximos a las aportaciones de los inversores. Este último elemento es importante ya que, a pesar de que el crowdfunding todavía no ha alcanzado cifras relevantes (según “ConsumoColaborativo.com” a día de hoy ningún proyecto español de crowdfunding ha superado el millón de euros), el establecimiento de límites legales puede afectar a su consolidación y en especial a proyectos financiados por equity crowdfunding. Concretamente un inversor sólo podrá destinar hasta 3.000€ por proyecto y un máximo de 6.000€ anuales en el conjunto de proyectos de una misma plataforma. Restricciones a las que suma el límite de un millón de euros que un proyecto puede captar. Estos últimos elementos están siendo abordados de modo activo desde la Asociación Española de Crowdfunding para su flexibilización, organización que defiende un marco normativo más próximo al de países como Reino Unido.

Así, tras una consulta pública y reuniones de las partes afectadas con el regulador, el Gobierno precisaba el pasado mayo que el crowdfunding no estaría limitado para inversores profesionales pudiendo estos sobrepasar los límites antes citados. A lo que se suma la posibilidad, todavía no anunciada de manera oficial, de que se pueda incrementar el importe máximo de captación de fondos por proyecto del millón a los dos millones. Precisamente, será relevante ver, en la futura norma, qué se entenderá por inversor no profesional (minorista) y por profesional, puesto que sería negativo excluir en esta última acepción a aquellos particulares con conocimientos y patrimonio suficientes que puedan realizar inversiones por encima de los límites apuntados.

Asimismo son relevantes las limitaciones en la publicitación de los proyectos así como los requerimientos que a nivel informativo se exigirán a las plataformas y a los proyectos, considerando que estos últimos, según el Anteproyecto, deberán tener información suficiente como para permitir a un inversor medio emitir un juicio fundado para decidir si invierte en estos.

Es de prever que hasta la aprobación de la Ley, que debería ser a lo largo de los próximos seis meses, vaya mejorándose el articulado para así favorecer este canal de financiación, minorando a su vez la tradicional dependencia que hay en España a la financiación bancaria. Del mismo modo, habrá que ver si la esperada nueva Ley de Mecenazgo incorpora y fomenta el crowdfunding, especialmente los proyectos apoyados en donaciones, como herramienta para canalizar la financiación de actividades de mecenazgo.

[Este artículo forma parte del Número 17 de Alternativas Económicas publicado en septiembre, que se encuentra en quioscos, librerías y en  App para tablets.]

Alternativas Económicas

Madrid sin tráfico, ¿quién gana?

Tema del día: El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su Plan de Movilidad, limitará el transito de vehículos en el centro de la ciudad con medidas similares a las aplicadas en ciudades europeas como Londres o Roma. El objetivo es que desde principios de 2015 exista un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido en Madrid, lo que, a pesar de ser un espacio todavía reducido, puede considerarse una buena noticia al ser Madrid una de las ciudades con mayor contaminación atmosférica de la Unión Europea.

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Restringir el transporte privado en las ciudades no es unicamente una forma de reducir la contaminación ambiental y proteger la salud de los ciudadanos, sino que ayuda a que los servicios de transporte vertebren aún más la movilidad de una urbe, desarrollando en consecuencia el mercado y permitiendo, por ejemplo, el aumento de la demanda de servicios de taxi. Lo que lleva aparejado a su vez la incorporación y consolidación de otros servicios colaborativos dirigidos, por una parte, a compartir trayectos, vehículos o parkings, y por otra, a utilizar servicios de transporte de personas menos rígidos como el ridesharing.

Son el impulso de este tipo de medidas las que deberían centrar los esfuerzos de los operadores de transporte tradicionales y no el bloquear la ampliación de la oferta de nuevos servicios de movilidad. A lo que se suma, además, que el fomento de la cultura de acceso al servicio -característico en modelos colaborativos- en contraposición a la adquisión del bien que facilita dichos servicios, acabará beneficiando de igual manera al posicionamiento de los operadores tradicionales.

Veamos como se implanta este plan de restricción del tráfico en Madrid y si se acompaña con mejoras del transporte público e impulso de servicios de movilidad alternativos. Mientras, hoy en Barcelona, el colectivo de taxistas Élite se ha manifestado exigiendo a la Generalitat el establecimiento de sanciones a pasajeros de Uber y el avance de medidas de inmovilización de vehículos (hashtag contundente

Reportaje en Valor Afegit de TV3: ¿Debe regularse el consumo colaborativo?

Completo reportaje sobre economía colaborativa y regulación emitido en el programa de información económica Valor Afegit de TV3 el pasado 4 de junio.

El programa, en el que he tenido ocasión de participar, analiza aspectos legales relacionados con servicios de turismo P2P, alojamientos turísticos y ride-sharing. Igualmente se incluyen diversas gráficas explicativas con información de interés sobre el número de viviendas turísticas existente en Cataluña o las diversas clases de impuestos que deben ingresarse por servicios de alojamiento turístico.

En el reportaje participan, entre otros, Gloria Molins, fundadora de Trip4Real, Albert Cañigueral, conector de OuiShare para España y Latam, Marian Muro, Directora General de Turismo de la Generalitat, Ana Aguilar, Portavoz de Uber, y Pere Padrosa, Director General de Transporte y Movilidad de la Generalitat.

http://www.tv3.cat/videos/5117331/Cal-regular-el-consum-collaboratiu

Valor