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Francia y su modelo de home-sharing

Francia es un ejemplo en materia de home-sharing -alojamiento de personas en viviendas de particulares- que resultaría valioso considerarlo en nuestro país, teniendo en cuenta nuestra vecindad, su influyente ordenamiento jurídico y semejanzas en materia de actividades turísticas. Francia comparte con Italia y España el liderazgo europeo en atracción de turistas, lo que significa también el compartir los riesgos y externalidades que supone esta industria. Sin embargo, la respuesta normativa al home-sharing por parte del legislador francés ilustra positivamente cómo integrar esta actividad en un país donde el alojamiento en viviendas particulares es una práctica habitual desde hace años.

En el año 2014 se aprueba en Francia La Ley ALUR (“Loi ALUR”) que ampara el home-sharing, dicha ley clarifica la no necesidad de obtener una autorización previa de un Ayuntamiento en todo el territorio francés en los casos en que el alojamiento se realice en una residencia habitual de una persona. Concretamente la Ley ALUR modifica el Código de Turismo (“Code du Turisme”) francés, estableciendo:

Artículo L324-1-1

Cualquier persona que ofrezca en alquiler un alojamiento amueblado, clasificado o no en consonancia con este Código, debe haber sido previamente en la declaración a la alcaldía del municipio donde se encuentre la vivienda.

Esta declaración no es necesaria si el uso del espacio constituye la residencia principal del propietario en el sentido del artículo 2 de la Ley Nº 89-462 de 6 de julio de 1989 a mejorar la información y el alquiler que modifica la Ley N ° 86-1290 de 23 de diciembre de 1986. “

La legislación francesa prevé como vivienda habitual (residencia principal) aquella en la que el particular resida como mínimo 8 meses al año.

Junto con la clarificación de la actividad de home-sharing, en agosto de 2015 el Gobierno frances promulga una nueva norma que prevé la recaudación de las tasas turísticas aplicables y otra tasa municipal por parte de las plataformas donde se ofertan las viviendas de los ciudadanos. De esta forma se resolvía de forma eficiente la liquidación de las tasas exigibles a los usuarios, un paso adelante y una innovación de los poderes públicos que también ha sido aplicada por ciudades como Portland, San Francisco, Amsterdam o Milán.

Mientras tanto en España, atendiendo a las competencias de las CCAA en esta materia, nos encontramos con un alto grado de inseguridad jurídica para los usuarios de estos servicios a la vista de normas sobre alojamientos que parecen querer equiparar el home-sharing con modelos de alojamientos profesionales. Hola Francia!

Amsterdam, Bruselas y el PSOE ante la economía colaborativa

Comienza 2015 con diversas iniciativas que anuncian un avance en la necesaria adaptación institucional e innovación legislativa para el encaje de determinadas actividades de la economía colaborativa (EC).

En primer lugar, el 1 de enero el Ayuntamiento de Amsterdam anunciaba un acuerdo de colaboración con Airbnb para que esta plataforma coordine la recaudación de la tasa turística aplicable a las actividades de sus usuarios. Sistema que no es nuevo para Airbnb pero que si es novedad en Europa, al ser esta ciudad holandesa la primera en establecer un modelo de cooperación con plataformas P2P para recaudar y trazar la actividad económica que en estas realizan sus ciudadanos. Toda una innovación de colaboración público-privada que muestra el camino recorrido por Amsterdam en integrar la EC localmente y en que su Administración logre nuevos recursos operativos y tributarios.

Coincidiendo con el cese temporal de sus actividades en España, diversos medios informabaan que la Comisión Europea está definiendo su posición política para este 2015 en la que se determinará como avanzar en un posible impulso de una legislación comunitaria que incida en la flexibilización de las restricciones existentes en el mercado interior de la UE a servicios como los prestados por Uber y también en ayudar a una mayor implantación de la economía digital. Dichos trabajos de la Comisión podrían suponer el lograr más competencia en el mercado junto con una mayor seguridad jurídica y una reducción de las barreras de entrada existentes a servicios colaborativos y P2P. Es importante considerar que no todo es Uber en el ride-sharing, diversas empresas tecnológicas vinculadas al ride-sharing seguro que igualmente desearían poder crecer y expandirse en el mercado europeo. Empresas como Cabify que operan legalmente a través de licencias VTC sufren la rigidez regulatoria del sector de transporte discrecional de pasajeros en España u otros países.

Una tendencia de avance en un legislación común europea en actividades digitales como la anterior, u otras que también formen parte de la economía colaborativa como los alojamientos P2P o el crowdfunding, es una de las grandes prioridades que este ecosistema tecnológico puede tener en nuestro continente para lograr un mayor competitividad. Algo que no es solo esperado por empresas de Estados Unidos sino también por las europeas.

Finalmente, junto con las anteriores iniciativas, en España el Partido Socialista se ha interesado en la EC y sus oportunidades, para ello la Diputada socialista y Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red, María González Veracruz, solicitaba recientemente el impulso de una Subcomisión parlamentaria para el estudio de la EC en el Congreso de los Diputados. Desde dicho partido son conscientes de la relevancia de este movimiento en la sociedad y economía española por lo que un “debate transversal” de los políticos y agentes implicados podría ser un muy interesante punto de partida.

María González con representantes de empresas de la economía colaborativa

En España parece que la CNMC, el Parlament de Cataluña y el PSOE son las organizaciones que con mayor interés se están aproximando a la EC y al análisis de sus riesgos y beneficios.

San Francisco regula el alojamiento temporal P2P

La ciudad de San Francisco se ha posicionado recientemente hacia un nuevo planteamiento en la regulación de la economía colaborativa y las actividades P2P que representa. El gobierno de San Francisco ha establecido por primera vez el marco normativo que deberán cumplir aquellas personas que alquilen sus primeras viviendas a través de plataformas tecnológicas P2P.

La norma, que entrará en vigor a partir de febrero de 2015, exigirá diversas obligaciones a los oferentes de habitaciones o viviendas completas para uso turístico. Decisión con transcendencia teniendo en cuenta que es el lugar donde AirBnb comenzó su actividad y tiene su sede. Entre las obligaciones a obsevar destacan:

  1. Registro de viviendas, en donde los arrendadores deberán inscribir los inmuebles que oferten abonando, a su vez, una tasa administrativa.
  2. Tener residencia permanente en la ciudad y vivir en el domicilio ofertado desde al menos 275 días.
  3. Límite de alquiler de un máximo de 90 noches al año.
  4. Contratación de un seguro de responsabilidad civil con una cobertura de más de medio millón de $.
  5. Obligaciones fiscales. Los arrendadores deberán abonar los mismos tributos que hoteles y alojamientos turísticos. Siendo la plataforma tecnológica la que se encargará de recaudar dichos impuestos, en principio la tasa hotelera aplicable, e ingresarlos en nombre de estos ante las autoridades tributarias competentes.
  6. Régimen sancionador específico que podría alcanzar, dependiendo de las circunstancias, hasta los 1.000 $ diarios al arrendador. Al mismo tiempo se incorpora un procedimiento administrativo para que las comunidades de propietarios denuncien y puedan paralizar actividades que incumplan lo anterior.
  7. Precios, en el caso de que los oferentes de la vivienda no sean propietarios y, por tanto, subarrienden, estos no podrán cobrar más de lo que estén pagando de renta al propietario de la vivienda.

Veamos como se aplica la nueva normativa y como se controla la actividad de los anfitriones, según Business Insider ahora la atención se centra en Nueva York donde se está tramitando una nueva legislación en este sentido y donde el mercado de alquiler temporal entre particulares es enorme.

Igualmente, la iniciativa de regular esta vertical P2P desde el ámbito local plantea preguntas sobre cuál es el nivel legislativo de toma de decisiones más adecuado para regular la economía colaborativa. Regular localmente es complejo y en cierto modo antieconómico, ya que las empresas (que operan en un entorno digital) deberían adaptarse no solo a legislación de cada país sino de cada ciudad, sin embargo las autoridades locales son en muchos casos las que entienden mejor la forma de regular e incorporar estas actividades a sus ciudades y, a su vez, las que constatan más de cerca su valor estratégico económico-social (“There are many people who absolutely rely on the income that they derive from these hosted rentals to make it in San Francisco,” indicaba uno de los cargos públicos que han negociado la norma). Sin perjuicio de que estas actividades generen problemas que deban resolverse, es importante considerar que también pueden ser un instrumento para ayudar a fortalecer las acciones de mejora de calidad de vida de las ciudades, el documento “Policies for shareable cities” de la organización Shareable incide en ello.

[Foto de San Francisco by Samuel Wantman via Creative Commons]

Cataluña avanza en la autorización de alojamientos turísticos P2P

El Periódico de Cataluña publica un artículo sobre las declaraciones que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó ayer anunciando una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

El Conseller abre la puerta a autorizar, en base a una serie de requisitios, a aquellos alojamientos entre particulares en los que los anfitriones obtengan un lucro, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de permitir ofertar una habitación y no toda una vivienda como alojamiento turístico, tipología de servicio que actualmente no se permite en Cataluña. Puig también indicó que esta modificación normativa no entrará a regular el intercambio temporal de viviendas entre particulares sin ánimo de lucro.

Los posibles requisitos a exigir probablamente estarán vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales y a la observancia de medidas de seguridad e higiene. Asimismo habrá que observar la aplicación de la normativa de consumidores y usuarios en estas relaciones entre particulares.

Veamos cómo se avanza en esta modificación de la normativa y qué tipo de requerimientos se exigen a los particulares, considerando el riesgo de que se establezcan obligaciones que conviertan la oferta de estos servicios de alojamiento P2P en una actividad antieconómica. Igualmente, habrá que ver si el contexto político actual puede permitir un trámite legislativo de estas características cuando un escenario posible son las elecciones anticipadas.

En cualquier caso, esta noticia supone un paso adelante en el acercamiento de los poderes públicos a las actividades P2P de la economía colaborativa replanteando, acertadamente, el escenario sancionador y prohibicionista que teníamos el pasado julio en Cataluña. Según Felip Puig “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“, un gran eslogan.

¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las “smart cities”) y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.

Reportaje en 8TV sobre la economía colaborativa y su regulación: “Economía a l’antiga”

El pasado 22 de junio el programa Equip de Reporters de 8TV analizaba el modelo económico e implantación de diversas actividades de la economía colaborativa así como los retos normativos que conlleva frente a la regulación existente. En el reportaje participan Albert Cañigueral, responsable de ConsumoColaborativo.com y conector de OuiShare en español, Jeroen Merchiers, Director General de Airbnb España/Portugal, Laura Martínez, cofundadora de Knok, Andrea Ruani de Eatwith, diversos usuarios de plataformas colaborativas y yo mismo.

Particularmente en mi intervención hablo de la importancia de avanzar en legislaciones que den cabida a estas actividades en contra de la opinión de que se restrinjan, todo ello considerando experiencias pasadas en la regulación de nuevos negocios digitales y teniendo en cuenta la tipología de servicios que los particulares realizan, dada su diferenciación de una actividad y estructura empresarial regular. Asimismo, Albert Cañigueral incide en un aspecto clave como es el papel de la autorregulación en estas plataformas, al ser un complemento de gran eficiencia gracias al sistema de reputación y de confianza que estas incorporan, en el que los usuarios opinan y verifican la calidad del servicio.

 

Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

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Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.