Etiquetado: Cataluña

Un poco de luz sobre el conflicto en la CNMC

Durante las últimas semanas casi diariamente se han publicado artículos sobre un conflicto interno en sede de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”). Sin conocer obviamente el detalle de todos los elementos del asunto, sí que parece que el trabajo realizado desde la Dirección de Promoción de la Competencia a propósito de la economía colaborativa ha causado divisiones internas en el consejo de este organismo.

Resulta sorprendente que entre la ingente cantidad de artículos, algunos simple y llanamente dados al amarillismo, no se haya contextualizado el porqué del trabajo de la CNMC sobre este nuevo modelo productivo.

¿RARA AVIS?

La CNMC es una de las diversas autoridades de la competencia que se ha involucrado en el estudio de la economía colaborativa y la promoción de aquellos aspectos que impliquen una mejora del mercado. En nuestro país, la Autoritat Catalana de la Competencia emitió en el año 2014 un informe con una posición más aperturista incluso que las conclusiones de la CNMC. A dicho informe le han acompañado posteriormente dictámenes sobre normas concretas relacionadas con modelos colaborativos, por ejemplo sobre el Proyecto de decreto de reglamento de turismo de Cataluña, así como la publicación en próximas fechas de un nuevo estudio relacionado. Igualmente el regulador de la competencia andaluz y la Cátedra de la Competencia de la Universidad de Sevilla han planteado tesis similares sobre el tema.

En Italia el equivalente a la CNMC, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha sido una parte implicada en el estudio de estos modelos ayudando a que desde el ejecutivo italiano se esté avanzando en el impulso de una primera norma europea reguladora de servicios colaborativos. Particularmente dicho organismo tendrá un rol activo de compliance expresamente fijado en dicha norma.

En UK es conocida la posición del Gobierno de Cameron sobre la economía colaborativa, la que se ha establecido como una prioridad para el país y para la que se ha planteado reformar parte del cuerpo legislativo inglés que puedan restringir su dinamización.

La Federal Trade Commission de Estados Unidos ha liderado trabajos y workshops con expertos de todo el mundo incidiendo en la oportunidad e innovación regulatoria asociadas de las actividades p2p.

Diversas DGs de la Comisión Europea se han convertido en activistas en defensa del mercado interno europeo y en la necesidad de abrir servicios para favorecer la competitividad de la economía colaborativa. En junio se publicará una guía interpretativa de la normativa comunitaria para su correcta aplicación a actividades colaborativas.

CONSUMIDORES

La defensa de la competencia esta intrínsecamente ligada a la defensa de los consumidores, ya que un mercado eficiente y competitivo revierte directamente en la protección y mejora de los derechos de los primeros. Por ello, las organizaciones de consumidores más relevantes del país han emitido informes y recomendaciones sobre la economía colaborativa y sus ventajas asociadas, analizando, como la CNMC, las barreras de entrada regulatorias y la necesaria adaptabilidad de la legislación a este contexto. OCU, Facua o ADICAE ven la economía colaborativa como un modelo que reduce la desinformación que en ocasiones los consumidores tienen en la adquisición de bienes y servicios.

Con planteamientos similares encontramos el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI”, publicado en enero de 2014.

LIBERALIZACIÓN

El mayor “hit” de este blog es el post en el que se analizan los últimos intentos de liberalización del transporte discrecional de pasajeros en España, con especial atención al sector del taxi. Post que describe cómo se han buscado mejorar el mercado del taxi y de alquiler de vehículos con conductor en las dos últimas legislaturas en España. Por un lado, el PSOE con su conocida “Ley Ómnibus” del año 2009 y porteriormente el PP con su reforma de la LOTT en 2012, intentos de reforma dirigidos a potenciar el modelo de licencias VTC, en consonancia con países de nuestro entorno, y fundamentados en la necesidad de transponer en España la Directiva 2006/123/CE (conocida como “Directiva Bolkestein”). Ambos casos, que resultaron insuficientes, entre otros motivos, por la reacción de los taxistas, deberían considerarse como precedentes instados por gobiernos de diferente color político para lograr una apertura del sector de transporte español, lo que muestra la no novedad de las recomendaciones y posicionamiento de la CNMC. Es igualmente importante recordar que la UE haya venido denunciando que, a nivel general, España debería incrementar la competencia y liberalización de sus mercados.

El Departamento de Promoción de Competencia ha lanzado recientemente una consulta pública para conocer y confrontar la opinión de las partes interesadas sobre las conclusiones preliminares de su informe sobre la economía colaborativa, se prevé que en abril se conozcan sus resultados. Veamos que apoyos y críticas han trasladado sus participantes y cómo estas pueden ayudar a resolver los problemas existentes.

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Regulación 2.0: El poder regulatorio de los datos.

Este 16 de julio se han celebrado en la sede de la CNMC en Barcelona las Jornadas Nacionales de la Defensa de la Competencia, evento que ha tenido un capítulo especial sobre la economía colaborativa y su impacto en la política de competencia.

Con una introducción inicial de Joaquín Almunia, ex-Comisario de Competencia de la Comisión Europea, se ha iniciado una mesa con diversos expertos y miembros de la CNMC, Generalitat de Cataluña y Autoritat de la Competencia de Cataluña para dialogar sobre como puede ser la aproximación política y regulatoria en este ámbito así como de su incidencia social y económica en modelos pre-existentes.

En mi caso, he analizado un posible replanteamiento de la actividad regulatoria y legislativa a la vista de la operativa de las plataformas y usuarios en plataformas P2P y, en general, de todos la economía digital donde existe una clara reducción de la información asimétrica en la contratación de bienes y servicios facilitada por las herramientas de Internet y el valor de la información generada. Lo que podría denominarse una regulación 2.0. o modelo regulatorio Internet podría significar el transicionar de un modelo en el que para realizar determinadas actividades empresariales la Administración otorga autorizaciones o licencias para controlar los fallos de mercado y la desinformación del consumidor, a un modelo en que la Administración accede en tiempo real a la actividad y datos de las plataformas para un control apropiado. Posicionamiento público que actualmente ya se aplica en algunos sectores, como el juego digital, y que se completaría con adecuados sistemas de reputación de usuarios.

Aunque lo anterior exige un análisis más profundo y crítico, es de especial interés la exposición en TEDxNewYork de Albert Wenger, Director de Union Square Ventures, denominada: “How smart policy will advance tech“.

Del poder económico de los datos para las empresas digitales al poder regulatorio de los datos para el sector público.

Cataluña y la Economía Colaborativa

Desde el ámbito público catalán se están llevando a cabo procesos de análisis de la economía colaborativa (EC) con el interés de identificar las medidas más adecuadas para la incorporación de estas actividades al marco jurídico así como mecanismos para aprovechar sus oportunidades.

El pasado 21 de abril se realizó la primera sesión de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa en sede del Parlament de Cataluña. Sesión en la que participé como ponente junto con Albert Cañigueral, experto de referencia en España y Latam en la EC, y Pere Rusiñol, Director de Alternativas Económicas. Ponencias en las que contextualizamos esta tendencia y compartimos ideas sobre regulación y políticas públicas relacionadas.

Los grupos parlamentarios mostraron en mi opinión un notable interés en este modelo económico identificando algunas cuestiones clave, entre otras; la fiscalidad, el papel de la Unión Europea o la oportunidad de crear sistemas de compensación a sectores económicos pre-existentes en los que tenga especial impacto la EC. Igualmente se puso de manifiesto la necesidad de buscar nuevas formulas de regulación más eficaces y dinámicas, ya que hablar de trámites legislativos que desde una fase inicial a la entrada en vigor de una norma puedan llegar, por ejemplo, a dos años de trabajo pueden resultar infructuosos.

En este enlace se pueden ver las diversas intervenciones. Asimismo, esta es la ppt que presenté:

Junto con el Parlament, esta misma semana el Diari Ara publicaba un artículo sobre el trabajo que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña para regular y dinamizar la EC. Según se informaba en Ara, se busca fortalecer la figura del “peer” o micro-productor así como revisar determinada normativa sectorial que pueda estar impidiendo un encaje adecuado y competitivo de determinadas actividades, en particular la legislación de transporte y de turismo. Un planteamiento normativo basado en una ley general y transversal de toda la economía colaborativa no sería realista considerándose que, si fuera necesario, debería realizarse desde la Unión Europa.

En el caso del fortalecimiento de la figura del “peer” se intentará encontrar una mejora del marco fiscal y de seguridad social aplicable, aún cuando dicha normativa también está vinculada a competencias del Estado. A estas líneas de actuación se quiere sumar la promoción de sistemas de autorregulación a través de códigos de conducta validados con las plataformas P2P y el impulso de un Consejo Asesor en el que parece que podrían estar representados agentes públicos y privados.

El trabajo que se está realizando desde la Generalitat prevé materializarse en un acuerdo de Gobierno este mes de mayo, lo que dará lugar a una nueva fase de trabajo legislativo que resultará de gran interés. Todo ello es continuación del anuncio que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó en octubre de 2014 sobre una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, declaración que acompaño con la frase “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“.

Interesante es saber qué próximos pasos dará el Gobierno de España en este ámbito.

Economía colaborativa en el Parlament de Cataluña

El diputado por el Partido Popular en el Parlament de Cataluña, Santi Rodríguez, intervino el pasado 16 de octubre en una sesión parlamentaria para hablar de la economía colaborativa y las actividades P2P. En su intervención mencionó diversos ejemplos de esta actividad así como los beneficios y necesidades que supone. Un planteamiento interesante y constructivo que incide en la idea de regular estas actividades para que se integren con garantías en el marco jurídico existente, ayudando al desarrollo económico y al impulso de la competitividad del país.

Además en su blog NoNomésLletres el diputado habla igualmente de este tema y de la Comisión de Estudio que se pretende crear en el Parlament para analizar la economía colaboratiiva siguiendo una propuesta de ERC.

A esta posición se suma el anuncio del Conseller, Felip Puig, el pasado 14 de octubre sobre la intención de la Generalitat de regular la economía colaborativa. Veamos como avanzan todas estas iniciativas considerando un potencial adelanto electoral.

Cataluña avanza en la autorización de alojamientos turísticos P2P

El Periódico de Cataluña publica un artículo sobre las declaraciones que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó ayer anunciando una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

El Conseller abre la puerta a autorizar, en base a una serie de requisitios, a aquellos alojamientos entre particulares en los que los anfitriones obtengan un lucro, incluyendo, por ejemplo, la posibilidad de permitir ofertar una habitación y no toda una vivienda como alojamiento turístico, tipología de servicio que actualmente no se permite en Cataluña. Puig también indicó que esta modificación normativa no entrará a regular el intercambio temporal de viviendas entre particulares sin ánimo de lucro.

Los posibles requisitos a exigir probablamente estarán vinculados al cumplimiento de obligaciones fiscales y a la observancia de medidas de seguridad e higiene. Asimismo habrá que observar la aplicación de la normativa de consumidores y usuarios en estas relaciones entre particulares.

Veamos cómo se avanza en esta modificación de la normativa y qué tipo de requerimientos se exigen a los particulares, considerando el riesgo de que se establezcan obligaciones que conviertan la oferta de estos servicios de alojamiento P2P en una actividad antieconómica. Igualmente, habrá que ver si el contexto político actual puede permitir un trámite legislativo de estas características cuando un escenario posible son las elecciones anticipadas.

En cualquier caso, esta noticia supone un paso adelante en el acercamiento de los poderes públicos a las actividades P2P de la economía colaborativa replanteando, acertadamente, el escenario sancionador y prohibicionista que teníamos el pasado julio en Cataluña. Según Felip Puig “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“, un gran eslogan.

Estudio de la Autoritat Catalana de la Competència: Transacciones entre iguales (P2P) y competencia

 

El acercamiento de las autoridades públicas españolas al ámbito de la economía colaborativa sigue incrementándose, recientemente la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha emitido un estudio sobre estas actividades centrándose en los conceptos de markeplace y P2P.

El documento es un completo análisis que, en línea con las recomendaciones publicadas este mes por la CNMC, concluye en los aspectos positivos que suponen las transacciones realizadas entre iguales (P2P) a efectos de competencia y consumidores.

En los mercados o sectores económicos donde incida esta innovación, al ser probable que se experimente un aumento de los oferentes, se producirá un incremento de la competencia con los beneficios tradicionalmente asociados a ésta: más cantidad y variedad de oferta, mejores precios y/o condiciones comerciales, innovación, etc“.

El estudio abarca el análisis de estos servicios desde diversos enfoques económicos, regulatorios, reputacionales, los retos asociados… para concluir que, desde la posición de los poderes públicos, se debería trabajar en hacer posible que servicios como los facilitados por estos marketplaces puedan operar y avance en mercados más flexibles con menos restricciones a la competencia.

¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las “smart cities”) y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.