Etiquetado: Consumo colaborativo

Case-By-Case: Sobre las Recomendaciones de la Comisión Europea

La pasada semana la Comisión Europea publicaba sus recomendaciones a los Estados miembros dirigidas a orientar y a ayudar a aplicar la normativa comunitaria a los servicios que se encajan dentro de la economía colaborativa (“EC”).

Es llamativo el interés que ha suscitado tal trabajo de la Comisión y el modo en que la regulación está monopolizando el debate público sobre este fenómeno. Ámbito, el jurídico, que, aunque resulte lógico, no deja de ser en cierto modo preocupante al dejar en segundo plano cuestiones ligadas a la economía colaborativa como sus beneficios sociales y ambientales o, a modo general, la innovación que conlleva.

Las recomendaciones u orientaciones han sido percibidas como ambiguas por algunos expertos echándose a faltar un análisis de aspectos como el impacto social de la EC o el riesgo de consolidación de monopolios digitales que podría suponer.

En cualquier caso la iniciativa de la CE resulta necesaria y ayuda a avanzar en la normalización del modelo, estableciendo algunos criterios que serán de utilidad en países como España donde las fricciones regulatorias son un reto para muchas plataformas y usuarios.

Sin querer hacer una descripción detallada del trabajo de la CE, especialmente cuando se han publicado un Fact Sheet y unas FAQ de gran utilidad, me centraré en valorar lo dicho a efectos de responsabilidad de las plataformas y la diferenciación de dos modelos de empresas digitales relacionados con esa tipología de entidad digital.

Como se detalla en Consumocolaborativo.com, la CE ha hecho una diferenciación de las plataformas que funcionan como, por un lado, un intermediario digital, y por otro, como un proveedor de servicios. El hecho de que una empresa caiga en una denominación u otra es la gran cuestión que las empresas colaborativas (o las que pretenden serlo) vienen planteándose desde hace tiempo. ¿La razón?, ser un intermedio digital, esto es un prestador de servicios de la sociedad de la información, te sitúa en el régimen de aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico que en España se rige por lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de Información y Comercio Electrónico (“LSSI”), y por tanto supone en una primera instancia el quedar excluido de la responsabilidad de los servicios y bienes que transaccionan entre si los usuarios de una plataforma.

Esa exclusión de responsabilidad resulta fundamental en determinados casos, ya que en ocasiones el no estar exento te puede suponer caer dentro de una regulación sectorial (ej. régimen de licencias de la Ley de Ordenación de Transporte Terrestre) o bien que se pueda entender que los usuarios que prestan servicios a través de la plataforma puedan tener una relación de dependencia con esta de carácter laboral.

En este sentido la CE apunta varios elementos que suponen una verticalización del servicio y por tanto el responder a nivel de responsabilidad y regulación por este, es decir, ser un proveedor de servicios que opera en un marco sectorial como puede ser el de alojamientos, turismo o finanzas., por lo que estaríamos hablando de:

  1. La plataforma fija el precio de manera obligatoria.
  2. La plataforma fija otras condiciones contractuales clave, tales como instrucciones obligatorias sobre cómo el servicio debe efectuarse (incluida la obligación de prestar el servicio).
  3. La plataforma posee los activos clave que se utilizan para proporcionar el servicio.

La conjunción de dichos elementos da a entender, según la CE, que la plataforma será un proveedor de servicios. No obstante, dicho organismo, utiliza regularmente en su explicación la expresión case-by-case, lo que abre la puerta a una interpretación del modelo de negocio de cada plataforma para no dar por hecho que aquellas que tengan una mayor implicación en su oferta y demanda tengan que estar automáticamente en esa categoría. Por ejemplo la CE remarca que el hecho de facilitar una pasarela de pagos o un sistema eficiente de evaluaciones y ratings -reputación- no significa ser un proveedor de servicios.

Es importante el matiz de la CE en no establecer un criterio riguroso sobre lo que es un proveedor, ya que caer dentro de la definición de intermediario digital y, por tanto, del régimen de la LSSI como prestador de servicios de la sociedad de la información tiene una notable importancia para muchas empresas, especialmente aquellas start-ups colaborativas que no puedan asumir el operar como una empresa dentro de un sector regulado por los costes y barreras de entrada que lleva consigo, ese es el anverso negativo de la expresión “level de playing field” para equiparar a nuevas empresas con incumbentes, ya que muchas start-ups digitales por su naturaleza, no pueden ser equiparadas sin matices a una empresa con una estructura consolidada.

Volviendo a la expresión case-by-case, aunque tenga una función que puede ser útil para evitar una sobre-regulación de determinados servicios, ilustra igualmente que seguimos en un escenario caracterizado por la inseguridad jurídica para algunas empresas y usuarios del entorno colaborativo, algo que de momento va a seguir siendo el estatus habitual de este tipo de actividades.

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¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las “smart cities”) y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.

Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

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Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.