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¿Qué se consigue prohibiendo servicios digitales como los que ofrece Airbnb?

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El País y diversos medios publican hoy la noticia relativa a la sanción administrativa que la Generalitat de Cataluña ha impuesto a Airbnb con el apercibimiento de que se eliminen de la plataforma todos aquellos anuncios de inmuebles que carezcan de la oportuna licencia de alojamiento turístico. Destacándose, asimismo, la actividad inspectora realizada a particulares en Barcelona y la posibilidad de que el Govern proceda a bloquear el acceso a la plataforma de Airbnb en caso de que sigan anunciándose por terceros viviendas particulares que no tengan licencia.

La citada sanción es consecuencia de un expediente administrativo abierto a varias empresas hace alrededor de un año por el Departament de Empresa y Ocupación. Expediente que era objeto de análisis en el programa Valor Afegit hace unas semanas donde se entrevistaba a Marian Muro, Directora General de Turismo del mismo Departament de la Generalitat, quien subrayaba que el Govern no comparte las nuevas tipologías de servicios basadas en modelos colaborativos y que no existe interés alguno en regularlos.

Hace aproximadamente un año se aprobó la Ley 4/2013, de 4 de Junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, texto que excluía del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) la regulación de los apartamentos turísticos, los que pasaban a ser competencia de las Comunidades Autónomas. Cambio normativo que fue percibido como un movimiento de influencia por parte de la industria hotelera. Particularmente, Cataluña había sido la primera Comunidad en regular actividades vinculadas a esta clase de alojamientos turísticos a través del Decret 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico.

Sin entrar a analizar en detalle la normativa, una cuestión clave es determinar si la definición de apartamento turístico prevista en el mencionado Decreto de aplicación en Cataluña se puede equiparar con una tipología de servicio colaborativo P2P como el alquiler turístico de primeras viviendas entre particulares o bien, es necesario regular de forma separada esta última. A pesar de las diferencias existentes entre ambos servicios, parece ser que, tras diversos trámites regulatorios y administrativos, la Generalitat entiende que ambas actividades son equiparables, por lo que con el escenario actual Cataluña se convierte en la primera región europea en sancionar esta actividad entre particulares. Todo un hito cuyas consecuencias deberían ser valoradas teniendo en cuenta los aspectos siguientes:

  1. Supone un fracaso de los poderes públicos en generar un diálogo constructivo con todos los actores implicados en estas actividades, tanto Administración, sector hotelero, plataformas, asociaciones de vecinos como particulares, para lograr un marco operativo que sea lo más beneficioso al interés general. En este caso se ha optado directamente por la prohibición y sanción.
  2. Supone alejar a Barcelona, y por extensión a Cataluña, de la innovación, de políticas sobre emprendeduría y, en especial, del ámbito de la economía colaborativa y de sus beneficios relativos a la eficiencia, impacto socioeconómico y sostenibilidad que a ella se vinculan. Con el añadido de que es una ciudad y un territorio donde la innovación, la incorporación de las nuevas tecnologías (de esto también van las «smart cities») y el cooperativismo son percibidos como elementos característicos de su estilo de vida.
  3. Supone no observar la baja efectividad de los antecedentes habidos sobre prohibición de nuevas actividades vinculadas a las tecnologías de la información y los efectos negativos que ello ha supuesto. Estamos hablando de consecuencias como la generación de mercados negros y de actores que operan fuera del país con menores niveles de garantías y seguridad para los usuarios así como una menor capacidad de recaudación fiscal. Erroneo es creer que bloqueando direcciones IP se puede resolver la aparición de terceras entidades que operan desde otros países.
  4. Supone incidir negativamente en la imagen internacional de Barcelona por la limitación de la libertad de los ciudadanos en el uso de Internet y en el aprovechamiento de sus bienes. No hay más que ver cual es el fondo de los debates en el mundo digital sobre libre acceso, neutralidad, libertad de servicios…
  5. Supone reducir la oferta y calidad de servicios turísticos en el territorio, considerando que cada vez más se demanda este tipo de alojamientos por particulares que buscan experiencias en sus viajes vinculadas a un mayor contacto con los residentes, modelo mucho más cercano a ideas sobre turismo responsable que sobre turismo low-cost. Todo ello sin obviar el peso específico que tiene el turismo en la economía catalana, ver el informe de impacto económico en Barcelona de Airbnb (estudio realizado igualmente en otras grandes ciudades).

 

airbnb estadistica 639x300 La multa de 30.000 euros de la Generalitat a Airbnb recrudece la batalla legal del consumo colaborativo

 

Como indicaba, la prohibición supone un fracaso que satisface principalmente a unos intereses concretos, sin embargo estamos en una primera fase de encaje e incorporación de modelos de actividad colaborativa potenciados por las tecnologías de la información que debido al relevante impacto que generan en la sociedad se irán abriendo paso.

Airbnb plantea soluciones para recaudar impuestos

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Tomar la iniciativa, esa parece ser la línea de actuación a seguir por Airbnb dando soluciones para encajar en la legalidad y operar con la mayor seguridad jurídica. Encaje que parece ya haber conseguido a nivel social si observamos los informes de impacto económico que generan los servicios de compartir viviendas en diversas ciudades, entre ellas Barcelona.

Ante el vacio legal y no cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de sus anfitriones, David Hantman, responsable de public policy de la compañía, acaba de anunciar que, si la normativa fiscal de la ciudad y Estado de Nueva York se clarifica y adapta al tipo de alquileres ofertados por sus usuarios, se contribuiría con unos ingresos fiscales de alrededor de 21 millones de dolares al año. Para ello Airbnb propone encargarse de recaudar las tasas aplicables a la actividad prestada por sus anfitriones cada vez que se realice una reserva en la plataforma por los huespedes, procediendo la propia empresa a su ingreso ante las autoridades tributarias competentes. Todo ello en línea con los programas piloto que la empresa está implementando en otras ciudades estadounidenses como Portland o San Francisco.

Esta propuesta tiene relevancia porque muestra una posible solución a uno de los principales problemas que afectan a la economía colaborativa, especialmente en el segmento de alquileres temporales de primera vivienda entre particulares, como es el cumplimiento de las obligaciones fiscales por la actividad económica que generan los peers. Sin embargo,observando el caso de NY,  cabe preguntarse sobre la necesidad de evaluar si el actual régimen fiscal, la tasa hotelera establecida en dicha ciudad es de un 14,75% sobre el precio de la reserva, podría aplicarse sin excepciones a la actividad que un particular, y no una empresa, realiza, o bien, avanzar en la definición de un concepto de servicio de alojamiento no previsto hasta el momento en la legislación de ese Estado.

Desde una perspectiva general de la economía colabotativa, y a pesar de ser una decisión singular dirigida al negocio de Airbnb en Nueva York, esta iniciativa apunta hacia un modelo regulatorio para actividades P2P que parece efectivo para este tipo de entornos digitales, como es; una combinación de la normativa aplicable, en la que necesariamente haya un marco regulatorio que tipifique estas actividades, y el establecimiento de acuerdos de autorregulación por las propias plataformas. Este planteamiento de regulación puede ayudar a superar las críticas de las industrias tradicionales y la desconfianza de los poderes públicos por el dificil control y trazabilidad de estos servicios. Son de especial interés los artículos de Javier Creus, La Economía Colaborativa tamién necesita sus leyes, y de Albert Cañigueral, 7 claves para la regulación del consumo colaborativo, así como el artículo del pasado marzo de Arun Sundararajan en su blog del New York Times, en los que se analizan soluciones para legislar de la forma más adecuada este movimiento.