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Cataluña y la Economía Colaborativa

Desde el ámbito público catalán se están llevando a cabo procesos de análisis de la economía colaborativa (EC) con el interés de identificar las medidas más adecuadas para la incorporación de estas actividades al marco jurídico así como mecanismos para aprovechar sus oportunidades.

El pasado 21 de abril se realizó la primera sesión de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Públiques en Matèria d’Economia Col·laborativa en sede del Parlament de Cataluña. Sesión en la que participé como ponente junto con Albert Cañigueral, experto de referencia en España y Latam en la EC, y Pere Rusiñol, Director de Alternativas Económicas. Ponencias en las que contextualizamos esta tendencia y compartimos ideas sobre regulación y políticas públicas relacionadas.

Los grupos parlamentarios mostraron en mi opinión un notable interés en este modelo económico identificando algunas cuestiones clave, entre otras; la fiscalidad, el papel de la Unión Europea o la oportunidad de crear sistemas de compensación a sectores económicos pre-existentes en los que tenga especial impacto la EC. Igualmente se puso de manifiesto la necesidad de buscar nuevas formulas de regulación más eficaces y dinámicas, ya que hablar de trámites legislativos que desde una fase inicial a la entrada en vigor de una norma puedan llegar, por ejemplo, a dos años de trabajo pueden resultar infructuosos.

En este enlace se pueden ver las diversas intervenciones. Asimismo, esta es la ppt que presenté:

Junto con el Parlament, esta misma semana el Diari Ara publicaba un artículo sobre el trabajo que pretende llevar a cabo la Generalitat de Cataluña para regular y dinamizar la EC. Según se informaba en Ara, se busca fortalecer la figura del “peer” o micro-productor así como revisar determinada normativa sectorial que pueda estar impidiendo un encaje adecuado y competitivo de determinadas actividades, en particular la legislación de transporte y de turismo. Un planteamiento normativo basado en una ley general y transversal de toda la economía colaborativa no sería realista considerándose que, si fuera necesario, debería realizarse desde la Unión Europa.

En el caso del fortalecimiento de la figura del “peer” se intentará encontrar una mejora del marco fiscal y de seguridad social aplicable, aún cuando dicha normativa también está vinculada a competencias del Estado. A estas líneas de actuación se quiere sumar la promoción de sistemas de autorregulación a través de códigos de conducta validados con las plataformas P2P y el impulso de un Consejo Asesor en el que parece que podrían estar representados agentes públicos y privados.

El trabajo que se está realizando desde la Generalitat prevé materializarse en un acuerdo de Gobierno este mes de mayo, lo que dará lugar a una nueva fase de trabajo legislativo que resultará de gran interés. Todo ello es continuación del anuncio que el Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, realizó en octubre de 2014 sobre una revisión de la normativa de alojamientos turísticos en Cataluña, en particular del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, declaración que acompaño con la frase “L’economia col·laborativa ha vingut per quedar-se“.

Interesante es saber qué próximos pasos dará el Gobierno de España en este ámbito.

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5 aspectos legales relevantes en plataformas P2P

Cada modelo de actividad de plataformas P2P y marketplaces debe ser analizado desde muy diferentes ámbitos, los servicios de transporte, alojamientos, comercio electrónico o la restauración tienen legislaciones sectoriales específicas que lógicamente poco tienen que ver entre ellas. Sin embargo, dando asesoramiento a diversas start-ups que están desarrollando este tipo de plataformas, he identificado una serie de elementos comunes que con mayor o menor nivel de complejidad exigen ser bien definidos en los términos y condiciones de Apps y sitios Web de las empresas. En este post describo algunos:

Régimen de responsabilidad de la plataforma: Un aspecto en el que se incide especialmente es en reforzar el posicionamiento de la plataforma como no responsable de la actividad que sus usuarios realizan entre si dentro de dicha plataforma. Para ello se tiende a definir la posición de la empresa del modo siguiente:

“Es una plataforma tecnológica que de conformidad con Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico opera como prestador de servicios de la sociedad de la información.”

Entrar en la definición anterior precisamente refuerza esa idea de mero prestador de servicios (“portal informativo”) donde no se responde de la actividad de los peers a no ser que se haya informado previamente a la plataforma de una mala práctica conforme a los Términos y Condiciones de la empresa o una conducta ilícita.

No obstante pretender entrar por defecto en esa definición no es tan sencillo, especialmente cuando la plataforma tiene un mayor grado de dirección de la actividad. Igualmente la legislación, dependiendo del sector económico en el que opere la plataforma, también define a veces la figura de los intermediarios que pueden estar sometidos a un sistema de autorización previa o licencias que podrían ser exigidos a estas empresas.

Transacciones: La operativa de pagos de la plataforma puede ser también un tema complejo en el que esta deba asumir un mayor número de obligaciones en caso de que opere como pasarela de pagos. Para ello es importante prever un sistema de pagos adecuado para coordinar las transacciones donde se debe considerar por una parte, un proceso de devoluciones en el que la empresa no deba asumir cargos extra y por otra parte, observar la fiscalidad aplicable a los servicios objeto de transacción. Esto último es referido a las comisiones que obtiene la plataforma y a las obligaciones fiscales relativas a las transacciones entre peers, las que, en principio, son ajenas a la empresa que intermedia pero que, en mi opinión, es positivo el que se facilite información sobre la forma de cumplir con esa tributación. Un sistema interesante para simpificar lo anterior es usar proveedores B2B como Mango Pay para gestionar todos los pagos dentro de la plataforma que permiten que esta última reciba como único pago las comisiones que le corresponden.

– Relaciones jurídico-laborales: Otro aspecto relacionado con el régimen de responsabilidad antes descrito es el interés de desvincular la posición del intermediario respecto a la dirección de las tareas que desempeñen los usuarios. El determinar, fiscalizar y limitar en exceso la forma en que un usuario puede operar en la plataforma, por ejemplo determinando precios o servicios mínimos a prestar, así como la recurrencia con la que este opere puede aumentar los fundamentos para entender que existe una potencial vinculación laboral y no meramente mercantil. Este, precisamente, es un elemento capital para las plataformas que facilitan la oferta de servicios por particulares o profesionales a terceros interesados.

– Sistema de resolución de controversias: Aunque no obligado, la posición de la plataforma le permite poder mediar en aquellos problemas surgidos en la actividad entre peers y así incrementar la calidad del servicio. Por ello es habitual poder diseñar un procedimiento opcional para los usuarios a fin de que la plataforma ayude a proponer una solución a un conflicto. Dicho sistema se describe normalmente subrayando a los usuarios que, por un lado, es accesorio a sistemas ordinarios de resolución de controversias (sistemas de arbitraje de consumo o procedimientos ante tribunales) y, por otro, que la propuesta de solución de la plataforma a los usuarios es opcional para las partes y no vinculate.

– Protección de datos: Los temas de privacidad son recurrentes en cualquier negocio online sin embargo en el ámbito colaborativo/P2P se hace necesario también un acceso a los datos de usuarios por otros usuarios para que los servicios y/o transacciones se completen adecuadamente. Aunque se trata de un acceso por terceros necesario para lograr completar la finalidad por la que la plataforma recabo los datos personales del usuario, es importante regularlo en las políticas de privacidad de esta.

Junto con los anteriores existen otros aspectos relevantes que suelen ser objeto de análisis, por ejemplo; el encaje de la legislación de consumidores o si es posible el uso de sistemas como “Confianza Online“, el que las empresas se planteen contratar pólizas de seguro para reforzar la calidad y confianza de su mercado, el buscar una jurisdicción competitiva desde la que operar alternativa a la española o el diseño de una adecuada política de cancelaciones, especialmente en el ámbito de alquiler de espacios o intercambio de alojamientos.